A su paso por Catalunya

La Audiencia Nacional abre diligencias para determinar si los CDR están detrás del intento de sabotaje a la Vuelta

Así pretendían sabotear la Vuelta: tirando combustible desde un puente

El juez vuelve a dar por concluida la instrucción contra los CDR por terrorismo

Imagen de archivo de la entrada a la Audiencia Nacional, en Madrid.

Imagen de archivo de la entrada a la Audiencia Nacional, en Madrid. / EFE/Sergio Pérez

Ángeles Vázquez

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La Audiencia Nacional ha abierto diligencias para determinar si detrás del sabotaje que se preparaba contra la Vuelta Ciclista a España a su paso por Catalunya están los Comités de Defensa de la República (CDR). Lo ha hecho en el mismo juzgado en el que hay una causa abierta contra una presunta célula de este colectivo procesada por integración en organización terrorista y tenencia y fabricación de sustancias explosivas, pero por ser el que se encontraba de guardia la última semana de agosto, cuando se produjeron los hechos, informaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

Joaquín Gadea, magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, ha abierto el procedimiento tras recibir un oficio de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía por la detención de cuatro personas por su presunta participación en el ataque que se preparaba contra los ciclistas del pelotón, según ha adelantado 'El Mundo' y ha confirmado este diario.

Los arrestados quedaron en libertad tras comparecer ante el juez único de Primera Instancia e Instrucción de Solsona (Solsonès -Lleida-) con la condición de no acercarse a menos de 500 metros de las etapas ciclistas. Están imputados por delitos contra la seguridad vial, contra el medio ambiente, pertenencia a grupo criminal y desórdenes públicos.

Las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional se encuentran en un estado muy incipiente, en el que aún hay que determinar qué juzgado es el competente para investigar lo ocurrido, si el del lugar donde se produjeron los hechos o el especializado en terrorismo. El magistrado de la Audiencia Nacional justifica su apertura para tomar una decisión al respecto en que "durante las semanas previas, los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) alentaron y propusieron en las redes sociales de forma clara y directa el boicot e interrupción de las etapas de la Vuelta que transcurrían" por Catalunya.

400 litros de carburante

En su auto describe que el dispositivo que preparaban "constaba de dos bidones de 200 litros cada uno, rellenos de un líquido negro que desprendía un olor a aceite quemado de vehículo y carburante, unidos entre sí mediante una tubería de riego que asomaba por la parte más alta del túnel y desde donde el flujo de líquido vertería directamente a la carretera. A la tubería se encontraba acoplada una electroválvula de riego automático. A unos dos metros de la electroválvula se encontró, disimulada entre la vegetación, una caja pintada de verde camuflaje que contenía una batería de 12 voltios y un temporizador". 

A juicio del magistrado, el sabotaje que pudo ser neutralizado se trata de "hechos muy graves en los que resulta fácil apreciar el resultado lesivo que el sistema instalado buscaba ocasionar". Añade que no resulta difícil imaginar que la voluntad de causar un daño a un indeterminado número de personas guiaba a los autores de la acción", que había sido "perfectamente planificada y organizada".

Pese a que los presuntos autores fueron rápidamente detenidos y puestos a disposición judicial, al detectarse el dispositivo que habían preparado, el magistrado destaca que adoptaron medidas de seguridad para tratar de impedirlo, como no llevar encima sus móviles y utilizar caminos secundarios "de difícil transitabilidad" para llegar hasta el puente elegido para el ataque.

La resolución añade que "esta acción frustrada se contextualiza en el marco de una campaña de boicot contra la Vuelta prolíficamente publicitada en las redes sociales por los grupos radicales de ideología independentista, aprovechando el escaparate internacional que supone (...) para dar visibilidad a la causa". Para pronunciarse sobre la competencia el magistrado ha solicitado a la Policía y a la Guardia Civil informes sobre si existe alguna vinculación de los arrestados con los CDR.