Catalunya inicia los trámites para fijar qué zonas requieren un límite en el precio de los alquileres

El Govern inició este martes los trámites para delimitar las zonas de mercado residencial tensionadas en aquellos ámbitos territoriales donde exista un riesgo de oferta insuficiente de vivienda asequible y, por tanto, aquellas zonas donde se aplicará la regulación de los precios del alquiler, como las define al ley estatal de la vivienda, aprobada hace 12 días por el Senado. De hecho, la detección de estas zonas es el paso previo a fijar el tope máximo del precio de los alquileres.

Así lo explicó la portavoz del Executiu, Patrícia Plaja, quien aprovechó para reclamar al Gobierno que vuelva a permitir la vigencia del índice catalán de referencia, que decayó cuando el Ejecutivo recurrió ante el Tribunal Constitucional diversos artículos de la ley catalana de vivienda.

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Las delimitaciones, una vez comunicadas al Gobierno, tendrán una vigencia de tres años, prorrogable año a año. "Catalunya fue pionera y con el recurso ante el TC se han perdido demasiados meses, algo que no ha favorecido a los ciudadanos", criticó Plaja. En esta línea, el Govern envió una carta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) para homologar dicho índice de la Generalitat, en "estos momentos actualizado y plenamente operativo", según Plaja.

Eficiencia energética

Plaja también detalló que el Govern ha aprobado un plan de eficiencia energética en los edificios de la administración catalana hasta el 2027. El documento establece como objetivos alcanzar una reducción en el consumo de energía y en las emisiones de efecto invernadero del 16,43% y un ahorro del 13,3% en la factura energética de la Generalitat, con el fin de avanzar hacia el hito fijado por la normativa europea de disminuir un 32,5% el consumo de energía en 2030 en relación con el año 2007.

Las medidas que incorpora el Plan van desde las mejoras de las instalaciones y los cambios de equipos y el aprovechamiento de las energías renovables para usos térmicos hasta la realización de campañas para la sensibilización del personal trabajador de la administración, pasando por la realización de auditorías energéticas. Cada departamento, con el apoyo del Institut Català de Energía (ICAEN), llevará a cabo las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de estos objetivos.

La aplicación de todo este paquete de medidas debe permitir un ahorro anual de 316,97 GWh, lo que supone un ahorro económico anual de 24,3 millones de euros. Este volumen de ahorro, que sería un 3,29% de la demanda anual, supera el objetivo obligatorio del 2% establecido por la Unión Europea, y que es el equivalente a la renovación energética del 3% del total de la superficie de edificios y equipamientos públicos con un ahorro medio del 67,3%. La inversión necesaria para conseguir este ahorro es de 302,8 millones de euros, que se podrán financiar mediante los contratos de servicios energéticos y los fondos europeos.