El PSC pide a ERC que las causas del 1-O no impacten en los pactos en el Parlament y en el Congreso

Si una cosa teme el PSC -y también el PSOE- es que la política catalana vuelva a vivir capítulos convulsos con la entrada a prisión de más dirigentes independentistas en un momento en que Salvador Illa busca afianzar su liderazgo en las encuestas y que Pedro Sánchez se juega la continuidad en la Moncloa. Con esta preocupación expresada entre bambalinas cuando faltan 100 días para las elecciones municipales, los socialistas catalanes han intentado calmar las aguas revueltas en las filas de ERC tras la petición de penas de la Fiscalía contra Josep María Jové, Lluís Salvador y la 'consellera' Natàlia Garriga.

"Esperemos que no tenga ningún impacto político, que podamos separar las cosas y que no se mezcle con otros procesos, como el pacto de presupuestos que acabamos de hacer", ha asegurado la portavoz de los socialistas catalanes en el Parlament, Alícia Romero. Ha sido justo esta semana cuando las cuentas han superado el primer 'round' parlamentario gracias a la alianza tejida entre ERC, el PSC y los Comuns.

A pesar de no ir más allá de expresar "respeto" por las decisiones judiciales y de no entrar a valorar si considera desproporcionada o no la petición, la dirigente socialista ha trasmitido su apoyo a los afectados, con quien ha dicho que mantiene una "relación cordial" y sobre los que ha recordado que tiene que primar la presunción de inocencia. Pero la cúpula de ERC se ha expresado contundente contra lo que el 'president' Pere Aragonès ha definido como una "venganza" de un Estado con una judicatura a la que todavía no ha llegado la "evolución democrática".

Que la reforma del Código Penal haya quedado en "papel mojado", según ERC, con la interpretación que tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía han hecho del delito de malversación escuece en el partido de Oriol Junqueras. Pero también en las filas socialistas aunque ante los focos mantengan las formas. "Hicimos lo que nos tocaba, una reforma para homogeneizar el Código Penal con los códigos europeos", ha defendido Romero. Y preguntada sobre si el poder judicial está interpretando el cambio penal con una lectura distinta a la vocación del legislador ha añadido que, una vez el Parlamento ha hecho su trabajo, corresponde a los tribunales aplicarlo y que ya se sabe que las leyes "siempre son interpretables".

Con vocación de transmitir que no se dé por hecho un final especialmente adverso contra Jové y Salvador, el PSC ha advertido que aún queda mucho recorrido judicial y que cada tribunal puede aplicar el Código Penal con diferentes "matices". Y con la intención de aplacar el dedo acusador de los republicanos, la portavoz socialista ha subrayado la mesa de diálogo y los acuerdos bilaterales sellados entre el Gobierno de Sánchez y ERC, un camino que, ha recordado, dista de la "falta de respuesta política" de un PP al que señala como el impulsor de la judicialización del conflicto.

El ciberataque del 9-N, "grave"

Aunque Romero también ha esquivado mojarse sobre si el Gobierno debería apoyar una investigación sobre si los populares contrataron al empresario israelí Tal Hanan que se atribuye el ciberataque a la Generalitat durante la consulta del 9-N, sí que ha considerado que este fue lo suficientemente "grave" como para que la Fiscalía lo investigue, ya que tuvo un impacto sobre los ciudadanos.