La maraña del CGPJ, ¿a un paso de desenredarse?

El actual no es el primer retraso vivido en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde la llegada de la democracia, pero sí se ha convertido en el más largo. En diciembre, si no hay un acuerdo antes, llegará a los cuatro años, cuando el mandato es de cinco, así que los vocales actuales prácticamente han visto ya doblado su tiempo previsto en ese órgano.

Es una anomalía institucional, y para ponerle fin ha sido necesario que el que ha sido presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial estos años, Carlos Lesmes, presentara su dimisión tras constatar que los contactos mantenidos entre el Gobierno y el principal partido de la oposición seguían siendo infructuosos.

La renuncia actuó de revulsivo para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunieran, lo que no hacían desde abril. Y el encuentro, al parecer, fue tan fructífero que llamaron a quienes consideran sus interlocutores válidos para que se sumaran: el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el diputado del Parlamento Europeo del PP Esteban González Pons.

Ambos verbalizaron ante la prensa sin demasiado éxito la proximidad del acuerdo. El primero asegurando que esta vez retomaban las negociaciones “en serio”, y el segundo, comparándolas con “la última oportunidad” que se dan las parejas.

Escepticismo

Tantas veces ha estado cerca el acuerdo que en el propio Consejo se muestran escépticos ante esa inminencia. En el pleno del pasado jueves los vocales se tomaron la molestia de nombrar suplente de Lesmes al vocal de más edad, el progresista Rafael Mozo. A la vez decían confiar "en que la nueva reapertura de diálogo cristalice, lo antes posible, en un acuerdo que garantice la renovación inmediata del Consejo" y hacían un nuevo "llamamiento a las Cortes Generales para que, sin más dilación, procedan a cumplir su cometido y determinen la nueva composición".

Pero para entender algo no hay nada como recordar cómo se ha llegado hasta aquí. El CGPJ es el órgano que se encarga de velar por la independencia judicial, de nombrar a la cúpula judicial, y de la formación, los permisos y el régimen disciplinario de los 5.500 jueces y magistrados españoles. Lo componen 20 vocales y su presidente, que debían haber sido relevados el 4 de diciembre de 2018.

Por una vez parecía que se iba a realizar en plazo el trámite previsto en la Constitución, pero unos días antes, el 18 de noviembre, el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, renunciaba públicamente a presidirlo, después de que se hiciera público un whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que aseguraba que con él controlarían la Sala de lo Penal del alto tribunal por la puerta de atrás.

Desencuentros

Desde entonces se han sucedido los encuentros y desencuentros. El PP ha utilizado cualquier excusa para no sentarse a negociar con el Gobierno: su coalición con Podemos, la proximidad de las elecciones catalanas y andaluzas o los apoyos puntuales que Bildu ha prestado al Ejecutivo. La última fue la necesidad de reformar la ley orgánica del poder judicial para que sean los jueces los que eligen a los 12 vocales de extracción judicial. Con el sistema vigente desde 1985 lo hacen las Cámaras a partir de la terna elegida por los magistrados. Los otros ocho son juristas designados directamente por las Cortes.

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez, en un intento de presionar al Partido Popular, modificó la ley para quitar al Consejo la facultad de hacer nombramientos, lo que ha supuesto que no se puedan cubrir las vacantes que se están produciendo en la cúpula judicial. En el Tribunal Supremo la situación se está volviendo "insostenible", al no poderse nombrar a nadie para sustituir a los magistrados que fallecen o se jubilan al cumplir los 72 años.

El propio Ejecutivo se convirtió en víctima de la reforma cuando quiso proceder a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. Los otros dos debe nombrarlos el Consejo, pero como tenía prohibido realizarlos mientras esté en funciones, hubo que volver a modificar la ley para dejarle hacerlo. El Gobierno parecía dispuesto a hacer sus propios nombramientos, pero finalmente decidió esperar a que el CGPJ se pronuncie, aunque se esté retrasando sobre el plazo que la norma le daba, que acababa el 13 de septiembre.

El Constitucional se renueva por tercios y el relevo pendiente debería haberse producido el 12 de junio. Las últimas reuniones del CGPJ estaban destinadas a nombrar a sus dos magistrados para que el Ejecutivo pudiera hacer lo propio, pero un núcleo duro de vocales conservadores ha complicado las negociaciones.

Tanto que Lesmes, que siempre señaló que renunciaría cuando dejara encarrilada la designación, decidió abandonar el barco antes de que se hayan producido avances. Mientras los progresistas han ofrecido hasta nueve candidatos, los conservadores sostienen que no tienen ninguno. Ni cuentan con el que fue vocal a propuesta del PP hasta su jubilación, Rafael Fernández Valverde, incluido en la lista de los primeros.

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