ERC, tras la petición de pena a Jové y Salvadó: "Nos persiguen porque hicimos posible el 1-O"

Las penas de prisión que pide la Fiscalía Superior de Catalunya contra los dirigentes de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y de multa e inhabilitación para la 'consellera' de Cultura, Natàlia Garriga, por la organización del 1-O ha caído como una jarra de agua fría en el independentismo. El partido en el que se inscriben los tres procesados, ERC, ha aseverado que el escrito de la Fiscalía "es un golpe de Estado judicial a la democracia" y que los 7 y 6 años de cárcel, y 32 y 28 de inhabilitación, que se demandan para "los arquitectos del 1-O", como los definió la portavoz republicana, Marta Vilalta, suponen una aberración".

Para la también secretaria general adjunta el juicio a sus tres correligionarios es un proceso "contra los que lo dieron todo para poder cumplir el mandato democrático de la ciudadanía, para que la gente pudiera votar". "Si nos persiguen", prosiguió, "es porque hicimos posible el 1-O. El republicanismo es la principal amenaza del status quo español, porque les ponemos ante el espejo para que sobresalga su autoritarismo".

Vilalta aseveró que la interpretación de la justicia de la reforma del código penal era "esperable", aunque no por ello menos "grave". "Demuestra, una vez más, que la única solución posible es la amnistía".

La reacción del propio Josep María Jové no fue menos furibunda: "Miserables, malas personas y, sobre todo, mucha cobardía", ha escrito vía Twitter el propio Jové tras conocer el castigo que solicita el ministerio fiscal. El independentismo ha salido en tromba a cargar contra lo que define como una "causa general" contra el movimiento.

Si la semana arrancaba con la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la inhabilitación de los principales líderes políticos del referéndum, como Oriol Junqueras y Jordi Turull, el historial judicial crece ahora con este episodio que se circunscribe a la causa que está en manos del juzgado de instrucción número 13, para la que aún no hay fecha de juicio oral ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tachado de "venganza" judicial la pena que pide al Fiscalía y ha prometido trabajar para lograr la absolución de los dirigentes. Una vez más, ha advertido que la "evolución democrática" no ha llegado aún a la judicatura española.

Aunque la división estratégica continúa imperando en las relaciones entre ERC, Junts y la CUP, la intervención de la Fiscalía sí que ha activado la solidaridad entre ellos en el terreno judicial. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha exhibido su apoyo ante lo que considera un "ensañamiento" que atribuye a la voluntad del Estado de "criminalizar" el referéndum del 2017. También la CUP ha lamentado el mecanismo de "venganza" que considera que está operando.

Además de poner en jaque a tres figuras clave de los republicanos, la petición de la Fiscalía también apunta al Govern de Pere Aragonès, ya que, en el caso de Garriga, aunque no haya petición de cárcel, sí que supondría, en caso de condena, la primera baja en el Executiu por una sentencia judicial por el 'procés'.

Es justamente la respuesta conjunta del independentismo y el impacto que puede tener esta causa sobre ERC en el Parlament y en el Govern lo que preocupa en las filas del PSC. La portavoz de los socialistas en el Parlament, Alícia Romero, ha expresado su "respeto" por los procedimientos y decisiones judiciales y ha pedido a ERC que la situación no tenga ningún "impacto político" en el pacto por los presupuestos. "Tenemos que separar las cosas", ha reclamado. De hecho, ha defendido la apuesta por el diálogo y por la reforma del Código Penal del Gobierno de Pedro Sánchez y ha remarcado que la causa que afecta a Jové y Salvador responde a la "falta de respuesta política" del PP cuando estaba en la Moncloa.