PROCESO JUDICIAL

La fiscalía investiga los avales de ICF otorgados a los dirigentes independentistas

  • Ciudadanos presentó una denuncia, ahora aceptada, aunque el caso pasa a la fiscalía provincial de Barcelona

El líder de ERC, Oriol Junqueras.

El líder de ERC, Oriol Junqueras.

3
Se lee en minutos
J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

Escribe desde Barcelona

ver +
Fidel Masreal
Fidel Masreal

Periodista

ver +
Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad de Cs, PP, Vox y CUP

Escribe desde Barcelona

ver +

La Fiscalía Superior de Catalunya ha decidido este miércoles incoar unas diligencias de investigación por las concesión de 29 avales otorgados por el Institut Català de Financies (ICF) a los exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidente Artur Mas y Carles Puigdemont y el dirigente de ERC Oriol Junqueras, a los que el Tribunal de Cuentas reclama, junto a otras cinco encausados, 5,4 millones de euros por los gastos para internacionalizar el 'procés'. De esta manera, acepta la denuncia presentada por Ciudadanos por un presunto delito de malversación, aunque remite las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Barcelona para que continúe el proceso para aclarar la intervención de los miembros de la junta de Gobierno de esta institución.

La fiscalía archiva el asunto para actuales miembros del Ejecutivo catalán porque el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), órgano judicial ante el que debe responder los aforados, ya tiene en su poder dos querellas, una de ellas de Convivencia Cívica y otra de Vox, en las que figuran el 'president' Pere Aragonés y los 'consellers' Jaume Giró y Laura Vilagrà. La demanda del partido político fue registrada como diligencia indeterminada y está pendiente de un trámite administrativo. La segunda fue presentada recientemente y todavía no está registrada. Por lo tanto, todavía no están admitidas y deben pasar antes por determinados pasos, como el nombramiento del magistrado ponente, el traslado a la fiscalía para que informe y su aceptación o no.

El 'conseller' de Economia, Jaume Giró, lamentó el uso partidista por parte de las fuerzas que presentó la denuncia ante la fiscalía, a la vez que insistió que el decreto ley de la Generalitat "es impecable jurídicamente, será muy difícil que alguien diga lo contrario si se lo lee de forma estrictamente técnica, porque avala exclusivamente la presunción de inocencia" de los investigados. El líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, exhibió su satisfacción por la tramitación de la denuncia y aseveró que "se ha acabado la impunidad en la Generalitat". "Garantizaremos que aquellos que quieren robar a los catalanes no se vayan de rositas", añadió, y acusó al PSC de "mirar hacia otro lado" para no poner en riesgo los apoyos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Polémica antes y después

La presentación de los avales estuvo precedida de polémica. Tres representantes independientes de la junta de gobierno del ICF abandonaron sus cargos dos días antes de la cúpula sometiera a votación la firma de los 29 avales. Al final, el consejero delegado del ICF se abstuvo, tres de los miembros de la junta de gobierno -los representantes de la Generalitat- votaron a favor y otros tres independientes, que no cesaron, lo hicieron en contra. Uno de los vocales, cargo de ERC, no participó en la votación, por lo que el presidente del ICF, Albert Castellanos, tuvo que deshacer el empate con su voto de calidad.

Noticias relacionadas

Estas discrepancias han dado pólvora a los detractores de la decisión de la Generalitat de crear el denominado Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya, gestionado por el ICF y dotado con 10 millones de euros, al que se han acogido 29 de los 34 encausados por el Tribunal de Cuentas. Precisamente este mismo órgano fiscalizador ha puesto en duda su legalidad y ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado.

El pleno del Parlament debe debatir y convalidar este jueves el decreto de los avales, una votación que se producirá el mismo día en que el Consell de Garanties Estatutàries dará a conocer su dictamen sobre el mismo.