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Júlia Regué

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"Espanya, capital Waterloo", tuiteó Josep Maria Alay, hombre de máxima confianza de Carles Puigdemont, la noche del pasado domingo. Y sí, los resultados del 23-J dejan en manos del exjefe del Govern la gobernabilidad. Pero, por mucho que el PSOE crea que Junts es más que Puigdemont, y trate de que el sector pragmático le convenza de que una repetición electoral es una mala idea, lo cierto es que Puigdemont es más que Junts, y que sólo de él dependerá que Pedro Sánchez siga en la Moncloa.

El pulso con Junqueras

La situación procesal del 'expresident' está en el centro de la partida. "Amnistía y autodeterminación", insisten los posconvergentes, dispuestos a liderar las negociaciones arropados por ERC y las entidades independentistas con el objetivo de que el precio a Sánchez suba y la responsabilidad del desenlace se comparta. No hay dudas sobre negociar: Junts necesita demostrar que no se conforma con cuestiones competenciales o materiales -traspaso de Rodalies o fin al déficit fiscal-, sino que quiere que Sánchez ceda ante el soberanismo, asumiendo que el 1-O no fue delito y facilitando la celebración de un referéndum sin intervención del Estado. Solo esto, apuntan, supondría una verdadera superación a la mesa de diálogo, centrada hasta la fecha en cicatrizar heridas abiertas en 2017.

Las condiciones son de máximos y, de saque, inasumibles para el PSOE, pero Junts no se conformará con 'logros' equiparables a los de los republicanos. Los posconvergentes buscan obtener concesiones más altas que los indultos parciales y condicionados a los líderes del 'procés' juzgados y que la reforma del Código Penal, con la vista puesta en las próximas elecciones catalanas. No hay que olvidar que Puigdemont no solo mantiene un duelo con Sánchez, sino que también libra un pulso con Oriol Junqueras.

La persecución política

La ambición de Puigdemont es regresar a Catalunya sin pisar la cárcel para dar sentido a su "exilio" y a su batalla judicial en Europa. Niega buscar una solución personal, quiere ir más allá, pero una ley de amnistía -que incluiría el fin de otras causas pendientes- impacta con la premisa socialista de que todo quede dentro del marco constitucional y genera un intenso debate entre juristas al interpretar que supondría encubrir indultos generalizados, prohibidos por ley.

Para esta iniciativa se requiere de una ley orgánica, de la complicidad de la Mesa del Congreso -que ya rechazó el plan en 2021-, y de mayoría absoluta. Políticamente tiene mayores implicaciones porque el indulto sí sustenta una responsabilidad, mientras la amnistía niega el delito, por lo que vendría a reconocer que hubo una persecución política.

Los socialistas admiten que la carpeta de Puigdemont está sobre la mesa y que tarde o temprano tendrán que abrirla. A tenor de la necesidad aritmética, de la escasa afectación de los indultos en las urnas y de que Sánchez se garantizaría el Gobierno, tendría margen para apaciguar la tensión que implica un pacto PSOE-Junts. En los cuarteles políticos se plantean fórmulas imaginativas como la reinterpretación del indulto anticipado, aunque sobre papel requiere de un juicio y de una sentencia firme, lo que llevaría inevitablemente a Puigdemont ante el Supremo.

Tanto PSOE como Junts lo fían todo a la presión. Los posconvergentes esperan que Sánchez mueva ficha para decidir su apoyo y dibujan dos escenarios posibles: bloqueo y repetición electoral, pese al riesgo de que se acuse el declive del independentismo, que en cuatro años ha perdido nueve diputados en el Congreso y 666.057 votos; o investidura y cuatro años con Sánchez sujeto a negociar las principales iniciativas parlamentarias y blandiendo poder e influencia en Madrid ante ERC, por mucho que empataran a escaños.

La escena europea

También hay una vertiente que pasa por Europa. Puigdemont, erigido como internacionalizador del 'procés', deberá justificar un veto a Sánchez y argumentar que se posiciona junto a la extrema derecha en un contexto en el que España acapara el foco mediático que le brinda ostentar la presidencia del Consejo de la UE. Para Junts es una oportunidad porque creen que el PSOE no puede permitirse una repetición electoral que dañaría la imagen internacional de Sánchez y lo proyectaría como un dirigente débil y sin apoyos suficientes.

La posconvergencia quiere ir despacio para hacerse valer, así que la negociación se augura larga. Septiembre está marcado en rojo en el calendario por la Diada -donde se volverá a poner a prueba la unidad independentista- y por la decisión del juez Pablo Llarena sobre la activación de la orden de detención internacional sobre Puigdemont. Si Puigdemont es extraditado, el escenario se enturbia, pero de ello también dependerá que el 'expresident' pueda presentarse a las elecciones europeas de junio de 2024.

El secretario general, Jordi Turull, llamó al cierre de filas y pidió discreción para que el partido permanezca unido y analice pros y contras. Y es que la decisión sobre la investidura a Sánchez marcará cuál es la identidad que se imprime en las siglas. ERC someterá la decisión a votación de la militancia, Junts todavía no lo anticipa, pero ya hay quien se atreve a reclamar como condición para pactar que Sánchez y Puigdemont firmen y se fotografíen juntos.