Choque ERC-Junts

Tres directivos del ICF dimitieron antes de votar el aval ante el Tribunal de Cuentas

  • La activación de la institución para cubrir a algunos de los exaltos cargos de la Generalitat reabre la herida entre ERC y Junts

  • Cs lleva a la fiscalía a los miembros del ICF y a los representantes del Ejecutivo para que investigue si han incurrido en los delitos de malversación y prevaricación

El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, interviene en una rueda de prensa posterior a una reunión del Consell Executiu.

El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, interviene en una rueda de prensa posterior a una reunión del Consell Executiu. / DAVIZ ZORRAKINO (Europa Press)

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Fidel Masreal
Fidel Masreal

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Júlia Regué
Júlia Regué

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La activación del Institut Català de Finances (ICF) como avalador provisional para rescatar a los exaltos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas millonarias por la acción exterior se ha saldado con tres dimisiones en la institución. Tres representantes independientes de la junta de gobierno -Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger- abandonaron sus cargos dos días antes de que el miércoles la cúpula sometiera a votación la firma de los 29 avales, según fuentes del ICF. Los dimisionarios tenían el mandato vencido desde el pasado 1 de julio, al igual que el resto de miembros de este organismo, según fuentes del Govern. La junta está compuesta por seis independientes (tres de ellos son los que decidieron dejar el cargo) y 5 miembros a propuesta del Ejecutivo catalán. Todos ellos están pendientes de renovación.

El Govern preveía encontrar un banco que actuara como avalador -y la Generalitat como contraaval con el fondo de 10 millones de euros- y evitar usar al ICF como inicialmente se contemplaba en el decreto aprobado el 6 de julio en el Consell Executiu, pero ninguna entidad financiera se prestó a participar en la operación. El 'conseller' de Economia, Jaume Giró, descartó en rueda de prensa recurrir al ICF para proteger a sus profesionales, pero apenas 24 horas después de descartarlo se desdijo y apuntó que había recibido llamadas de la institución dando el visto bueno a que el ICF actuara. En aquel entonces los tres directivos ya habían dimitido, como ha avanzado 'La Vanguardia'.

En la cúpula de la institución hubo muchas dudas y división, hasta el punto de que el miércoles por la noche, a pocas horas de agotar el plazo para presentar los avales, el consejero delegado se abstuvo, tres de los miembros de la junta de gobierno -los representantes de la Generalitat- votaron a favor y otros tres independientes, que no cesaron, lo hicieron en contra. Uno de los vocales, cargo de ERC, no participó en la votación, por lo que el presidente del ICF, Albert Castellanos, tuvo que deshacer el empate con su voto de calidad.

Versiones opuestas

Todo esto desembocó en una crisis entre los socios en el Govern. Y es que los dos principales partidos independentistas se acusan mutuamente de falta de gallardía o de coherencia en las decisiones que pueden tener consecuencias judiciales.

El resumen de Junts es que ERC ha actuado como a las puertas de la declaración unilateral de independencia del 2017: empujando al partido de Carles Puigdemont a tomar una medida controvertida esperando que no salga adelante. Y es que, según su versión, los republicanos sabían que en la cúpula del ICF había reticencias a plantarse en el caso ante los riesgos legales que puede acarrear. Cs, precisamente, ya ha acudido este viernes a la fiscalía para que investigue si los directivos del ICF y los miembros del Govern han incurrido en los delitos de prevaricación y malversación.

Junts asegura que ERC tenía perfectamente detectado que en el organismo que depende de la Conselleria de Economía había quien no quería avalar y forzaron la máquina para que fuera Giró el que quedara en evidencia. Una versión totalmente opuesta a la que ofrecen sus socios.

Los republicanos afean a Giró que quisiera acaparar todo el protagonismo y que compareciera en rueda de prensa cuando, según ERC, hubiera sido más prudente no dar relieve a una operación pendiente y con muchos flecos en la que el 'conseller' cambió el guion y, sin previo aviso, anunció que no quería comprometer a los profesionales del ICF. Algo de lo que tuvo que desdecirse al día siguiente en el pleno del Parlament.

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Los dos partidos en coalición coinciden en que esta no es una batalla definitiva porque probablemente el Tribunal de Cuentas no aceptará que el ICF se haya implicado, con lo que será un banco el que tendrá que ponerse detrás de la operación, una vez el Consell de Garanties Estatutàries avale -como es previsible- el decreto con el que el Govern blindó el rescate de algunos de sus exaltos cargos. También está por ver el recorrido judicial de los recursos anunciados por las derechas.