Vivienda

El Constitucional anula el decreto-ley del Govern que acepta la ocupación

El Tribunal justifica su decisión en que al Generalitat debería haber utilizado una ley en lugar de un decreto para formular la norma

Fachada del Tribunal Constitucional.

Fachada del Tribunal Constitucional. / ACN / TANIA TAPIA

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Max Jiménez Botías
Max Jiménez Botías

Periodista

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El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda impulsado en 2019 por el Govern, que obligaba a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda.

Fuentes jurídicas han informado de que el Pleno el tribunal de garantías ha declarado por unanimidad la inconstitucionalidad del decreto de vivienda de Catalunya, que fue recurrido por más de 50 diputados del PP en el Congreso, en una sentencia que tiene efecto inmediato. El principal argumento tiene que ver con una cuestión formal por la insuficiencia del cauce legal empleado, esto es por haberse aprobado por decreto y no por ley, informa Efe.

El tribunal barajó la posibilidad de aplazar esta sentencia para evitar problemas en plena campaña electoral, que empieza esta medianoche, pero finalmente se acordó su resolución. El PP presentó este recurso al considerar que el decreto ley aprobado por el Govern vulnera el derecho a la propiedad privada y no respeta un derecho fundamental que se aplica en toda España. "No permitiremos que Catalunya se convierta en una especie de paraíso 'ocupa' inédito en el resto de Europa, y a la vez en un infierno tanto para los propietarios como para aquellas familias que no ocupan ningún piso, que no tiran ninguna puerta sino que esperan pacientemente en las listas de espera de vivienda social", aseguró en junio pasado el líder del PPC, Alejandro Fernández.

Dictamen del Consejo de Garantías

Se trata del decreto-ley 17/2019 de medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat, en diciembre del 2019 y previamente, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) consideró inconstitucional esta normativa, en un dictamen emitido a requerimiento de Cs, después de que el Parlament diera luz verde al decreto de ley impulsado por el ejecutivo catalán. El decreto contó con el apoyo de los partidos catalanes (JxCat, ERC, comunes y CUP) la abstención del PSC y la oposición de Ciudadanos y PPC, mientras que el sector inmobiliario en su totalidad se manifestó claramente en contra y los colectivos ciudadanos como el Sindicat de Llogateres, celebraron su aprobación. El 'conseller' de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, ha censurado que el Constitucional "filtra de nuevo una sentencia que pretende destruir el escudo social en vivienda que ha construido el Govern y el Parlament, eliminando el alquiler social obligatorio y dejando a miles de personas y familias desprotegidas"

El Consejo consideró "irracional" y arbitrario" algunos de los preceptos del decreto-ley, ya que define como "vivienda vacía" la que está ocupada ilegalmente y obliga a su propietario a ofrecer un alquiler social antes de iniciar una demanda judicial para recuperarla. "Se podía esperar que el Constitucional se prenunciara en el mismo sentido que el Consejo de Garantías, aunque de momento la razón esgrimida es forma, lo cierto es que la cuestión del fondo es que se conculca un derecho, el de la propiedad", ha comentado Óscar Gorgues, responsable de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona

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El Sindicat de Llogateres ha protestado esta tarde junto a varias entidades vecinales en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra la anulación, por parte del Tribunal Constitucional, del decreto ley del Govern . "No nos sorprende la decisión del Tribunal Constitucional si tenemos en cuenta su trayectoria", ha comentado la responsable de coordinación del sindicato, Sílvia Abadía.

Hasta ocho entidades y asociaciones vecinales han participado en el acto de protesta ante el Palau de la Generalitat para criticar la actuación del Partido Popular (PP), defender la soberanía del Parlament y exigir al Gobierno central un marco regulatorio en todo el Estado.