Gobierno y Generalitat firman el protocolo para la B-40 y la transferencia de 914 millones para infraestructuras

Una firma telemática, sin fotos ni pompa, con discrepancias aún irresueltas y a merced de lo que pase tras las elecciones del 23 de julio. El Gobierno y la Generalitat han rubricado finalmente este viernes el protocolo de la B-40 entre Sabadell y Terrassa que deriva del pacto entre el PSC y ERC para aprobar los presupuestos de la Generalitat y el protocolo para transferir los 914 millones en infraestructuras que los republicanos arrancaron al PSOE a cambio de su 'sí' en las cuentas estatales. Todo en medio del fragor de la campaña de las generales y a sabiendas que los convenios definitivos para blindar las inversiones no llegarán por lo menos hasta el otoño y que las ejecuciones dependerán del futuro Gobierno.

Tras la elocuencia declarativa de cada una de las partes a la hora de celebrar haber "hecho cumplir" al otro, está la letra pequeña de lo que han firmado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la 'consellera' de Territori, Ester Capella. Porque los protocolos sellados no son convenios definitivos, si no una suerte de esbozo previo al acuerdo o lo que, fuentes del ministerio de Transportes definen como una "declaración de intenciones". Si se está aún en esta fase, según la versión del Gobierno, es porque la Generalitat echaba el freno hasta que Pedro Sánchez convocó de forma precipitada las generales.

En declaraciones a la prensa desde el Palau Robert, donde el Govern ha celebrado esta mañana un Consell Executiu extraordinario, Capella ha celebrado la firma de este acuerdo pese a reconocer que no se incluye un calendario para este traspaso de recursos. Pero se ha mostrado convencida de que se hará porque "es una obligación" y porque los pactos "se cumplen". El ministerio, por su parte, rebate que hace dos meses que el acuerdo por la B-40 estaba cerrado y que se ha ido postergando "por interés político" del Govern y que sobre las cuatro encomiendas -cesión de obras y recursos- derivadas de los presupuestos generales del Estado no recibió ninguna propuesta hasta "cuatro días después" de que el presidente apretara el botón electoral.

El ministerio sostiene que la Generalitat ha buscado vincular ambos protocolos. En ERC hay posiciones en contra del cuarto cinturón, que fue el peaje que estuvo dispuesto a pagar a cambio del voto de los socialistas a las cuentas, y, de hecho, en la nota de prensa enviada por Territori no se hace mención de la B-40 y sí en cambio a la transferencia de recursos en infraestructuras.

Sin embargo, el protocolo de la B-40 sigue sin aclarar si la vía será o no de alta capacidad, es decir, que no determina cuántos carriles tendrá finalmente. Esta cuestión es, precisamente, la que ha motivado el rifirrafe público en la última semana, cuando se avanzó que la firma estaba al caer. Mientras desde el Govern y ERC se insiste por activa y por pasiva que ésta no será una vía de alta capacidad y que este concepto no consta en lo que ha quedado por escrito, el ministerio argumento que lo pactado es "dar continuidad" a la B-40 y que eso presupone cuatro carriles, dos en el sentido de cada marcha, para descongestionar de tráfico interior Sabadell y Terrassa.

La obra supondrá unos 200 millones aproximadamente que provendrán de fondos presupuestarios -y no de la disposición adicional tercera como inicialmente planteó el Gobierno- sujetos al trazado, que tampoco está definido. Tampoco explicita ni niega que la vía deba llegar hasta Granollers, como defiende el PSC. En todo caso, será el convenio, que según el protocolo debería estar listo en cuatro meses, el que determinará todos los detalles.

Cuatro convenios distintos

En cuanto al protocolo de las encomiendas, éste supondrá que se firmen cuatro convenios distintos. El primero, que supondrá unos 20 millones, es para los intercambiadores entre las estaciones de Ferrocarriles de la Generalitat de Hospital General y Volpelleres y las de Adif de Rubí y Sant Cugat. El segundo, el 260 millones para actuaciones de mejora -aún por definir- de la N-260. El tercero, para la mejora de los accesos de la AP-2 y la AP-7, por valor de 250 millones. Y el último, el de 386 millones para actuaciones de mejora en la N-2 a su paso por el Maresme.