Gobierno y PP avalan a Arnaldo para el TC con nueve votos díscolos

El pacto del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con el PP para renovar tres órganos constitucionales se culminó este jueves en el Congreso de los Diputados entre ásperas críticas del resto del hemiciclo. Socialistas, morados y populares sacaron adelante su acuerdo global para actualizar los cargos del Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Constitucional en una votación que reflejó claramente el malestar por un trato que se ha hecho a espaldas de la Cámara y, encima, incluía un candidato, a propuesta por el PP, muy polémico: Enrique Arnaldo. El Ejecutivo espera que, cuanto antes, los conservadores se avengan a renovar también el Consejo General del Poder Judicial, que en diciembre cumplirá tres años con el mandato caducado. De hecho, en los contactos para pactar los cambios refrendados este jueves ya se abordaron los nombres de los posibles futuros vocales del CGPJ, como adelantó este diario.

"Creo que tenían fuerza suficiente para plantarse", lanza Rufián a los morados

La incomodidad se mostró en el seno de los protagonistas del acuerdo y también en el resto de la oposición. Si hubieran cumplido con la disciplina de voto ordenada por el PSOE, Unidas Podemos, el PP y Foro Asturias (socio electoral de los populares), Arnaldo debería haber recibido 243 'síes'. Sin embargo, obtuvo 232 respaldos, ocho votos en blanco y uno nulo. Según fuentes de la dirección socialista, dos de sus diputados se equivocaron en la votación (el exministro José Luis Ábalos y el otro, el pacense Mariano Sánchez), de manera que hubo nueve díscolos que no atendieron la indicación de las direcciones de sus respectivos grupos. Solo había dos fugas con nombres y apellidos hasta el jueves por la tarde: el del socialista Odón Elorza y el de la morada Meri Pita.

Y fuera del núcleo pactista, el resto de la oposición exhibió su enfado rechazando participar en las votaciones, que fueron telemáticas y secretas. Los diputados de Vox, Ciudadanos, ERC, PNV, Bildu, Junts, PDECat, Más País, la CUP y el BNG no quisieron ejercer su derecho y, además, la mitad de ellos (los independentistas catalanes, vascos y gallegos) se ausentaron del hemiciclo cuando llegó el momento de conocer el resultado.

Los otros tres aspirantes que serán también futuros magistrados del Constitucional junto a Arnaldo son: Inmaculada Montalbán, a propuesta por el PSOE (recabó 240 'síes'); Ramón Sáez, por Unidas Podemos (240), y Concepción Espejel, también por el PP (237). Ángel Gabilondo ya cuenta con el aval del Congreso como nuevo Defensor del Pueblo, con 240 votos a favor, seis en blanco y tres nulos. Y los nuevos seis consejeros de Tribunal de Cuentas serán: Enriqueta Chicano, Isabel Fernández Torres, Dolores Genaro, Diego Íñiguez, José Manuel Otero y Miguel Ángel Torres Morato. Todos ellos recibieron 239 'síes' menos Otero, que obtuvo 238. En el caso del Tribunal de Cuentas hubo 10 señorías que optaron por dejarlo en blanco.

Arnaldo mantuvo durante su larga carrera profesional numerosos vínculos con gobiernos autonómicos del PP, incluidos políticos condenados por corrupción como Jaume Matas, y ha llegado a minimizar la trascendencia de la financiación irregular de esa formación en artículos de prensa.  Esa relación con el partido conservador entierra la “idoneidad” que deben tener esos magistrados, según la mayoría de la oposición, por no responder a la doctrina del Tribunal Constitucional y también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que los jueces no solo deben ser imparciales sino también parecerlo.

La mayoría de las críticas se lanzaron al Ejecutivo en su conjunto, pero se volvieron más ácidas aún contra Unidas Podemos. “Ustedes no tienen un pase, nunca se vuelvan a subir aquí a dar lecciones a nadie de limpieza y regeneración”, lanzó a los morados Edmundo Bal (Cs). También en esa línea se manifestó Gabriel Rufián (ERC): "Yo ya vengo decepcionado de casa con el PSOE, pero con Unidas Podemos sorprende. Creo que tenían fuerza suficiente para plantarse".

A las reprimendas recibidas, el portavoz de Unidas Podemos, Antón Gómez Reino, esgrimió el argumento del bien mayor: "Mientras el PP sea imprescindible, solo hay dos opciones: pactar con ellos sabiendo lo que son o permitirles que continúen con el secuestro de las instituciones y las conviertan en una oposición en la sombra y no democrática". Sus palabras, recibidas en silencio en las bancadas socialistas y moradas, arrancaron la respuesta burlona de Vox al grito de "Sí se puede. Sí se puede".

Las informaciones sobre las múltiples relaciones de Arnaldo con el PP llevaron al PSOE y Podemos a amarrar los votos de sus diputados. El grupo socialista obligó a sus parlamentarios a enviar el comprobante a la dirección (algo que siempre hace cuando se hace de manera telemática) y en él aparecía el nombre de los candidatos que habían escrito. Este proceso se debería haber realizado en voto secreto en urna, aunque por motivos de covid y, para evitar la manipulación de los papeles por varias personas, la Mesa del Congreso la decidió hacer de manera telemática.

El Tribunal Constitucional completó el proceso de nombramiento y, dos horas después, declaró la idoneidad de los cuatro por nueve votos a favor y uno en contra en una votación secreta. Su dictamen solo obedece a constatar que todos ellos reúnen los requisitos de ser español y juez, fiscal, abogado o académico con una experiencia de 15 años, informa Ángeles Vázquez.