El Gobierno asegura que el referéndum que pide ERC no se celebrará “en ningún caso”

Un día después de que el PSOE y ERC pactaran la rebaja de la malversación, de la que se podrán beneficiar los encausados por el ‘procés’, y de que los republicanos abogaran por un referéndum en Catalunya en el que la independencia pudiese declararse siempre que la participación fuera de más de un 50% del censo y los votos a favor sumaran al menos un 55%, el Gobierno central ha dejado claro que no permitirá esta consulta.

Una iniciativa de este tipo, ha señalado este martes a primera hora en TVE el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, es “contraria a la Constitución” y por lo tanto “no se puede celebrar”. En un momento en el que la derecha ataca al Ejecutivo por sus entendimientos con ERC y en el que los barones del PSOE temen el coste de estos pactos en las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo, Bolaños, hombre de confianza de Pedro Sánchez y encargado de las relaciones con los republicanos, ha sido tajante. No habrá un referéndum en Catalunya “en ningún caso”, ha dicho el ministro, “ni por la vía pactada ni por la unilateral”.  Horas después, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos en el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha ido por el mismo camino. "El referéndum es contrario a la Constitución y no se va a celebrar. Desde que Pedro Sánchez es presidente, en Catalunya se cumple la ley", ha señalado.

Entre unas y otras palabras se han producido dos hechos muy relevantes. Por un lado, el presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, tradicionalmente crítico con la política territorial del Ejecutivo central, ha aireado de forma muy contundente sus diferencias con Sánchez, anunciando que acudirá al Constitucional si se autoriza el referéndum y señalando que no resulta "tolerable pactar con delincuentes su propia condena". Y por otro, la portavoz de la Generalitat, la republicana Laura Vilagrà, también ha puesto en duda la negativa del Gobierno a autorizar una consulta sobre la independencia, subrayando que los socialistas también negaban que estuvieran negociando la reforma de la malversación y después acabaron pactándola. "Han dicho que no a tantas cosas que, al final, han acabado pasando. (...) Trabajamos discretamente para que las cosas pasen", ha señalado.

Pero el Gobierno insiste en que el referéndum no se celebrará bajo ningún concepto. Frente a los temores de una parte de los presidentes autonómicos socialistas, fuentes de la Moncloa consideran que la reforma penal acordada con ERC no tendrá efectos en las urnas, porque a los "ciudadanos les preocupa la gestión". En este sentido, ven cómo la crisis territorial se ha desinflamado en buena parte desde que Sánchez llegó a la Moncloa, en 2018.

"Estamos tomando decisiones pensando en recuperar la concordia, la convivencia, y el tiempo nos está dando la razón -ha señalado Rodríguez-. Es un sentimiento compartido por la mayoría de españoles y catalanes. No queremos volver a la Catalunya de 2017. Basta con recorrer hoy las calles de Catalunya para comprobar que se han recuperado los afectos".

El alcance del cambio legal

Bolaños también ha desmentido el alcance que los republicanos otorgan a la rebaja de la malversación, que cuando no exista ánimo de lucro, como ocurrió en el referéndum de 2017, pasará a estar castigada con una pena máxima de cuatro años de cárcel, frente a los 12 actuales en su vertiente más agravada. 

El nuevo artículo, que será el 433 del Código Penal cuando salga aprobado (el pleno del Congreso votará el próximo jueves), dice: “La autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años, si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado, y de inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses, si resultare”. 

Según ERC, no sería aplicable a lo ocurrido el 1-0, ya que entonces no hubo “ningún daño ni entorpecimiento grave del servicio”. La opinión del Gobierno es muy distinta. “Según los hechos probados en la sentencia del ‘procés’, no hay ninguno de los que se cometieron en 2017 que quede despenalizado. Todos están penalizados con unos nuevos delitos como el de desórdenes públicos agravados o el de desvío presupuestario irregular”, ha argumentado Bolaños.