El Govern carga contra el pacto Sánchez-Díaz: "Ellos anuncian, nosotros pagamos"

El pacto entre el PSOE y Sumar para reeditar el Gobierno de coalición no ha sentado nada bien en la Generalitat. No porque desde la plaza de Sant Jaume no se sintonice con las medidas sociales anunciadas, sino porque teme que el coste de estas iniciativas terminen yendo a cargo de las arcas del Govern y no de las del Estado. "Ellos anuncian -Pedro Sánchez y Yolanda Díaz- y nosotros pagamos", ha dicho la consellera de Justicia, Ester Capella, este miércoles desde en el Parlament.

El debate se ha suscitado en la sesión de control al Govern en la Cámara catalana. El diputado de los Comuns, David Cid, ha acusado al ejecutivo de Pere Aragonès de no estar cumpliendo el acuerdo de los presupuestos catalanes de este año que firmaron el Govern, el PSC y el partido morado. "Ustedes son el gobierno de los anuncios incumplidos, el gobierno de los acuerdos incumplidos", ha espetado, en alusión a la aplicación de la gratuidad de la T-16 de transporte.

El comentario ha molestado a Capella, que ha considerado que el problema de fondo no es si la Generalitat cumple o no, sino que la infrafinanciación que sufre -ha citado 22.000 millones de déficit fiscal anual- lastra las posibilidades de la administración catalana. A partir de aquí, la esgrima parlamentaria ha acabado derivando en una crítica de la consellera al acuerdo entre el PSOE y Sumar.

Fuentes del Palau de la Generalitat también lanzan advertencias contra el pacto entre Sánchez y Díaz. "Toda medida que implique más gasto para la Generalitat tiene que ir acompañada de las compensaciones y de los recursos necesarios", avisan. También alertan de que estarán expectantes a si las medidas suponen una "invasión de competencias".

Conflictos del pasado

En la mente de la Generalitat aparecen conflictos del pasado que aún se mantienen abiertos. Cuestiones como la ley de dependencia o el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que desde el Govern no se cuestionan por el fondo, pero sí por la forma que se gestionaron en su día. Respecto a la ley, porque las comunidades terminaron asumiendo gran parte del coste; respecto al IMV, porque siempre ha reclamado en vano que se gestione desde Catalunya.

Al margen del conflicto por el pacto entre socialistas y morados, la intervención de Cid también ha servido para escenificar que los Comuns pondrán un precio muy caro su apoyo a los presupuestos catalanes para 2024. Unas cuentas que el president Aragonès aún no ha presentado, pero que más de una vez ha dicho que sí aspira a aprobar tarde o temprano.

Amnistía, Pegasus y Rodalies

La sesión de control al Govern se divide en dos partes: en la primera, los grupos de la oposición fiscalizan a los consellers. En la segunda, al president de la Generalitat. De forma sorpresiva, en la parte de Aragonès nadie ha hecho alusión al pacto de PSOE y Sumar. Solo se ha escuchado al president insistir en las tres condiciones que pone su partido -ERC- para desencallar la investidura -amnistía, autodeterminación y Rodalies- y cargar contra el PSC por estar más cerca de los "intereses del PSOE que de los de Catalunya". También ha pedido la desclasificación por parte del Consejo de Ministros de toda la documentación relativa al espionaje en el marco del caso Pegasus.

De nuevo, se ha visto a una oposición muy beligerante con Aragonès para seguir ahondando en el principal problema que tiene el Govern cuando acude al Parlament: que no tiene mayoría y sufre en cada pleno y en cada votación. Todas las formaciones han acudido con un tema para desgastar a Aragonès. Que lo haga Cs, PP y Vox no es noticia, pero tampoco le han dado tregua los cuatro partidos que el Govern espera a seducir para que colaboren con la gobernabilidad de Catalunya, por ejemplo, aprobando los presupuestos.

La CUP ha criticado a la Generalitat porque considera que navega en la indefinición en el conflicto entre Israel y Palestina; los Comuns por no tener opinión ni sobre los 'correbous' ni sobre el futuro del aeropuerto -el president ha escurrido el bulto con los dos temas-; Junts, por las políticas de seguridad; y el PSC, por la situación general de Catalunya.

La sesión de control al Govern de este miércoles no llegará ni a nota a pie de página cuando dentro de unos años alguien revise la legislatura actual, pero ha servido para constatar una vez más que hay un Parlament fragmentado que no tiene fuerza para llegar a acuerdos, pero tampoco para desalojar al president y forzar un adelanto electoral.