Diálogo institucional

El Gobierno y el PP se reunirán con voluntad de avanzar también en el CGPJ

El acercamiento para negociar el Poder Judicial llega después de que el PSOE se haya abierto a estudiar la modificación de la ley orgánica que exige Casado

Los populares quieren dar más poder a los jueces para acercarse a los estándares europeos y el líder conservador reclama un compromiso en el Congreso

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Pilar Santos

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La sintonía entre el Gobierno y el PP es mayor de la que podría haberse imaginado hace solo una semana. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general de los conservadores, Teodoro García Egea, se reunirán esta semana con voluntad de renovar todos los órganos constitucionales con el mandato caducado, incluido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según ha podido saber este diario, ambos negociadores han creado un clima de confianza y una comunicación muy fluida con el objetivo de llegar a un pacto no solo en los nombres del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, sino también en avanzar para actualizar la composición del Poder Judicial. Ni uno ni otro quiere “radiar” las conversaciones ni concretar las citas que tienen. La previsión es que se vuelvan a ver cara a cara este martes o miércoles.

Los conservadores mantienen la exigencia de que se reforme la ley orgánica que regula el CGPJ para dar más poder a los jueces y espera alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo de cómo y cuándo acometer esa modificación legal. En todo caso, la renovación que toca ahora (y que lleva un retraso de tres años) se hará con la norma de 1985, porque el proceso de elección de los vocales ya está en marcha.

"Lo único que está claro es el objetivo, el cómo se llegue es lo que tenemos que ir viendo y hay muchas formas de hacerlo", apuntan sobre el Poder Judicial desde la dirección del PP

Según fuentes conocedoras de la negociación, es posible también desatascar el futuro del Poder Judicial, porque el PSOE se ha abierto por primera vez "a debatir un nuevo marco legislativo" y ver si hay que "modernizar" la ley orgánica, sin que eso signifique un cambio radical en el modelo de nombramiento de los jueces. El acercamiento en este punto es incipiente. El grupo socialista ha enviado señales estas últimas semanas de que está dispuesto a que "cada grupo parlamentario" ponga sobre la mesa los "detalles concretos" que considere necesarios y el PP "negocie" con todo el hemiciclo. Esas fuentes no concretan si el Gobierno presentaría un proyecto de ley o los socialistas apoyarían una proposición de ley de los conservadores. Los populares ya llevaron una sobre este asunto hace dos semanas y la mayoría parlamentaria, incluido el PSOE, se la tumbó. "Es que en este ámbito lo único que está claro es el objetivo, el cómo se llegue es lo que tenemos que ir viendo y hay muchas formas de hacerlo", apuntan desde la dirección del PP. "Si queremos, el Poder Judicial está renovado antes de Navidad", añaden.

Un portavoz oficial de la Moncloa, sin embargo, rebajó el optimismo de las fuentes que están participando en las negociaciones y apuntó que esta semana lo único seguro que se dará a conocer es la lista de "nombres de los otros cuatro órganos" y el sistema actual de elección "no se cambiará".

Los populares exigen un compromiso fehaciente de que se reformará la ley para acercarla a los estándares europeos y proponen que ese gesto se haga de forma anterior o simultánea a la aprobación de los nombres de los nuevos vocales. Una idea, señalan en la sede de Génova, sería que en el pleno del Congreso se votaran los nuevos miembros del CGPJ y, de manera consecutiva, la toma en consideración del nuevo texto legal, el trámite que supone el inicio del proceso para cambiar la ley orgánica. Este lunes, en Onda Cero, el presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho que quiere verlo publicado "en el Diario de Sesiones" de la Cámara baja. Los conservadores proponen que 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos directamente por los propios jueces.

Los nombramientos en los cuatro órganos cuya renovación está más adelantada requiere de varias etapas en el Congreso antes de poder ser aprobados

Los cambios de argumentos de los populares

La velocidad del deshielo entre el Ejecutivo y los populares es sorprendente después de haber estado desde febrero sin sentarse para abordar estos nombramientos. En la sede del PP lo explican por razones externas principalmente: se sucedieron elecciones (catalanas y madrileñas) y también mociones de censura (en Murcia y Castilla y León). En el Gobierno, achacan a Casado el retraso por sus variadas excusas para no renovar un Poder Judicial que le es favorable, ya que tiene mayoría conservadora (se eligió cuando Mariano Rajoy estaba en la Moncloa).

Los populares han ido cambiando de argumentos: primero no aceptaban que Unidas Podemos participara "en las negociaciones", después no podían renovar el CGPJ por la "actitud" del Gobierno ante la salida de Juan Carlos de España, tampoco al ver que el Ejecutivo concedía los indultos del 'procés', también rechazó nombres de los magistrados que proponía el PSOE (Victoria Rosell y José Ricardo de Prada) y, la última petición, con la que los populares van a llegar a la meta, es el cambio de la ley para fortalecer la "independencia judicial".

El acercamiento entre ambas partes empezó a fraguarse el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados. Ese día ya decidieron acordar en una primera fase los cuatro órganos con el mandato prorrogado y dejar para el final el CGPJ, con el ánimo restablecer los canales de comunicación y avanzar. Bolaños y García Egea se vieron esa misma tarde y el jueves anunciaron que habían conseguido desatascar la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. El Poder Judicial quedaba para una segunda fase que parece que va a llegar más pronto de lo que cabía imaginar después de que este asunto quedara varado por la falta de voluntad política del PP y el inmovilismo del Ejecutivo.

Un proceso con varias etapas

Socialistas y populares dijeron la semana pasada que la renovación de los cuatro órganos se llevará a cabo la semana próxima tanto en el Congreso como en el Senado, concretaron en un comunicado. Pero el calendario de plenos está complicado ya que han empezado su andadura los Presupuestos Generales del Estado, cuya tramitación es prioritaria. El Gobierno siempre tiene la opción de pedir un pleno extraordinario pero, antes de que ese pleno llegue, los nombres deben completar sus propios procesos.

En el caso del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, la Mesa del Congreso debe abrir primero el plazo para que les presenten candidatos. Después, los grupos parlamentarios deben registrarlos y los afectados están obligados a ir a la comisión consultiva de nombramientos. Ya después se procedería a la votación en el pleno.

En el caso del Defensor del Pueblo, el camino es parecido y también tendrá que comparecer en la comisión mixta que existe para esa institución. Lo que ocurre es que, según la ley orgánica que lo rige, entre la audiencia en la comisión y el pleno de la Cámara baja deberán pasar como mínimo 10 días.

Para el cargo de presidente y adjunto de la Agencia de Protección de Datos, el camino empieza en el Consejo de Ministros, que hace una propuesta mediante real decreto. El Gobierno debe remitir los nombres al Congreso y, tras la audiencia de los afectados, deben ser ratificados por la comisión de justicia. La votación se realiza ya en ese órgano y debe alcanzar la mayoría de tres quintos en la primera ronda. Si no se alcanzara, se pasaría a una segunda inmediatamente después en la que solo haría falta mayoría absoluta.

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