El tablero catalán

La justicia europea retira la inmunidad a Puigdemont. ¿Y ahora qué?

  • El juez Llarena está a la espera de que el TJUE resuelva unas cuestiones prejudiciales para decidir si reactiva las euroórdenes, ahora congeladas

  • El TGUE no ve probable en su resolución que el 'expresident', Comín y Ponsatí puedan ser ahora mismo detenidos

Carles Puigdemont en la Eurocámara.

Carles Puigdemont en la Eurocámara. / REUTERS / YVES HERMAN

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El Periódico

El Tribunal General de la Unión Europea ha retirado la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont y los otros dos eurodiputados de JxCat en su misma situación, Toni Comín y Clara Ponsatí. El tribunal ha revocado la decisión provisional que adoptó el pasado 2 de junio de concederles temporalmente la inmunidad parlamentaria hasta que resolviera sobre el recurso que los tres eurodiputados presentaron contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar el suplicatorio que solicitó el Tribunal Supremo. Se reabre así el litigio judicial sobre la euroorden contra el 'expresident' y los dos 'exconsellers' por los hechos del 1-O. ¿Qué pasará ahora? Repasamos los diferentes escenarios.

Siguen siendo eurodiputados

El levantamiento de la inmunidad parlamentaria no supone que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí pierdan su condición de eurodiputados, ni que sean extraditados automáticamente. Únicamente permitirá reactivar las euroórdenes en su contra que quedaron paralizadas cuando asumieron sus escaños. Es decir, la concesión del permiso para actuar contra ellos permite retomar la vía judicial en Bélgica (que decide sobre Puigdemont y Comín) y Escocia (que resuelve sobre Ponsatí), pero no garantiza su entrega. La retirada de la inmunidad da respuesta a la petición del Supremo pero no prevé juicio alguno.

Euroórdenes congeladas

La activación de las euroórdenes en todo caso no será inmediata dado que están congeladas después de que el juez Larrena, ante el temor a que se aplicase con Puigdemont, Comín y Ponsatí el mismo criterio que con Lluís Puig --del que Bélgica rechazó su extradición a España-- , planteara una cuestión prejudicial al TJUE sobre las razones de denegación de una euroorden. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena está a la espera de a la respuesta del TJUE antes de decidir si las reactiva, a fin de que la justicia europea fije de forma clara y precisa los criterios para rechazarlas. La tramitación de esta cuestión supone pues la paralización del proceso en Bélgica y Escocia a la espera del dictamen de Estrasburgo. Ante las dudas legales, Llarena plantea siete preguntas al Tribunal de Justicia de la UE. Este órgano no responderá a corto plazo, dado que acordó tramitar la cuestión prejudicial por el procedimiento ordinario y no acelerado como había solicitado el juez Llarena.

¿Pueden ser detenidos?

Es la gran pregunta. En su resolución, el Tribunal General de la UE argumenta la retirada de la inmunidad aduciendo que Puigdemont, Comín y Ponsatí no han "acreditado con un grado de probabilidad suficiente" que puedan ser detenidos. Y argumenta que "la inmunidad que ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunió́n del Parlamento o cuando regresen de este permanece jurídicamente intacta" y "en consecuencia, pueden desplazarse para asistir a las reuniones". Por tanto, descarta que Puigdemont, Comín y Ponsatí "pueden invocar vá́lidamente (...) la existencia de un perjuicio grave e irreparable" y "un supuesto riesgo de ser detenidos, concretamente en Francia, con ocasió́n de un desplazamiento para participar en una sesió́n parlamentaria en Estrasburgo". Esto significa, que los tres podrán desplazarse de Bélgica a Estrasburgo (Francia) sin temor a ser detenidos.

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Además, el TGUE ha tenido en cuenta que las autoridades judiciales belgas denegaron la ejecución de la euroorden contra el 'exconseller' Lluís Puig, que huyó a Bélgica en 2017 junto a Puigdemont y Comín.

Así pues, mientras el Tribunal de Justicia de la UE no se pronuncie sobre los asuntos prejudiciales sobre los que ha prguntado Llarena, "nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las ó́rdenes de detenció́n europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españ̃olas", concluye el TGUE.