Los incumplimientos de los presupuestos de Aragonès ponen en riesgo la negociación de los de 2024

Quedan poco más de dos meses para terminar el año y al president Pere Aragonès se le acumulan las carpetas que prometió en materia presupuestaria antes de las doce campanadas. Aunque asegura haber puesto en marcha o finalizado el 96% de las medidas pactadas, sus dos socios económicos, PSC y los Comuns, discrepan del ritmo de ejecución y están ojo avizor para ver si se acaban cumpliendo medidas de calado político para valorar si están dispuestos a negociar las cuentas de 2024, que están a la espera de cómo se resuelven las negociaciones de la investidura. Por ahora, han mostrado predisposición, pero ambos advierten de que esa mano tendida está en riesgo si el Govern no se apresura en saldar deudas.

"Necesitamos indicios de que va a cumplir, de que sus compromisos con materias troncales son inapelables", alegan desde el PSC, y recuerdan que ninguno de los acuerdos sobre grandes infraestructuras se ha materializado todavía. "Los incumplimientos condicionan la confianza negociadora a futuro y, si no se avanza, tendremos que actuar en consecuencia", sostienen desde los Comuns, que tienen una posición antagónica a la de los socialistas respecto al aeropuerto de Barcelona, la B-40 entre Sabadell y Terrassa y el Hard Rock.

Un aviso a navegantes, el de los dos partidos de la oposición, que en la Generalitat relativizan porque, más allá de qué queda pendiente o qué se demora, tienen la baza de que, si sale adelante la investidura, Pedro Sánchez necesitará los votos de ERC en el Congreso. Una necesidad que los republicanos buscarán exprimir para que socialistas y Comuns se sienten a hablar de nuevos presupuestos, los que garantizarían a Aragonès agotar la legislatura. A continuación, las principales deudas de alto voltaje que tiene pendiente el president con Salvador Illa y Jéssica Albiach.

La comisión técnica sobre el aeropuerto y Rodalies

Crear una comisión técnica para acordar el "nuevo modelo" del aeropuerto de Barcelona fue el encaje de bolillos procedimental y lingüístico que hallaron ERC y PSC para no referirse directamente a la ampliación de la tercera pista, que los socialistas reivindican y que el Govern rechaza. Pero la comisión, que se acordó poner en marcha antes de finales de año, no se ha constituido aún y el debate continúa abierto y candente mientras Foment presiona con una nueva propuesta de alargar la pista pasando por encima de La Ricarda. El PSC hurgó esta semana de nuevo en que el calendario se agota, mientras que Aragonès mantiene que cumplirá y que el Govern explicará cuál es su apuesta para el Prat, que hasta ahora no ha desvelado. Para los Comuns, que rechazan de plano ampliar el aeropuerto, esta comisión no interfiere en su pacto con el Govern mientras no se traduzca en hechos.

El grupo de Illa admite que lo que se acordó sobre Rodalies en las cuentas está a expensas ahora de cómo se resuelve la negociación del traspaso que exige el Govern, cuestión peliaguda que dificulta el pacto de investidura porque la Generalitat reclama una transferencia con los recursos que se han dejado de invertir desde 2010 -más de 3.600 millones- y porque la Moncloa alega que no puede ceder las vías que conectan con otras autonomías o con Francia.

El convenio de la B-40 y el Hard Rock

La firma del convenio de la B-40 entre Sabadell y Terrassa debía haberse producido, según dejaron por escrito ERC y el PSC, antes del 31 de marzo, pero se ha ido demorando. Pese a que el pasado 7 de julio Govern y Generalitat firmaron un protocolo que establecía que la obra tendría un coste de 200 millones aproximadamente que provendrán de fondos presupuestarios, el convenio sobre una obra que los republicanos asumieron a regañadientes y con malestar territorial sigue sin llegar. No se han despejado dudas cruciales como si la vía será o no de alta capacidad -como piden los socialistas y rechaza el ejecutivo catalán-, es decir, que no se ha determinado cuántos carriles tendrá finalmente. "Detectamos falta de voluntad", lamenta el grupo liderado por Illa. Este fin de semana, plataformas contrarias a la conocida como Ronda Nord y el cuarto cinturón, han convocado nuevas protestas.

Tampoco se ha cumplido que el plan director urbanístico del macrocomplejo Hard Rock de Salou y Vilaseca estuviera aprobado durante el primer semestre del año. Una cuestión que, según los socialistas, depende ya solo del Govern porque el informe medioambiental y de seguridad industrial que esperaban ya los tienen encima de la mesa.

El impuesto de los cruceros y los ultraprocesados

Con los Comuns, el Govern se comprometió a ultimar el impuesto a las emisiones portuarias de grandes embarcaciones y a impulsar uno sobre los alimentos ultraprocesados, dos tributos ante los que los socialistas fruncen el ceño. Por lo que respecta al primero, el ejecutivo de Aragonès ya ha presentado cómo será el gravamen, que reconoce menos ambicioso de lo inicialmente planteado y que supondrá una media de unos 1.440 euros por cada crucero que atraque en Barcelona, 3.000 euros para los petroleros y menos de 500 para los buques portacontenedores. La previsión de la conselleria de Acció Climàtica es recaudar, en total, 7,5 millones al año, pero En Comú Podem lamenta que no entrará en vigor el 1 de enero de 2024. Y, en el caso del impuesto a los ultraprocesados, no se ha iniciado la fase previa de trabajo en el sí del Govern.

La T-16 gratis para todos y el dentista público

Los Comuns sostienen que la gratuidad de la T-Mobilitat para menores de 16 años tenía que aplicarse en toda Catalunya, pero señalan que el Govern ha hecho una "lectura restrictiva" del acuerdo y solo afecta al área metropolitana y no a todo el territorio. Tampoco se ha impulsado el dentista público, una de las propuestas que consideran buque insignia de su proyecto -con Barcelona como referencia-, y aseguran que aún se está lejos de garantizar una visita médica en menos de cinco días en los centros de atención primaria. La ley de barrios verdes, apuntan, es otra de las asignaturas pendientes.

Los cambios en política de vivienda y energía

El PSC y los Comuns coinciden en que, una cosa es que se ejecuten las partidas presupuestadas y la otra es que se cumpla con acuerdos que consideran estratégicos. Critican que el Govern funciona "arrastrando los pies" y por "inercia". Ambos partidos han alzado la voz contra el ritmo de despliegue de las renovables, pero los Comuns señalan especialmente incumplimientos en materia de vivienda. No se ha aprobado, lamentan, las modificaciones legales acordadas para ampliar el derecho a tanteo y retracto, la unificación de los criterios de las mesas de emergencia o el registro de grandes propietarios, y cuestionan que se alcance la cifra de 500 nuevas viviendas de alquiler social. "La gestión del Govern es de trámite. En lo que implica cambio de gestión y estrategia política, no cumple. Esto no va solo de poner más dinero", advierten los Comuns. "Que no cumplan con los grandes acuerdos en infraestructuras debilita la negociación de las cuentas de 2024", concluyen desde el PSC.

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