Cospedal y Fernández Díaz se libran de la comisión Kitchen gracias al adelanto electoral de Sánchez

Si hay quienes salen beneficiados por el adelanto de las elecciones anunciado por Pedro Sánchez son los más de 20 citados a comparecer en la Comisión de investigación de la operación Kitchen y la 'operación Cataluña' del Congreso. En concreto, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Ninguno de los dos deberá desfilar por la Cámara baja después de que este martes se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la disolución de las Cortes y, por lo tanto, de esta comisión que solo ha tenido un protagonista, el excomisario José Manuel Villarejo.

La comisión que impulsaron PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu y que iba a servir como ariete de batalla contra el PP se ha quedado en nada al final. La decisión de Sánchez de convocar elecciones el próximo 23 de julio conlleva que las Cortes -Congreso y Senado- se disuelvan y todo lo que se estaba tramitando en este momento, también las comisiones que estaban en funcionamiento, decaigan.

Así, la publicación en el BOE del adelanto electoral es casi una medida de gracia para Cospedal y Fernández Díaz. Los dos se han librado de tener que acudir al Congreso para dar explicaciones sobre el supuesto uso de recursos del Ministerio del Interior durante el mandato de Mariano Rajoy para espiar a adversarios políticos y al extesorero del PP Luís Bárcenas. Tanto Cospedal como Fernández Díaz ya acudieron a la Cámara baja en 2020 a otra comisión sobre el mismo asunto y cuyas conclusiones situaban a ambos en la cúspide de este entramado de corrupción.

Lo que no se investigará

La intención de los socialistas y sus aliados parlamentarios era usar esta comisión para entorpecer al PP y, además, intentaron usar su puesta en marcha para tapar la trama de corrupción que lideraba el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni'. El objeto de las pesquisas iba a ser, por un lado, el uso de recursos reservados por parte del Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas y sustraerle pruebas sobre la 'caja b' del PP y, por otro, para obtener información de cuentas bancarias de políticos catalanes en el Principado de Andorra.

No obstante, aunque estaban de acuerdo en el asunto a tratar, el PSOE, Unidas Podemos, ERC y otras formaciones tardaron en alcanzar un pacto sobre a quién citar. Los dos únicos que acordaron fueron Villarejo y el expresidente de la Banca Privada de Andorra (BPA) Higini Cierco. El excomisario acudió y afirmó que la 'operación Cataluña' se diseñó en la presidencia del Gobierno de Rajoy y la controló la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El banquero alegó problemas para acudir y ya se ha librado para siempre.

En una segunda ronda se acordaron 20 nombres. Entre ellos no estaba el de Rajoy, a quien el PSOE le salvó. Sí estaban el del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el exdirector adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino, y el exdirector general de la Policía Nacional y exsenador del PP, Ignacio Cosidó. Además, había una decena de altos cargos policiales. Todos ellos están salvados.