'Fact-check'

Los 8 compromisos de Pere Aragonès: así están al año de su investidura

ESPECIAL MULTIMEDIA | Anatomía del 'aragonesismo'

El 'president' encauza algunos de sus retos, gracias a pactos variables, en sus primeros 12 meses al frente de la Generalitat

El 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, durante su conferencia por el aniversario de las elecciones.

El 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, durante su conferencia por el aniversario de las elecciones. / David Zorrakino / Europa Press

Júlia Regué

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Cuando fue ungido 'president' del Govern, Pere Aragonès dibujó una Generalitat "republicana" con cuatro banderas –la social, la feminista, la verde y la democrática- y ocho compromisos "inaplazables". 12 meses después del discurso con el que se ofreció a dirigir la Generalitat, ¿cuál es el grado de cumplimiento de sus principales promesas? 

Grandes consensos y pactos nacionales

ERC se ha abrazado a la ‘realpolitik’ al tomar el mando del Palau de la Generalitat. Aragonès apostó por grandes consensos y pactos nacionales, algunos sectoriales, que cuesta desencallar –como el Pacte Nacional per la Indústria o el Pacte Nacional per a la Transició Energètica- y otros mucho más concretos que sí han alumbrado: como la renovación de los cargos por designación caducados. La disolución de los bloques ha dado pie a diferentes aritméticas: con el PSC y Junts cerró el acuerdo sobre los medios públicos, con los ‘comuns’ los presupuestos y, con la CUP, pudo ser investido. La falta de acuerdo en defensa de la inmersión lingüística vuelve a tensionar al independentismo, mientras que otros planes como los Juegos Olímpicos y la Copa América acercan a Aragonès (y a Junts) al PSC. 

Mesa de diálogo y Acord per l’Amnistia i l’Autodeterminació

El diálogo está en ‘stand by’. La mesa entre gobiernos sólo se ha reunido una vez con ERC al frente de la Generalitat, el 15 de septiembre de 2021, y se acordó conversar "sin plazos" en una cita con la ausencia destacada de Junts, que se negó a cambiar su alineación para que sólo acudieran ‘consellers’. La negociación se ha enturbiado todavía más después de que se destapara el espionaje al independentismo con Pegasus. Si bien Aragonès acusó a Sánchez de “dinamitarlo”, la mesa llevaba meses fuera del calendario del Gobierno. Esto abrió la puerta a que Esquerra empezara a plantearse posibles planes b, que pasaban por lo que el ‘president’ bautizó como Acord Nacional per l’Amnistia i l’Autodeterminació. El encargo a la sociedad civil hizo que acabara naciendo como un pacto “Social” que está formado por una treintena de personas con el fin de reunir apoyos en defensa de otro referéndum y del fin de las causas judiciales por el ‘procés’. Sus trabajos finalizarán el 1 de octubre de 2022, y para entonces esperan recabar el apoyo de más 90 entidades.

Plan de rescate social de 700 millones de euros 

El ‘president’ prometió un plan de rescate social de 700 millones de euros que se ha ido desarrollando atendiendo a la afectación de la pandemia, a la recuperación económica tras el confinamiento y a la guerra en Ucrania. Fuentes del Govern aseguran que se han destinado 900 millones a combatir los efectos del covid en el mercado laboral, que la Renta Garantizada de Ciudadanía se ha ampliado con 140 millones (llega con esto a los 430) y que otros 20 millones se han dedicado a los gastos de alquiler de personas vulnerables. La partida para políticas de vivienda prometida se redujo a 749 millones de euros en los presupuestos, pero el pacto con los ‘comuns’ contenía que se estiraría hasta los 1.000 millones de euros "en función de los ingresos".

Presupuestos: 25% de Salut a atención primaria y 2% del total a Cultura

El gasto en sanidad se incrementó en 900 millones de euros, un 15% que en 2020, pero las cuentas de la Generalitat no alcanzaron otros compromisos. La inversión en ambulatorios se quedó en un 17%, ocho puntos por debajo de lo prometido. Pese a esto, fuentes del Govern subrayan que es una de las partidas que más incrementó con un presupuesto total de 1.885,1 millones de euros, un 20,7% más que en 2020. Tampoco se logró el 2% en Cultura, aunque la Conselleria elevó el presupuesto en 85 millones (de 300 a 385 millones de euros), pero se quedó en un 1,3% del total.

Gratuidad de la educación de 0 a 3 años y bajada de las ratios

Esta etapa de educación infantil empezará a ser gratuita el próximo curso para las familias catalanas en el nivel P2 de las guarderías municipales y de las que dependen de la Generalitat –no de las privadas-. La administración catalana asumirá los 1.600 euros por plaza dando a los ayuntamientos que gestionan estos centros las partidas concretas. En cuanto a la bajada de las ratios, se hará de forma progresiva durante todos los cursos en los próximos nueve años, empezando el próximo en P3 con un descenso de 25 a 20 alumnos por aula.

Pacte Nacional per la Salut Mental i Emocional

En su primer acto como ‘president’, Aragonès se comprometió a impulsar un Pacte Nacional per la Salut Mental i Emocional. En noviembre, el Consell Executiu aprobó la creación del programa para elaborar el proyecto con un plazo de tres años y, en el debate monográfico que se llevó a cabo en el Parlament a finales de diciembre, PSC, ERC, Junts, CUP y ‘comuns’ avalaron una moción en la misma dirección para reforzar esta línea de trabajo como un plan conjunto entre el ejecutivo y el legislativo.

Prueba piloto de la renta básica universal

La oficina para diseñar un plan piloto que estudie la implementación de la Renta Básica Universal se aprobó en junio y, dos meses y medio después, el Govern nombró al doctor en sociología Sergi Raventós como jefe. La Generalitat se compromete a que la prueba esté en marcha, como tarde, el 1 de diciembre del 2022 con una nueva partida de cuatro millones de euros. El estudio contempla la elección de un total de 5.000 personas, de localidades concretas, que recibirán una renta mensual que estará cerca del umbral de la pobreza y que servirá como grupo de control para amplificarlo después al resto de Catalunya.

Convertir el ICF en un banco público

El Banco de España desestimó la solicitud para que el Institut Català de Finances (ICF) se convierta en un banco público. La Generalitat presentó un recurso y todavía no se ha resuelto. Fuentes del Govern subrayan que “el objetivo estratégico de tener un banco público catalán se mantiene intacto”, por lo que insistirán en la vía de la licencia bancaria sin descartar otras vías todavía por concretar. Además, el 'conseller' Jaume Giró se reunió con el vicepresidente del Banco Central Europeo para solicitar esta "determinación".

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