La justicia europea devuelve temporalmente la inmunidad a Puigdemont

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Clara Ponsatí y Toni Comín recuperan provisionalmente su inmunidad parlamentaria. El vicepresidente del Tribunal General de la UE, el chipriota Savvas Papasavvas, ha accedido a la petición de las medidas cautelares solicitadas por los tres eurodiputados y ha paralizado provisionalmente la suspensión aprobada a principios de marzo por el pleno del Parlamento Europeo, tras un largo procedimiento de más de un año a raíz del suplicatorio enviado por el Tribunal Supremo a inicios de 2020.

La decisión quedará suspendida hasta que la Corte europea adopte una resolución definitiva sobre el recurso de los tres políticos de Junts. Según recuerda en su auto el tribunal con sede en Luxemburgo, el Parlamento Europeo todavía no ha podido presentar sus observaciones sobre la demanda de medidas cautelares, por lo que “a día de hoy no es posible determinar si su fundamento ha quedado suficientemente demostrado”.

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Los tres eurodiputados presentaron el pasado 19 de mayo un recurso de anulación a la decisión del pleno del 9 de marzo que aceptó el suplicatorio solicitado por el juez Pablo Llarena. En él, alegaron que la Eurocámara no les había garantizado la posibilidad de ejercer, en su calidad de eurodiputados, sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos y que había vulnerado los derechos que les confieren varios artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Unos días después, el 26 de mayo, presentaron una demanda de medidas provisionales en la que pidieron al vicepresidente del Tribunal General la suspensión de la ejecución de las decisiones.

Puigdemont, Comín y Ponsatí alegaron que existe el riesgo de que sean detenidos en Francia si acuden a los plenos

Riesgo a ser detenidos

En su recurso, advierten de que hay “un riesgo real e inminente” de que puedan ser detenidos y encarcelados lo que les impediría representar a los ciudadanos de la UE durante el resto de su mandato. En concreto, alegan que esas decisiones permiten a cualquier Estado miembro y al Reino Unido –donde sigue el proceso contra Ponsatí– ejecutar las órdenes de detención europeas emitidas contra ellos, y que cualquier autoridad judicial podría detenerlos o limitar su libertad de circulación y entregarlos a las autoridades españolas.

Este hecho, insisten, podría causarles “un perjuicio grave e irreparable” ya que su posible detención o la limitación de su libertad de circulación vulneraría su derecho a desempeñar sus funciones de diputados europeos. Teniendo en cuenta que el Parlamento ha anunciado la intención de reanudar sus sesiones plenarias en Estrasburgo a partir del pleno que arrancará la semana del 7 de junio, alegan que se verían expuestos al riesgo de ser detenidos si viajaran a Francia.

El vicepresidente del alto tribunal señala en su auto que, de resultar fundadas, las alegaciones fácticas y jurídicas de los tres eurodiputados justifican que se mantenga el statu quo hasta que sean examinadas más detalladamente dichas alegaciones y se pronuncie con carácter definitivo sobre la demanda de medidas provisionales.