Puigdemont y las otras causas judiciales de Junts que impactan en la negociación para la investidura de Sánchez

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlament Laura Borrás o la 'exconsellera' Clara Ponsatí. Los dirigentes de Junts per Catalunya con causas pendientes con la justicia son varios, aunque sus situaciones judiciales sean tan distintas que resultaría difícil despejar su panorama judicial, y aún más el de cargos intermedios o el de meros afiliados o simpatizantes, con una actuación que esté en manos del Gobierno a cambio de lograr el apoyo de estos diputados a la investidura de Pedro Sánchez.

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No es nada fácil sobre todo teniendo en cuenta el resultado que tuvo la reforma del Código Penal que derogó la sedición y modificó la malversación, pactada entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ERC. El cambio legislativo benefició a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, que vieron cómo la acusación en su contra quedaba reducida a una desobediencia, que las libraba definitivamente de la cárcel sea cual sea el resultado del juicio al que se enfrenten.

Puigdemont

Pero la reforma penal no sirvió para librar de la amenaza de ser encarcelado a Carles Puigdemont, que, aunque huido de la justicia española, sigue procesado por el tipo de malversación más grave, que puede suponerle 12 años de cárcel. Ni siquiera logró librar de la pena de inhabilitación impuesta a los condenados por este delito por el 'procés', como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, o el dirigente de Junts Jordi Turull. Los líderes del 'procés' pudieron abandonar la cárcel gracias al indulto que les había concedido el Gobierno con anterioridad.

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Según la ley del indulto, solo se puede conceder esta medida a quien ha sido condenado en sentencia firme y está a disposición del tribunal sentenciador, condiciones que el expresidente catalán incumple. La fiscalía ya ha pedido al juez Pablo Llarena que reactive las órdenes internacionales contra Puigdemont para intentar que sea puesto a disposición de la justicia española. El magistrado decidirá al respecto cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva sobre las medidas cautelares que Puigdemont planteará en su recurso contra la retirada de su inmunidad.

Además del proceso penal que espera en letargo en el Tribunal Supremo, el 'expresident' también tiene pendiente un procedimiento contable en el Tribunal de Cuentas en el que, junto a otros 34 encausados -la mayoría de ERC, pero también de Junts-, deberá responder por el dinero público presuntamente malgastado en la organización del 1-O y en la acción exterior del Govern.

En una situación muy parecida a la suya se encuentran los 'exconsellers' que le acompañaron en su marcha al extranjero en 2017 Toni Comín y Lluís Puig, ambos procesados en rebeldía por los delitos de desobediencia y malversación de caudales en su modalidad más grave y que puede estar penado con hasta 12 años de cárcel.

Laura Borràs

Por su parte, la expresidenta del Parlament Laura Borràs fue condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental por fraccionar 18 contratos menores para beneficiar a un amigo cuando ella dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. Aunque su conducta se enmarca dentro de lo que se considera corrupción y su condena se ha basado en el testimonio de los coacusados y en los correos electrónicos que se intercambiaron, ella siempre se ha presentado como una víctima del 'lawfare', que es una estrategia de represión con la que se combate al enemigo político.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya solicitaba para ella el indulto parcial de la pena impuesta para que quedara limitada a dos años de prisión, lo que le evitaría entrar en la cárcel. No obstante, no se puede solicitar ni conceder la medida de gracia mientras la sentencia no sea firme, lo que no se producirá hasta que sea revisada por el Tribunal Supremo. La condena le privó de la presidencia del Parlament.

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Otros procedimientos

Aunque en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el que se instruye la causa contra los dirigentes de segundo nivel a los que se considera responsables del 'procés', la mayoría de los imputados son de ERC, también hay de Junts. Algo parecido ocurre con otras causas, como la de Tsunami Democràtic, en la que aún se está perfilando quién debe ser imputado y qué tribunal debe asumir la competencia.

De momento solo aparece en esa condición el empresario Oriol Soler, pero durante la instrucción los informes de la Guardia Civil han apuntado al entorno del expresidente catalán, como Xavier Vendrell, Josep Lluís Alay y Josep Rius Alcaraz, uno de los diputados más próximos al expresidente.

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