La justicia escocesa abandona el proceso de extradición de Ponsatí porque no es competente

El Tribunal de Edimburgo ha determinado este jueves que el proceso de extradición a España de la 'exconsellera' catalana Clara Ponsatí es "imposible" para las cortes escocesas y compete a las "autoridades españolas". Asimismo ha concluido que el caso de Ponsatí, reclamada por un delito de sedición por su participación en el referéndum ilegal de independencia de Catalunya en 2017, no se puede resolver por la justicia del país, ya que la exconsellera vive y trabaja en Bélgica y está fuera de la jurisdicción de Escocia. "No se puede extraditar a alguien que no está aquí", ha afirmado el juez Nigel Ross en la audiencia celebrada este jueves en ante la Fiscalía de Escocia -representando al Gobierno de España- y los letrados de Clara Ponsatí, Aamer Anwar y Clair Mitchell.

Durante la audiencia, la Fiscalía escocesa, representada por John Scott, ha criticado la ruptura de confianza de Ponsatí con el Tribunal al no haber notificado su cambio de residencia a Bélgica hasta el pasado mayo, cuando éste tuvo lugar en enero de 2020, según la orden del Tribunal General Europeo de Justicia del pasado 30 de julio. Asimismo, según las condiciones de su libertad establecidas el pasado noviembre de 2019, la 'exconsellera' debería haber notificado cualquier cambio con antelación.

"Esta mañana [por este jueves] hemos comparecido ante el Tribunal, representando a Clara Ponsatí -quien ha estado ausente en la vista- habiendo anticipado que ella ya no se encontraba dentro de la jurisdicción escocesa", ha declarado a los medios congregados a la salida del tribunal su abogado defensor, Aamer Anwar. El representante legal de Ponsatí ha agregado que "ha sido acordado que debe ser retirada su orden y que las acciones de este tribunal para su extradición han llegado a su final".

El pasado 30 de julio el Tribunal General de la Unión Europea (TGEU) revocó su decisión de devolver a Ponsatí, como a sus compañeros de partido (JxCat) al Parlamento europeo, Carles Puigdemont y Toni Comín, su inmunidad parlamentaria retirada por la Cámara en el mes de marzo.

Sin embargo, las euroórdenes contra los eurodiputados proindependentistas se mantienen suspendidas hasta que el Tribunal Superior de Justicia Europeo (TSJEU) se pronuncie a la cuestión prejudicial que el juez instructor, Pablo Llarena, interpuso para esclarecer los criterios de rechazo de entrega de un ciudadano. Una vez que el TSJEU se pronuncie, el juez Llarena determinará las acciones a seguir con el fin de extraditar a los tres europarlamentarios proindependentistas huidos de la Justicia tras su participación en el referéndum ilegal de independencia de Catalunya en octubre de 2017.