La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que archive sus diligencias por el intento de sabotaje a la Vuelta

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional no consultó con la Fiscalía la apertura de diligencias para determinar si el intento de sabotaje preparado al paso de la Vuelta Ciclista a España por Catalunya tenía relación con los Comités de Defensa de la República (CDR). El juez Joaquín Gadea lo hizo al recibir un informe policial en ese sentido, mientras estaba en funciones de guardia. Ahora el ministerio público se revuelve y ha informado en contra de esa apertura, al entender que es incompatible con el procedimiento abierto en el juzgado único de Solsona (Solsonès -Lleida-) por los mismos hechos.

El juez vuelve a dar por concluida la causa por terrorismo contra los CDR

En opinión del ministerio público, en el caso de que se determinara que lo ocurrido en Catalunya al paso de la Vuelta ciclista es constitutivo de un delito de terrorismo -incluido entre los que son competencia de la Audiencia Nacional- se debería solicitar al juzgado catalán que lleva las actuaciones que se inhiba a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6, pero no puede haber dos causas abiertas en juzgados distintos por los mismos hechos.

Es decir, que su petición de archivo no se produce tras una valoración de lo ocurrido y haber determinar si tirar 400 kilos de combustible desde un puente al paso del pelotón es o no un delito de terrorismo o ha sido o no cometido por presuntos miembros de una organización terrorista, que es uno de los delitos que se atribuye a los presuntos integrantes de una célula de los CDR a los que se investiga en el mismo juzgado de la Audiencia Nacional.

En libertad

La apertura de diligencias por parte del magistrado de refuerzo del Juzgado Central número 6 pretendía determinar si había conexión con los CDR a raíz de un atestado de la Policía Nacional recibido en su juzgado durante la guardia de forma independiente a que instruyera el otro procedimiento. Para adoptar una decisión definitiva al respecto, el magistrado solicitó informes a la policía y a la Guardia Civil sobre la relación de los detenidos por el ataque contra los ciclistas con los Comités de Defensa de la República.

El juez prohíbe acercarse a 500 metros a las etapas de La Vuelta a los detenidos en Solsona por boicotearla

El pasado 28 de agosto, los arrestados por el intento de sabotaje a la Vuelta quedaron en libertad tras comparecer ante el juez único de Primera Instancia e Instrucción de Solsona con la condición de no acercarse a menos de 500 metros de las etapas ciclistas. Están imputados por los delitos contra la seguridad vial, contra el medio ambiente, pertenencia a grupo criminal y desórdenes públicos.

Dos de ellos, como miembros de los CDR -lo que por sí solo no sería delito-, habían aparecido en informes de la Guardia Civil presentados en la causa en la que se procesó a los 12 presuntos miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), formado por individuos de diferentes comités que “evidencian una gran radicalidad” y al que se le habrían encargado acciones más delicadas por su mayor predisposición y entrega "a la causa": conseguir la independencia de Catalunya, empleando la violencia para forzar a las instituciones a conceder por la vía de los hechos su separación del resto de España.

El juez procesa a 13 miembros de los CDR por pertenencia a organización terrorista

Se trata de Josep Oriol Macià, abogado de 54 años, y de David Farrés. Ambos formaban parte de un grupo de la mensajería instantánea Signal llamado 'Las tortugas ninja' con varios de los procesados por la presunta fabricación de sustancias explosivas, según ha adelantado el diario 'ABC'. En su momento, el primero era considerado por los CDR detenidos en la Operación Judas como una "persona de contacto en la comarca del Alt Ter" y "con entidades del ámbito del Ejecutivo catalán".

A través del grupo se coordinarían acciones entre los distintos comités. Además, un pantallazo de un mensaje de Macià sobre una convocatoria de protesta se encontró en el teléfono de uno de los arrestados en 2019. Pese a aparecer los dos imputados por el sabotaje de la Vuelta como "personas vinculadas a la investigación" desarrollada entonces contra los CDR, ninguno llegó a estar formalmente investigado en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en la causa abierta por terrorismo y tenencia y fabricación de sustancias explosivas.