El Govern arriesga y avala las fianzas del Tribunal de Cuentas a través del ICF

La mayoría de los 34 exaltos cargos de la Generalitat a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros en fianzas se han acogido al fondo del Govern para evitar avalar con su patrimonio después de que el Govern diera marcha atrás y se arriesgara a cubrir las cantidades requeridas por gastos relacionados con la acción exterior durante el 'procés' a través del Institut Català de Finances (ICF). Un cambio súbito que ha generado polémica entre los dos socios del Ejecutivo, que puede tener otro giro si algún banco acaba asumiendo el aval en el caso de que el Consell de Garanties acredite la legalidad del fondo y que las derechas llevarán a los tribunales.

Los avales debían entregarse antes de las 0.00 horas de este jueves, pero problemas en la tramitación de toda la documentación necesaria que el ICF debe entregar al Tribunal de Cuentas han provocado que la gestión se retrase hasta este jueves por la mañana, según han confirmado fuentes del Govern a EL PERIÓDICO.

La Conselleria de Economia solicitó el martes un margen de 15 días para gestionar la petición de los cargos de Govern para acogerse al fondo para cubrir las fianzas, informa Europa Press. El documento, firmado por Giró, explica que el Govern está tramitando las solicitudes para verificar que cumplen las condiciones necesarias, como no tener una póliza previa de la Generalitat, no estar condenado por un hecho ilícito o que la Generalitat no se hubiera personado contra ellos. Esta solicitud no paraliza los avales a través del ICF.

Dudas de las defensas

En todo caso, la decisión del Govern de recurrir al ICF es complejo y las defensas siguen teniendo dudas sobre si el órgano fiscalizador aceptará la maniobra de la Generalitat, por lo que estudian presentar alegaciones para ampliar el plazo y defienden que todo esto les permite ganar tiempo para que sigan recabando fondos en la 'caja de solidaridad' -que pone a disposición de los encausados 1,2 millones de euros- y en las cuentas abiertas por los partidos para recibir donaciones particulares.

Tras cerrar el martes la puerta al uso del ICF como avalador, el 'conseller' de Economia, Jaume Giró, anunció este miércoles todo lo contrario: que después de recibir "llamadas" de cargos de este ente dispuestos a colaborar y tras debatirlo con el 'president' Pere Aragonès, activaría esta institución ante la falta de un banco que se abra a participar en la operación. Un aval que fuentes de Economia aseguran que será temporal, porque seguirán buscando entidades financieras, incluso en el extranjero, que se abran a colaborar.

"Mis palabras de ayer sirvieron de algo. He recibido llamadas estas horas de gente del ICF que ha pedido por favor que intentemos usar esta disposición adicional como está previsto en el decreto ley. Esto es lo que haremos", espetó, después de que descartara esta opción por "prudencia" y para no poner en peligro a los profesionales de la institución. El ICF es la entidad que gestiona el fondo creado por el Govern el 6 de julio con una dotación inicial de 10 millones de euros pendiente de convalidación parlamentaria.

El primer conflicto

La intrahistoria es otra. Según Junts, pese a que el decreto del Govern preveía activar al ICF, sus responsables rechazaron esta vía. ERC niega esta versión y sostiene que Albert Castellanos, responsable del ICF está totalmente de acuerdo con implicarse. El partido del 'expresident' Carles Puigdemont sostiene que posteriormente se optó por activar al ICF pero reclamó que fuera el 'president' Pere Aragonès quien lo expusiera. El martes por la noche se produjeron diversos contactos a alto nivel para resolver el conflicto, dado que Giró mostró su malestar y quiso ser él quien anunciara finalmente la resolución.

La versión de Presidència es que Aragonès ha apoyado en todo momento al 'conseller' de Economia y que quizás este podría haber precisado mejor sus palabras el martes en rueda de prensa. ERC va más allá y mantiene que Giró no quería aplicar este mecanismo y lanzó el mensaje sin haberlo pactado antes, unilateralmente, cuando el máximo responsable del ICF estaba ya dispuesto a aplicar el mecanismo.

El plan b, en marcha

Sin embargo, este anuncio no desactiva otra vía paralela a partir de este jueves -una vez el ICF ya haya actuado- para cubrir las fianzas: la 'caja de solidaridad' del 'procés' aportará 1,2 millones de euros y los partidos, a través de donaciones particulares, abonarán el resto, al tiempo que los encausados están tasando sus propiedades y bienes por si, al final, deben cubrir la fianza con ellos si el Tribunal de Cuentas no acepta el mecanismo ofrecido por la Generalitat.

En una entrevista en SER Catalunya, Artur Mas ya advertía esta mañana de las "altísimas probabilidades" de que el Tribunal de Cuentas rechace esa opción con la "excusa de que, como es un banco público que pertenece a la Generalitat, la Generalitat no puede directamente cubrir con un aval" a las personas encausadas. Una opinión, la de Mas, que no ha gustado internamente.