El Parlament pone en marcha el procedimiento para sancionar a Dalmases

Tres meses y medio después de que se publicara la intimidación del diputado de Junts Francesc de Dalmases a una periodista del programa 'Faqs' de TV-3, el Parlament ha puesto en marcha el procedimiento para estudiar la sanción por su comportamiento. Los grupos han convenido "por consenso" que los hechos, acreditados por distintos informes tanto de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) como del partido, contravienen el código de conducta que concierne a todos los parlamentarios, por lo que a partir de este jueves la comisión del estatuto del diputado inicia los trabajos para determinar si son punibles y en qué grado. Dalmases dimitió la semana pasada de la dirección de Junts, pero mantiene su escaño.

La deliberación de la comisión se ha hecho a puerta cerrada y ha arrancado marcada por las nuevas informaciones publicadas por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA en las que otras mujeres manifiestan haberse sentido perjudicadas por el comportamiento del diputado, a quien atribuyen "mobbing", "abuso de poder" o insistencia indeseada por quedar con ellas. El presidente de la comisión, Jaume Alonso-Cuevillas, miembro también de Junts y próximo tanto a Dalmases como a la presidenta suspendida de la institución, Laura Borràs, ha argumentado al inicio de la sesión que, puesto que es la primera vez que se aplica el código de conducta y lo que ahora se haga marcará un precedente de cara al futuro, lo más conveniente es tratar el asunto con carácter reservado, propuesta que ha sido compartida por unanimidad.

¿Qué pasos incluye el proceso que se ha puesto en marcha para sancionar al diputado? De entrada, la comisión ha solicitado a la Cámara el informe que elaboró la dirección de TV-3 y el acta de la comparecencia de Dalmases en la comisión de la CCMA para incorporarlos en la investigación parlamentaria. Además, se dará la posibilidad al diputado de comparecer para explicarse, aunque en estos momentos está de baja médica. El formato de la audiencia no tiene por qué ser presencial, sino que puede hacerse por escrito. De hecho, él mismo ha enviado ya una carta a la comisión en la que reconoce los hechos. Con toda esa información, el órgano deberá elaborar un dictamen en el que puede proponer una sanción, aunque el abasto de ésta será decidido por la mesa del Parlament. Una de las incógnitas es si los grupos cerrarán filas o bien presentarán un informe alternativo al que elabore Cuevillas.

El choque con Cuevillas

Y es que lo que ha generado más controversia antes de afrontar la deliberación han sido las dudas manifestadas por el propio Cuevillas, que considera que los letrados del Parlament deberían haber emitido un informe sobre cómo proceder. La Mesa lo rechazó porque considera que la comisión está facultada, como establece el código de conducta, para estudiar los hechos y elevar, previa audiencia del diputado en cuestión, una propuesta de sanción que, entonces sí, el órgano rector de la Cámara debe ratificar.

Cuevillas ha insistido en que existen dudas sobre el hecho de que el código de conducta "no tiene rango jurídico" para poder imponer sanciones y sobre hasta dónde llega la condición de diputado. También ha señalado que tiene que haber una "gradación" de las sanciones que podrían ser aplicables y que, ha mencionado, van desde la amonestación pública a una multa de entre 600 y 12.000 euros. La semana pasada, el diputado de Junts ya dijo públicamente que él consideraba que la conducta de Dalmases no era "punible", que el código de conducta era una "chapuza" y subrayó que los hechos -agarró por el brazo a la periodista y la abroncó con gritos e insultos en un camerino por la entrevista que se le había hecho a Borràs- se produjeron fuera de la institución.

ERC, la CUP y los 'comuns' le han afeado precisamente este posicionamiento, que consideran que no puede hacerlo en nombre de la comisión. Estos tres grupos defienden que el código de conducta es "claro" y que compete a la comisión verificar si se ha contravenido y las posibles consecuencias, por lo que no debe "delegarse" esa responsabilidad a los servicios jurídicos. También han lamentado que el órgano haya tardado tanto tiempo en convocarse y han recordado la presión ejercida -registraron la petición para forzar una fecha- para que se materializara. Ahora, aseguran, la comisión debería trabajar "sin urgencia", pero de forma "ágil".

Los 'comuns' han recordado, además, que Junts, como el resto de partidos, votaron a favor del código de conducta y que lo que no es de recibo es que, cuando se tiene que aplicar y en función del caso, se considere decir "que no vale". "Los grupos deben ser coherentes. Si no, parece que tomamos posiciones 'ad hoc'", ha advertido el diputado David Cid. En cambio, Cs y PPC sí que han compartido algunas de las dudas manifestadas por Cuevillas y han defendido que los letrados deberían haberse pronunciado. El diputado Nacho Martín-Blanco (Cs) ha manifestado, además, que el Parlament no ser puede "erigir en un tribunal de la santa inquisición" y que el "escarnio público" que está sufriendo Dalmases por su actuación "ya es suficientemente importante".

Más equilibrios ha hecho el PSC, cuyo diputado David Pérez es secretario de la mesa de la comisión que preside Cuevillas. El socialista ha defendido las dudas para impulsar el procedimiento y la importancia que hubiera tenido contar con un informe jurídico de la Cámara, pero al mismo tiempo ha señalado que los artículos 7 y 8 del código de conducta, los que hacen referencia a la actitud ejemplar y la relación con los medios de comunicación, son claros.

Además del caso de Dalmases, la comisión también ha analizado la conducta de los diputados de Vox Ignacio Garriga y Alberto Tarradas por vincular inmigración y delincuencia y por lanzar insultos contra Borràs. En este caso, la mesa del Parlament sí que ha accedido a solicitar un informe a los letrados sobre hasta dónde puede legar la libertad de expresión en sede parlamentaria y la comisión todavía no ha puesto en marcha el proceso sancionador a la espera de este documento.