Puigdemont acusa al juez de incumplir el Derecho de la UE al instruir por terrorismo Tsunami Democràtic

La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont y del jefe de su oficina en Bruselas, Josep Lluís Alay, ha presentado un nuevo escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que acusa al juez Manuel García-Castellón de incumplir el Derecho de la Unión Europea si realmente lleva más de cuatro años investigando Tsunami Democràtic por terrorismo e incluye en el procedimiento el fallecimiento de una persona durante el bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat sin haber garantizado a su familia los derechos que le asistirían como víctima del terrorismo.

El juez busca llevar a Europa la amnistía de Puigdemont por Tsunami Democràtic y el expresident alega 'lawfare'

El escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se suma al presentado este martes en el que Alay solicitaba tener acceso al procedimiento que calificaba un ejemplo de 'lawfare' (persecución judicial contra enemigos políticos) contra independentistas catalanes y "sus abogados", en referencia al propio Gonzalo Boye, al que se acusa de un delito de blanqueo de capitales por supuestamente haber ayudado a otro de sus clientes, José Ramón Prado Bugallo, alias 'Sito Miñanco', a recuperar un dinero que se presume procedente del narcotráfico.

Este miércoles la representación de la mano derecha de Puigdemont (el expresident no está formalmente imputado al solo poder hacerlo el Tribunal Supremo, dado que es europarlamentario) ha solicitado que se le remitan las diligencias practicadas en relación con la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo de 2017 que el propio juez García-Castellón citaba en su auto de imputación, en lo que se ha interpretado como una forma para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pueda plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea con el fin de tratar de frenar la ley de amnistía que salga de las negociaciones mantenidas entre PSOE, ERC y Junts.

Cardiopatía

Según la defensa, el magistrado no ha cumplido con lo establecido en el Derecho de la Unión, especialmente en el caso de la persona que falleció durante el bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat por manifestantes que protestaban contra la sentencia del 'procés', porque si su muerte puede ser atribuible a un delito de terrorismo deberían haber comunicado a sus familiares los derechos que les asisten como víctimas del terrorismo, según lo previsto en la propia directiva europea que el juez cita en la resolución en la que imputa a 10 personas por su responsabilidad en Tsunami y da la oportunidad de declarar voluntariamente en esa condición a los dos aforados: el expresident y el diputado de ERC Rubén Wagensberg.

¿Quiénes son las 9 personas que la Guardia Civil vincula con Tsunami Democràtic?

El escrito hace hincapié en que "después de más de cuatro años de investigación", pese a lo establecido en la directiva, no ha sido hasta ahora cuando se han dado pasos para garantizar "los derechos de esa familia a la que ahora, según los medios de comunicación, se presenta como víctima de una supuesta 'muerte' de etiología terrorista". A continuación añade: "Desconocemos desde cuándo el Código Penal" o la propia directiva "conceptúan como de etiología terrorista una fatal cardiopatía".

El escrito pide "que se proceda, con carácter de urgencia, a cumplimentar dicha obligación mediante los instrumentos de cooperación jurídica establecidos entre estados miembros y que se ponga en conocimiento inmediato de las autoridades del estado miembro de nacionalidad del fallecido (Francia) la grave situación de incumplimiento en que habría incurrido este Juzgado", así como "que se recabe de dichas autoridades toda la documentación que tengan respecto a si por parte de dicho Estado se activó algún mecanismo para considerar al fallecido como víctima del terrorismo" o "si se aplicó alguna de las medidas previstas" en el convenio.

La amnistía pactada por PSOE y ERC acabaría con las acusaciones de terrorismo a los CDR y al Tsunami Democràtic

En su auto, García-Castellón pedía un informe a la Guardia Civil sobre el fallecimiento y que se localizara a sus familiares para hacerles un ofrecimiento de acciones con el fin de que puedan personarse en el procedimiento como acusación particular, posibilidad que también se ofrecía a los perjudicados y a un policía herido de una pedrada durante una de las protestas. Al exponer los hechos imputados, el magistrado cifra en alrededor de 300 las personas heridas en las distintas acciones protagonizadas por la plataforma. Se da la circunstancia de que el acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC excluía las causas de terrorismo en las que hubiera habido víctimas o heridos.