Catalunya propone placas solares en los edificios públicos, teletrabajo y un programa de bici-trabajo

Las recetas que la Generalitat de Catalunya ha planteado al Gobierno para reducir el consumo energético en España pasan por la implementación urgente de medidas para impulsar la autogeneración energética y la generación distribuida renovable en las cubiertas de edificios y equipamientos públicos, además de fomentar el teletrabajo en la Administración. Según el conjunto de propuestas remitidas por la Conselleria de Acció Climàtica de Teresa Jordà a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera para la elaboración del plan de contingencia que exige la Unión Europea, se considera fundamental "el aprovechamiento de la totalidad de la superficie de cubierta de los edificios y equipamientos públicos", con el objetivo de que los excedentes de energía se hagan llegar a comunidades energéticas. Para ello las administraciones públicas deberán definir en un plazo máximo de cuatro meses el potencial fotovoltaico técnicamente posible a instalar en sus  edificios y equipamientos y realizar un informe del potencial realizable y de identificación de superficies disponibles a tal efecto. 

Se identifica un objetivo de potencia en tejados solares de 20 MW que deberán estar instalados o en licitación antes de finalizar el primer semestre de 2023, para ello, se propone utilizar el mecanismo de contratación de urgencia previsto en la ley de contratación del sector público. "Los edificios públicos tendrán que disponer en un plazo máximo de 6 meses de una auditoria energética y del certificado de eficiencia energética. Los datos y propuestas de las auditorías y certificados guiarán la prioridad de las actuaciones de ahorro y eficiencia energética a realizar", propone el Govern. 

Las administraciones públicas también definirán en un plazo máximo de 12 meses un informe de potencial de aprovechamiento fotovoltaico en infraestructuras propias singulares, como es el caso de instalaciones de tratamiento de agua, ferroviarias, autopistas, embalses y puertos. Según el marco concreto de las propuestas, el servicio de gestión energética será incorporado en los nuevos contratos de mantenimiento, dotando una partida específica para la prestación de este servicio.

En el marco de medidas para avanzar en "una administración pública responsable y ejemplarizante para hacer frente a la crisis energética", la Generalitat también propone el apoyo del teletrabajo en el sector público y pone como ejemplo su propia actuación, al haber establecido dos días de teletrabajo, con el consiguiente ahorro energético que se deriva. También se propone la implantación en todos los edificios públicos de aparcamientos seguros para la bicicleta de sus trabajadores y visitas y "promover la implantación del programa bici-trabajo de bicicleta compartida de uso privado para desplazamientos domicilio-trabajo".

Empresa pública y mayor regulación

La Conselleria de Acció Climàtica también hace propuestas de contenido más político y de implementación a más largo plazo, entre las que destaca la creación de una empresa energética pública basada en energías renovables y que compita directamente con las grandes compañías del sector. En el conjunto de propuestas remitidas a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se incluye la reforma del marco regulador actual en el que se haga "totalmente incompatible la propiedad de las redes de la generación y comercialización, obligando a la  venta de activos". Como una propuesta más integrada en el documento 'Medidas de contingencia para la rápida reducción del consumo de gas natural fósil', el Govern propone la creación "de una empresa energética pública basada en las fuentes de energía renovable y que pueda participar en las distintas actividades del sistema eléctrico, con especial atención a la reversión  de las concesiones hidroeléctricas y a la red de distribución que, junto el almacenaje de energía supone la columna vertebral de la transición a un modelo distribuido y democrático".

Propuesta de reforma profunda

 Para el Ejecutivo catalán, se debería aprovechar la actual situación para una reforma profunda del sector energético cuya alta concentración empresarial "tiene una afectación clara en los derechos energéticos de la ciudadanía". "No debe sorprendernos el rechazo de partidos políticos y la sociedad en general, a la inyección de 1.300 millones de euros en empresas eléctricas para cubrir los costes no cubiertos del sistema eléctrico al reducirse los ingresos del impuesto a la generación cuando en realidad, esos costes no cubiertos van a parar a las mismas empresas que han ingresado de forma escandalosa por la comercialización de energía generada a precios mucho más bajos, nuclear y gran hidroeléctrica", plantea el informe remitido. Para la Conselleria de Acció Climàtica, actualmente "es imposible introducir competencia en esas tecnologías puesto que no es posible la construcción de nuevas centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas en las mismas condiciones que las actuales", que ya fueron beneficiarias de los costes de transición a la competencia. por lo que "la propiedad de esas centrales recae en las mismas empresas propietarias de las redes y como tal, perceptoras de esos 1.300 millones de euros", concluye la Conselleria.

Entre las medidas propuestas para la reducción del consumo energético y de gas, la Conselleria de Acciò Climàtica de Teresa Jordà propone ocho grandes propuestas, aderezadas con medidas concretas de todo tipo, fundamentalmente centradas en la adaptación legal necesaria para incrementar las opciones de abastecimiento para los consumidores.

Estas son las propuestas:

1. Acelerar el desarrollo de proyectos de inyección de biometano a la red de distribución o transporte de gas natural a partir de la adaptación de plantas de biogás ya existentes.
2. Plan de choque para reducir las pérdidas de electricidad en el transporte y la distribución, que se consideran de un mínimo del 15%, acercando la oferta a la demanda.
3. Aprovechamiento de los excedentes fotovoltaicos de plantas de autoconsumo que incorporan dispositivos de no inyección a red, para evitar los largos plazos y las frecuentes denegaciones de los permisos de acceso y conexión por parte de la empresa distribuidora.
4. Permitir la compensación de excedentes para potencias de hasta 1 MW.
5. Eliminar los permisos de acceso y conexión para potencias de autoconsumo iguales o menores a la potencia contratada, al menos para instalaciones de potencia menor a 500 KW.
6. Separación real de las actividades del sistema eléctrico y auditoría de los costes regulados.  
7. Creación de una empresa energética pública.
8. Una administración pública responsable y ejemplarizante para hacer frente a la crisis energética. 

Suscríbete para seguir leyendo