Congreso de los Diputados

El PSOE garantiza grupos propios a ERC y Junts como "primer paso" para la investidura de Sánchez

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Rufián y Nogueras

Rufián y Nogueras / DAVID CASTRO

Carlota Camps
Juan Ruiz Sierra
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El debate de investidura carece de fecha. Lo más normal es que tenga lugar, como pronto, en septiembre. Ni siquiera está claro si se presentará primero Alberto Núñez Feijóo, que insiste en que quiere intentarlo pese a que sus posibilidades de ser elegido jefe del Ejecutivo son nulas, o si solo dará finalmente el paso Pedro Sánchez, cuyas opciones son más elevadas. Pero antes de esa batalla habrá una preliminar: el próximo 17 de agosto, a las 10 de la mañana, se constituirá el Congreso de los Diputados, una cita que servirá para elegir al nuevo presidente de la Cámara baja (aquí puede haber sorpresas), los miembros de la Mesa (el órgano que gobierna la institución) y los grupos parlamentarios. 

Lo que pase entonces prefigurará parte de lo que ocurra en la investidura. Sobre todo, con ERC y Junts per Catalunya. Ninguna de las dos formaciones cumple los requisitos para tener grupo propio, pero fuentes socialistas aseguran que serán “flexibles” e impedirán que tengan que integrarse en el mixto. Así se lo han transmitido ya a republicanos y posconvergentes, a través de conversaciones informales que están liderando la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, y el titular de Presidencia, Félix Bolaños, dos miembros del núcleo duro de Sánchez, a quienes el presidente suele encargar las tareas más sensibles.  

Mayores recursos

 Contar con grupo propio no es una cuestión protocolaria. Supone tener mucho más protagonismo a la hora de plantear iniciativas y realizar preguntas al Gobierno en las sesiones de control, pero también disponer de mayores recursos. El artículo 28 del reglamento del Congreso señala que los grupos perciben una subvención fija que se calcula cada año y una variable en función del número de diputados. En 2023, la primera fue de 364.160,64 euros anuales y la segunda de 1.746,16 euros al mes por cada parlamentario. 

La Presidencia de la Cámara baja continúa abierta: al nombre de Batet se suman otros posibles candidatos

Si ERC y Junts acabasen en el mixto, estas cuantías se reducirían. En aplicación estricta del reglamento, ni republicanos ni posconvergentes están en disposición de tener grupo propio. La norma establece que se necesita un mínimo de 15 diputados (ERC y Junts tienen siete cada uno), un requisito que se puede salvar si se da una de estas dos condiciones: contar con cinco escaños o más y haber logrado el 5% de los votos en todo el Estado o el 15% en las circunscripciones donde la formación se haya presentado. El partido de Pere Aragonès quedó el pasado domingo por debajo de este último porcentaje en Girona (14,74%) y Barcelona (12,33%). El de Carles Puigdemont, en Tarragona (11,08%) y Barcelona (9,68%). 

Aquí es donde entra el PSOE. La manga ancha a la hora de conformar los grupos parlamentarios es un gesto habitual al principio de cada legislatura, y los socialistas tienen dos vías para que ERC y Junts tengan uno cada uno. Por un lado, cederles temporalmente diputados hasta llegar a los 15 necesarios. Por otro, defender en la Mesa del Congreso, donde el PSOE da por hecho que la izquierda tendrá mayoría frente a la derecha, que republicanos y posconvergentes se aproximaron al 15% de los votos en aquellas provincias en las que concurrieron a las generales. 

La confirmación republicana

ERC confirma que los socialistas les han garantizado tanto a ellos como a Junts que tendrán grupos propios. En la dirección del partido señalan que no se trata de una propuesta “hecha en una reunión formal”, sino a través de cauces “extraoficiales”. Los republicanos creen que supone una muestra de “generosidad” ante las negociaciones de la investidura, pero consideran que este “proceso de seducción” va más destinado a Junts que a ellos, porque su voluntad de votar a favor de la hipotética reelección de Sánchez se da casi por hecha. 

Mientras tanto, fuentes de Junts admiten las ventajas de contar con grupo parlamentario propio, pero advierten de que no se abstendrán en la investidura del candidato del PSOE si esta es la única contrapartida. Los colaboradores del presidente en funciones son conscientes de que la constitución del Congreso no garantiza por sí sola su reelección. Se trata, subrayan, de un “primer paso”. 

Las verdaderas negociaciones comenzarán después, y no se presentan nada fáciles. Los posconvergentes insisten en pedir la amnistía sobre el proceso independentista de 2017 y un referéndum de autodeterminación, algo que en la Moncloa se descarta por completo. “En Catalunya solo cabe el marco constitucional”, avisó el Gobierno el martes pasado. Tampoco se contempla que Jaume Collboni y Xavier Triascompartan el Ayuntamiento de Barcelona. Y después de los indultos, la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, el margen en el frente judicial es escaso, continúan las mismas fuentes. Las esperanzas se depositan en que el sector “más moderado” de Junts, encabezado por su secretario general, Jordi Turull, “persuada a Puigdemont” de que no resulta conveniente votar junto al PP y Vox en contra de Sánchez y abocar a España a una repetición electoral.  

La tercera autoridad del Estado

La negociación con Junts, que empató a escaños con ERC y Sumar en Catalunya pero ocupó el quinto lugar en votos, será complicada y de resultado incierto, explican los colaboradores de Sánchez. De momento, no hay prisa. Primero quieren que Feijóo, que fue el candidato más votado (136 escaños) pero se quedó muy lejos de la esperada mayoría absoluta con la ultraderecha (33), asuma su fracaso antes de presentarse a la investidura o bien se someta al debate y lo pierda. 

Lo acuciante, ahora mismo, es la conformación de la Mesa del Congreso, un asunto clave para admitir, denegar, acelerar o retrasar las iniciativas parlamentarias, y la elección de su presidente. En el primer caso, no se esperan sorpresas: según los resultados del 23J, el órgano de gobierno de la Cámara debería tener mayoría progresista, igual que durante la pasada legislatura. En el segundo, en cambio, puede haber sobresaltos. 

Tras la noche electoral, al comprobar los resultados del PSC (19 escaños en Catalunya y más votos que ERC y Junts a la vez), se dio por hecho que Meritxell Batet continuaría siendo la presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado. Pero ahora ya no está tan claro, explican fuentes socialistas. Si al final la propuesta de Sánchez no es la dirigente catalana, que ha tenido que desarrollar su labor estos últimos años en una coyuntura política enormemente crispada, en el PSOE empiezan a circular otros posibles candidatos. 

Una opción sería Miquel Iceta. El actual ministro de Cultura estuvo a punto de presidir el Senado en 2019, un proyecto que frustró el independentismo, y su nombramiento supondría también reconocer el buen desempeño del PSC en las recientes elecciones. Su figura, sin embargo, suscita muchos recelos en ERC y Junts en un momento en el que a los socialistas les conviene tener buenas relaciones con ambos partidos. Otras opciones, continúan las quinielas, serían el actual vicepresidente de la Cámara baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que lleva al lado de Sánchez desde que este se presentó en 2014 a las primarias siendo un desconocido, o bien ministras con experiencia parlamentaria como la de Educación, Pilar Alegría, y la de Política Territorial, Isabel Rodríguez.