El Parlament votará el 1 de septiembre si recurre la ley estatal de vivienda al TC

El Parlament celebrará el 1 de septiembre un pleno para votar si recurre ocho artículos y tres disposiciones de la ley estatal de vivienda ante el Tribunal Constitucional después de que el Consell de Garanties Estatutàries haya concluido que vulneran la competencia exclusiva de la Generalitat en esta materia que fija el Estatut. La propuesta, que afecta a los apartados que hacen referencia al tope del precio de los alquileres y a la declaración de zonas tensionadas, ha sido impulsada por Junts y será sometida a valoración de la mayoría de la Cámara.

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El PSC, ERC y los Comuns deberán pronunciarse sobre una norma que aprobaron conjuntamente en el Congreso también con el apoyo de Bildu a finales de abril, mientras que los posconvergentes votaron en contra, como el PNV, el PDECat, la CUP y Coalición Canaria, argumentando que invadía competencias autonómicas. En el bloque del 'no' también se situaron PP, Vox y Cs. Consultados por EL PERIÓDICO, el grupo de Salvador Illa ya avanza que votará en contra, mientras que los republicanos se están mirando el informe para tomar una decisión y En Comú Podem aplaza la cuestión hasta pocos días antes del pleno.

El dictamen del CGE, que es preceptivo, fue solicitado por Junts a principios de julio al considerar que la ley supone un "desmantelamiento" de las normativas vigentes en Catalunya, además de "ignorar" la regulación sobre vivienda protegida, determinación de zonas tensionadas, relaciones de consumo o mediación para evitar procesos de desalojo, entre otras.

El informe ha sido enviado este viernes a la institución, motivo por el que la presidenta, Anna Erra, se ha apresurado a fijar una fecha para el pleno, que se celebrará justo después del parón estival y en plenas negociaciones por la investidura. Los grupos están en estos momentos valorando el informe, de 179 páginas, para definir su posicionamiento. En todo caso, podrán presentar propuestas alternativas a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad hasta tres días antes de la sesión agendada.

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En concreto, el dictamen apunta que los artículos 2, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, las disposiciones transitorias primera y segunda, y la disposición final séptima de la ley colisionan con las competencias de la Generalitat y con el principio de autonomía financiera y la autonomía de gasto. El informe cuenta con un voto particular presentado por dos de los miembros del consejo.

Entre esos artículos están los que hacen referencia al tope del incremento de precio de los alquileres -un 2% este año y un 3% el que viene- así como el que recoge la posibilidad de definir zonas tensionadas para aplicar esos límites. El Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han convertido la ley de vivienda en uno de los buque insignia de su proyecto, que han reivindicado durante la campaña de las generales.