Condiciones para la investidura

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La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, con el alcaldable en Terrassa, Meritxell Lluís, y la segunda de la lista, Montserrat Caupena

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, con el alcaldable en Terrassa, Meritxell Lluís, y la segunda de la lista, Montserrat Caupena / Carola López / ACN

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La portavoz de Junts x Catalunya en el Congreso, Miriam Nogueras, ha pedido la celebración de un referendum y una amnistía que incluya a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, condenada por amañar contratos públicos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.

En una entrevista a la Agència Catalana de Notícies (ACN), Nogueras sostiene que es el PSOE quien "necesita los votos" y quienes "se tiene que mover" para facilitar la celebración de un referéndum en Catalunya.

Horas después del pacto que ha facilitado la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara baja, Nogueras reivindica que son "el único partido que nadie duda de qué lado de la mesa está", frente, a su juicio, a la estrategia seguida por los republicanos hasta ahora. Y que "esta negociación va absolutamente desligada de la investidura" y que su partido "no fía" y que "se paga por adelantado".

Ahora, en la siguiente pantalla de negociación -la investidura-, desde JxCat mantienen "obviamente" el referéndum y la ley de amnistía como condiciones, porque es "lo que han dicho siempre". En este sentido, Nogueras afirma que "todo el mundo tiene que tener muy claro que esto no es para que el PSOE de Pedro Sánchez pueda continuar haciendo lo que ha hecho hasta ahora, o no habrá investidura".

En cuanto a la ley de amnistía, la portavoz señala que tiene que dar cobertura a "toda la 'lawfare' que hace referencia al que entendemos por procés, a todas las personas afectadas por la injusticia española". Y deja claro que "obviamente" la presidenta del partido, Laura Borràs, también tiene que formar parte, porque "es víctima de la '*lawfare".

El TSJC, en la misma sentencia que condenaba Borràs a cuatro años y medio de prisión por la adjudicación de contratos a la ILC, planteaba al Gobierno español el indulto parcial que evitara su entrada en la prisión.