El derecho a la vivienda

Choque entre los socios del Govern por la ley antidesahucios ante los cambios que promueve Junts

  • El partido de Puigdemont pide compensar a los propietarios por el alquiler social para evitar otro veto del TC

  • Los republicanos, la CUP y los 'comuns' reclaman mantener lo firmado y defienden el carácter pionero de la ley

Protesta por el desahucio de una familia vulnerable con un menor en Poble Sec.

Protesta por el desahucio de una familia vulnerable con un menor en Poble Sec. / CAPTURA VIDEO EFE

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Fidel Masreal
Fidel Masreal

Periodista

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Los socios del Govern, junto con la CUP y los 'comuns', se comprometieron al inicio de esta legislatura en el Parlament a aprobar cuanto antes una ley para defender las medidas contra los desahucios que el Tribunal Constitucional echó por tierra en enero. Todo parecía encaminado a presentar una nueva norma e, incluso, la firmaron juntos ERC, Junts, CUP y En Comú Podem. Pero JxCat ha reclamado cambios para suavizar el texto, entre ellos, compensar económicamente a los propietarios. El resto de partidos quieren mantener el texto tal como se pactó. El debate es de calado, intenso, y sin una solución a la vista.

El partido del 'expresident' Carles Puigdemont es muy claro: firmó la propuesta de la ley por presiones de la PAH para mantener un compromiso político, pero ya advirtió de que había cosas que no veía claras. Sus 14 enmiendas lo que hacen es, en gran medida, suavizar las exigencias a los propietarios. Y, en concreto, pretenden compensar al arrendador económicamente. Es más, Junts acusa a las entidades, en concreto a la PAH, de no ceñirse a lo que se regulaba en el decreto de 2019 e introducir muchos cambios.

Las enmiendas posconvergentes

JxCat, por ejemplo, quiere pasar de 10 a 15 viviendas privadas el mínimo exigido para aplicar la ley, o recortar la duración del alquiler social en el caso de las personas jurídicas. Pero la clave está en una incorporación: compensar a los arrendadores --salvo los grandes tenedores-- para que el Govern pague la diferencia entre el alquiler social y la renta que resultaría de un alquiler según el índice de referencia existente. Esto será así durante todo el período del alquiler social al que esté obligada la propiedad. "Este movimiento ataca el espíritu de la ley 24/2015, están debilitando la ley, ya lo hicieron con la ley de contención de rentas de alquiler, no son de fiar", apuntan des de la PAH.

Según Junts, esta compensación económica tendría un montante limitado a menos de 700.000 euros y es un mecanismo que existe sin ir más lejos en las medidas adoptadas por el Gobierno central --apoyadas por las fuerzas de izquierdas catalanas-- en el contexto de la pandemia y responde, además, a la necesidad de evitar que el Tribunal Constitucional vuelva a tumbar la nueva ley.

La opinión del resto de grupos

En cambio, fuentes de ERC y los 'comuns' consultadas defienden lo pactado y firmado. Alegan que la ley es pionera y que no les afecta si el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos sí ha compensado al propietario. Aseguran que no se trata de dar marcha atrás a lo acordado con las entidades. Y confían en que Junts rectifique, como hizo parcialmente cuando, habiendo firmado la ley de regulación del precio de alquiler, presentó también enmiendas y al final las suavizó y votó a favor (salvo diputados del PDECat).

Fuentes de los 'comuns' ironizan con la gran preocupación que ahora muestra un partido independentista por el criterio de un tribunal, el TC, cuya autoridad dice no reconocer. ERC evita el choque e insiste en que se debería acelerar porque la nueva prórroga estatal a los desahucios vende el 28 de febrero. Los republicanos niegan que los expertos hayan pedido compensar al propietario e insisten en que es necesario el máximo número de apoyos al texto pactado en lugar de recortarlo.

Grandes tenedores

Pero, según Junts, esta vez tanto los miembros del partido en el Govern como los diputados y los integrantes de la sectorial de vivienda de la formación están en una misma longitud de onda y achacan a la "ideología" la posición de la PAH y el seguidismo, afirman, del resto de partidos. De hecho, van más allá: otras fuerzas, como el PSC, sí podrían votar a favor de los planteamientos de Junts. Se quejan de que no se puede definir como gran tenedor de viviendas a quien tiene pisos en un pequeño pueblo a 300 euros mensuales de alquiler, ni equiparlo con quien los posee en la zona alta de Barcelona a 3.000 euros al mes. Y concluyen: la PAH no ha de marcar la pauta de toda la ley con un discurso, cree Junts, que criminaliza al propietario. Las discusiones con la entidad han sido tensas en el Parlament. Este viernes se reúne precisamente la PAH con la 'consellera' de Acció Social y el secretario de Habitatge.

La nueva ley antidesahucios, que todavía seguirá sus discusiones en el Parlament en ponencia y en comisión antes de votarse en el pleno, tiene cierta urgencia porque, como afirma Junts, existen como mínimo 3.200 familias que quedaron colgadas porque tenían asignada una vivienda en base al decreto, pero el fallo del TC dio al traste con este procedimiento.

Motivos de forma, dijo el TC

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A finales de enero de 2021, el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda impulsado en 2019 por la Generalitat, que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupasen ilegalmente una vivienda. Los magistrados justificaban su decisión en que el Ejecutivo catalán debería haber utilizado una ley en lugar de un decreto para formular la norma.

La sentencia se produjo a raíz de un recurso del PP, que impugnó el decreto ley al considerar que vulneraba el derecho a la propiedad privada y no respetaba un derecho fundamental que se aplica en toda España.