30 nov 2020

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incertidumbre sobre una ley social

JxCat se desdice y deja en el aire la regulación del alquiler

Cs y PPC llevarán la propuesta de ley al Consell de Garanties Estatutaries

Las enmiendas posconvergentes indignan a ERC, 'comuns' y CUP

Júlia Regué

Damià Calvet, ’conseller’ de Territori i Sostenibilitat

Damià Calvet, ’conseller’ de Territori i Sostenibilitat / ALBERT BERTRAN

Todo parecía encaminado para intentar poner coto a los alquileres abusivos en Catalunya con un acuerdo parlamentario de JxCat, ERC, ‘comuns’ y CUP que evitara un nuevo fiasco del Govern como cuando el Parlament tumbó un decreto previo en mayo del 2019. Después de esto, el Departament de Justícia (en manos de ERC) y el Sindicato de Inquilinos se arremangaron en las negociaciaciones y consolidaron un texto en marzo con el aval del Departament de Territori (a cargo de JxCat) que después hicieron extensible a los partidos con el fin de presentarlo como un «acuerdo de país». Acordaron el martes en el pleno que se tramitara por la vía rápida pero, una vez registrado, uno de sus promotores optó por enmendar el propio documento. 

Los posconvergentes mostraron en el hemiciclo sus reservas y, ante el estupor del resto de grupos, anunciaron que presentarían objeciones a lo acordado. En concreto,  para endurecer las condiciones según las cuales se puede declarar que un área tiene «un mercado de vivienda tensionado» y para que no se vean afectados por congelación o bajada del precio del alquiler propietarios con unos ingresos inferiores a 5,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC).

En la reunión celebrada la semana pasada con todos los actores implicados se acordó, según varias fuentes, no poner trabas al asunto, pero desde JxCat aseguran que se reservaron ese derecho. «Se aprobó con el compromiso de no cambiar una coma», apunta una fuente que estuvo en las negociaciones y considera que la maniobra posconvergente supone «una enmienda a la totalidad».

Los ‘comuns’ y la CUP acusaron ayer a JxCat de ceder ante los intereses de los especuladores immobiliarios y dijeron que no aceptarían ninguna enmienda porque «vacían la ley de contenido». En este bando se situó también ERC, que manifestó su «sorpresa» ante lo ocurrido y pidió atenerse al pacto. «Sin pacto a la vista, y con la legislatura que puede acabar en septiembre, nos tememos que en esta legislatura no habrá ley», sentencia un cargo de Justícia. La lectura que hace el partido, ERC, es más en clave electoral.

«Ya sabemos lo que significa que ni derechas, ni de izquierdas. Es decir, de derechas, de toda la vida», informa Xabier Barrena.

El portavoz del Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera, señala en declaraciones a este diario que no aceptará «que a última hora el Govern pretenda cambiar y tergiversar el acuerdo por la puerta de atrás» y pide «lealtad» a JxCat. La organización ya ha pedido una reunión con Quim Torra para tratar de reconducir la situación.

Efectos contrarios

 Por su parte, la Autoritat Catalana de la Competència (ACC) alertó de que la proposición de ley impulsada para obligar a congelar o bajar los precios de los nuevos contratos de alquiler en los municipios catalanes con más de 20.000 habitantes tendría un efecto «incluso contraproducente».

«Esto no se hace sin comunicación. Los grupos parlamentarios del Govern hablaron con el ‘conseller’ de referencia. Los de ERC con Ester Capella y, los de JxCat, con Damià Calvet», titular de Territori, apunta una fuente del Executiu. Ergo «si JxCat firmó la entrada de la propuesta en el registro es que Calvet dio su visto bueno. Incluso hubo una reunión entre los ‘consellers’ republicanos y posconvergentes para verle posibles aristas y no se modificó nada. La sorpresa han sido las enmiendas que ha presentado JxCat», añade.

Sin embargo, la votación prevista para este viernes ha quedado aplazada porque al embrollo entre los impulsores se le suma la maniobra de Cs y el PPC que anunciaron ayer que llevarán el texto al Consell de Garanties Estatutaries (CGE) que deberá resolver sobre la constitucionalidad de la proposición de ley en una plazo de siete días hábiles.

Con este calendario, a menos que se convoque un pleno extraordinario en agosto, escenario poco probable, la norma se votaría en septiembre y podría llegar al Tribunal Constitucional. El CGE ya dictaminó que el decreto previo del Govern que decayó vulneraba el Estatut y la Constitución porque la Generalitat excedía sus competencias.

Los escenarios quedan abiertos y en manos de JxCat, grupo parlamentario en el cual hay debate interno sobre lo sucedido. Si JxCat se abstiene, la norma decae. Si ERC y JxCat pactan enmiendas, ‘comuns’ y CUP se descuelgan y la ley tampoco sale adelante.