El Constitucional volverá a rechazar esta semana el intento de Puigdemont de paralizarle

El segundo pleno que celebra el Tribunal Constitucional (TC) bajo la presidencia de Pedro González-Trevijano servirá para asentar su nueva doctrina sobre las recusaciones de sus magistrados. Está previsto que la reunión que comienza este martes y se prolongue hasta el jueves rechace de nuevo el intento del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de paralizar la institución a través de recusar a tal número de magistrados que el resto no sume el quórum suficiente para pronunciarse.

Fuentes del alto tribunal señalan que una vez establecida la nueva doctrina del tribunal, con la que se pretende subsanar el error cometido durante las deliberaciones de la sentencia del Estatut, al admitir la presentada contra el entonces magistrado del TC Pablo Pérez Tremps, se pretende reforzarla en próximas resoluciones, en las que se resuelvan cuestiones que pudieron quedar pendientes en la original.

La primera oportunidad la han blindado los recursos de súplica presentados por Puigdemont, Oriol Junqueras, y otros de los condenados por el 'procés' contra la decisión de rechazar de plano las 33 recusaciones interpuestas contra Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

Los recusantes pretendían que ambos siguieran el ejemplo de Cándido Conde-Pumpido y Antonio Narváez, lo que dejaría el tribunal con ocho magistrados para resolver los recursos relativos al 'procés'. Además, reclamaban que González-Trevijano no participara en la deliberación por amistad con Arnaldo, lo que ya suponía que fueran solo siete, sin contar que Alfredo Montoya está de baja por enfermedad.

El pleno, además, como ya hizo con el de Vox, admitirá a trámite el recurso del PP contra los avales del Institut Català de Finances (ICF), utilizados por los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Puigdemont y otros exaltos cargos del Govern para cubrir los 5,4 millones de euros que les exige el Tribunal de Cuentas.

Nueva doctrina

En el pleno de diciembre el Constitucional modificó su doctrina sobre recusaciones con el argumento de que “la salvaguarda del ejercicio de la jurisdicción constitucional reclama y justifica que no deba excluirse de la conformación del pleno a ninguno de sus magistrados presentes”, porque "a la defensa de la jurisdicción del tribunal todos sus magistrados están llamados, sin que quepa hacer distinciones entre los recusados y los abstenidos”. Se basaba en la propia configuración del tribunal, prevista por tercios para reflejar más fielmente las distintas sensibilidades de la sociedad en cada momento.

El pleno, además, consideraba que los motivos de recusación estaban basados en meras afirmaciones “huérfanas de todo sustento en hechos concretos” y descartaba “que pueda fundarse una duda legítima de imparcialidad, sea por la exteriorización jurisdiccional de un criterio jurídico al resolver un proceso o al discrepar de lo resuelto a través de la formulación de un voto particular, sea por las manifestaciones vertidas en publicaciones académicas o en artículos de opinión antes de haber adquirido la condición de magistrado”.

Como aviso a navegantes afirmaba que “no sólo el Constitucional sino también el resto de tribunales deben ser integrados por jueces que no tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos sometidos a su consideración”, lo que implica que con anterioridad a su llegada al tribunal hayan estudiado asuntos y hayan mantenido ciertos criterios.