La presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, durante el debate de política general

La presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, durante el debate de política general / Jordi Borràs / ACN

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Sara González
Sara González

Periodista

Especialista en Política

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Más allá de las propuestas de resolución sobre la amnistía y el conflicto político, los grupos de la oposición aprovecharán el debate de política general para apretar las tuercas al 'president' Pere Aragonès en materias como educación y salud. Así lo tienen previsto los Comuns, que llevarán a votación un texto para lograr que antes de que acabe este año el Govern garantice que los ciudadanos que necesiten ser visitados por su Centro de Atención Primaria (CAP) tengan cita en un plazo máximo de cinco días.

Según la propuesta, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, eso implica el compromiso de dotar a los centros de recursos humanos y materiales suficientes para que eso sea posible, así como recuperar los horarios de atención presencial que había antes de la pandemia. Durante su intervención del martes, una de los anuncios estrella que hizo Aragonès son los cursos de catalán de 100 horas para los nuevos profesionales sanitarios.

Psicólogo gratuito y sin cita previa

En Comú Podem reclama también un plan de choque para hacer frente a los problemas de la salud mental específicamente en la infancia y la adolescencia incluyendo que los menores de 22 años puedan ser atendidos de forma gratuita y sin cita previa por un psicólogo en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Además, plantearán aumentar la ratio de psicólgos en la sanidad pública para que haya 18 por cada 100.000 habitantes, como se marca a nivel europeo.

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En esta carpeta incluyen un incremento de 3 millones de euros para el plan de prevención del suicidio 2021-2025 y crear un teléfono específico a nivel catalán que esté coordinado con el 061. También que antes de finalizar este 2023 se garantice que cada centro escolar cuenta con una enfermera.

Una vez más, plantean que los profesionales sanitarios tengan garantizados un puesto de trabajo estable y de calidad, así como una igualdad salarial entre los trabajadores del sistema público y de los que dependen del Institut Català de Salut (ICS), así com la equiparación progresiva de las condiciones laborales del personal de transporte sanitario y los del SEM antes de licitar el próximo concurso de este servicio.