El contenido de la ponencia marco

Avances en fiscalidad, laicidad y poder de las bases: las propuestas del PSOE para el 40º Congreso

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al nuevo líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, el pasado 17 de julio en Sevilla. 

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al nuevo líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, el pasado 17 de julio en Sevilla.  / EFE / JULIO MUÑOZ

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Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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304 páginas sostienen el proyecto socialista para los próximos cuatro años. El que ha diseñado la dirección de Pedro Sánchez, bajo la coordinación de dos mujeres, la eurodiputada andaluza Lina Gálvez y la portavoz en la Asamblea madrileña, Hana Jalloul. La ponencia marco, que sirve de base para el debate de cara al 40º Congreso Federal del PSOE y que ahora podrá ser enmendada por las bases y las federaciones territoriales, no contiene estridencias.

El documento reafirma los compromisos del Gobierno de coalición, pone el acento en lo verde y lo digital, abandona el controvertido concepto de España "plurinacional" y dibuja avances en fiscalidad, mercado laboral, laicidad, protección animal, reconocimiento de nuevos derechos o poder para la militancia.

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Ponencia marco del 40º Congreso Federal del PSOE

Ponencia marco del 40º Congreso Federal del PSOE

Son 2.732 párrafos que señalan el camino a un PSOE que, en sus 142 años de vida, quiere ampliar su rotulación y definirse, además, como un partido "feminista y ecologista". Aquí están las principales propuestas, agrupadas en diez ejes temáticos.

Transición ecológica y digital y autonomía estratégica

En coherencia con la agenda del Gobierno, y guiándose por las líneas marcadas por la Unión Europea y que fijan también los carriles del plan de recuperación, los socialistas aseguran que todo el foco debe estar puesto en la transición ecológica y digital de la economía y la apuesta por la innovación. Caras, explican, de la misma moneda. Un “nuevo paradigma” de la economía al que tienen que ayudar de manera definitiva los fondos europeos y que supone la transformación verde y sostenible (reducción de las emisiones de carbono hasta llegar a la neutralidad climática en 2050, electrificación, fiscalidad verde, ahorro energético…), y la digitalización del tejido productivo (adopción intensiva de tecnologías y servicios digitales, el empleo masivo de datos, inteligencia artificial, medicina personalizada…) para ganar en competitividad.

Ejecutivo y PSOE son muy insistentes en la necesidad de reorientar la estructura económica y en reforzar la autonomía estratégica, más ahora cuando se han visto las debilidades de las industrias nacionales con el estallido de la pandemia del covid. Es decir, se trata de fomentar “la fabricación de productos en sectores esenciales o estratégicos como el farmacéutico o el biotecnológico, promoviendo medidas que permitan aumentar la escala de nuestras empresas y fomentar el emprendimiento en estos sectores”. La “mejora de nuestra autonomía estratégica pasa por una estrategia de reindustrialización alineada con la transición ecológica y basada en la innovación”. 

Pleno empleo "de calidad" y contrarreforma laboral

El PSOE reafirma su “compromiso” con el pleno empleo “de calidad” y con los salarios dignos como parte del nuevo contrato social que propone frente a la “ofensiva”, dice, de la derecha. Para alcanzar ambos objetivos y abordar los “desajustes de la revolución digital y ambiental” y “solventar los problemas estructurales derivados de la creciente precariedad laboral” y la reducción de oportunidades para una buena parte de los trabajadores, los socialistas apuestan por “una profunda revisión del marco laboral, que elimine las medidas más nocivas de los cambios introducidos por los gobiernos del Partido Popular”.

No se habla de una derogación completa de la reforma laboral de 2012, pero sí de la reposición de elementos como el fortalecimiento de la negociación colectiva o la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, cuestiones que llevan mucho tiempo presentes en los programas electorales y en resoluciones políticas del partido. El texto también recuerda el compromiso de acabar con la brecha salarial de género y de avanzar en la subida del salario mínimo hasta llegar, en 2023, al 60% del sueldo medio.

Para atajar la dualidad, el texto plantea establecer desincentivos “eficaces” para combatir la contratación temporal abusiva sin causa, mediante la “elevación de las indemnizaciones en los contratos temporales”. También se daría preferencia a las suspensiones temporales de empleos (ertes). Las Administraciones públicas deben ser “pioneras en la extensión de la estabilidad en el empleo, erradicando la precariedad laboral y garantizando unos servicios públicos de calidad”.

También se entiende vital luchar contra la economía sumergida y el fraude laboral y regular el derecho a la desconexión. El PSOE apuesta por el fomento del teletrabajo, pero cuidando que no se abran nuevas brechas. El trabajo a distancia sin control “puede hacer que se refuercen los roles de género y el reparto de tiempos y trabajos se haga de manera aún más desigual que antes, generando nuevas fuentes de estrés, tensiones familiares y laborales y un desarrollo profesional desigual, algo especialmente grave también para nuestras economías”, advierte la ponencia.

En materia impositiva, el PSOE se reafirma en la necesidad de reconstruir un “sistema fiscal progresivo” y de territorializar los beneficios empresariales, mediante un “sistema de base imponible común y consolidada del impuesto de sociedades a nivel europeo”. Los socialistas juzgan “urgente” adoptar un tipo efectivo mínimo internacional en sociedades, ya que la competencia a la baja “no puede continuar”, y lanzar una regulación “mejor”, dentro de la UE, contra los paraísos fiscales.

Puertas para dentro, el PSOE quiere avanzar hacia una “recaudación tributaria equivalente al promedio de la UE, profundizar en un modelo progresivo” y mejorar la “lucha contra el fraude”. Así, un primer objetivo sería “someter a una profunda revisión el impuesto sobre sociedades”. Dos, debatir la posibilidad de “introducir impuestos negativos sobre la rete en coherencia con las distintas prestaciones sociales, especialmente el ingreso mínimo vital (IMV)”. Tres, “armonizar” la tributación sobre la riqueza, “sin aumentar la carga de las clases medias y mejorar la justicia fiscal”. Cuatro, tributación verde. Cinco, reformar el modelo de financiación autonómica y local. Y seis, fomentar la educación fiscal y financiera para contar con  “una ciudadanía crítica y comprometida con el espacio público compartido”. 

Abolir la prostitución, nuevos derechos y proteger al colectivo LGTBIQ

El PSOE cree fundamental “transversalizar” el enfoque de género y “erradicar” la violencia contra mujeres y niñas. Plantea la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género, cuya vigencia acaba en 2022, culminar la tramitación legislativa del ‘solo sí es sí’, impulsar el “necesario consenso político y social” para abolir la prostitución (Unidas Podemos, el socio de gobierno, está dividido entre los abolicionistas y los partidarios de la regulación), empujar para una mayor presencia de las mujeres en los consejos de administración (el texto denuncia que las empresas “no han sabido responder al mandato democrático” de situarlas en los puestos de mando), universalizar la educación gratuita de 0 a 3 años, garantizar el derecho a los cuidados “universal” y utilizar la escuela como un motor clave para la igualdad. Además, la ponencia no cambia la posición del partido sobre la gestación subrogada: se mantiene la negativa, ya que no se puede “consentir la mercantilización y tráfico del cuerpo y de la capacidad reproductora de las mujeres al servicio de terceras personas”. 

En cuestión de derechos y libertades, el PSOE subraya que se trata de lograr nuevos objetivos (como la ‘ley Zerolo’, para la igualdad de trato y la no discriminación, en tramitación), consolidar las conquistas “frente a las nuevas amenazas de la ultraderecha”, y avanzar hacia una “sociedad heterogénea e inclusiva construida desde el mestizaje, desde la interculturalidad, desde el respeto y la visibilidad sin impedimentos”. Entre los nuevos objetivos, señala la Carta de Derechos Digitales que el Ejecutivo ya ha presentado, promover un pacto de Estado contra la desinformación o reconocer el derecho a la sostenibilidad y al medio ambiente.

Además, el partido remarca su “compromiso claro, rotundo e indiscutible con el colectivo LGTBI+”. Una afirmación nada gratuita por el enfrentamiento con su socio de Unidas Podemos a cuenta de la ley trans, choque que se logró parar antes del Orgullo con el consenso sobre el anteproyecto de la nueva ley, que reconoce la autodeterminación de género “conforme al principio constitucional de libre desarrollo de la personalidad y con plenas garantías jurídicas, para acabar con la exclusión y con las dificultades administrativas actuales, incorporando a menores, y despatologizando el proceso”, como el PSOE “siempre” ha defendido. En este capítulo también entran las políticas para la no discriminación racial o étnica o por razones de edad, por discapacidad o por enfermedad. 

Ampliación del IMV y ley estatal de vivienda

Los socialistas plantean que a los cuatro pilares básicos del Estado del bienestar (educación, sanidad, pensiones y dependencia) se añada un quinto, las políticas de inclusión. Reiteran su compromiso con una reforma constitucional que “incorpore como derechos fundamentales la protección social y la sanidad, el acceso a la educación y a los servicios sociales, y la garantía del poder adquisitivo de las pensiones”. También que fije la salud “como eje de todas las políticas” y el derecho de asistencia sanitaria como un derecho fundamental, de primer nivel.

El texto apunta a la necesidad de reforma del sistema de pensiones para absorber a los ‘baby boomers’ –reforma que pilota el ministro José Luis Escrivá y que es más complicada que la parte ya pactada con los agentes sociales, que incluye la actualización conforme al IPC-, para garantizar unas prestaciones “dignas y suficientes” y “mejorar la prestación social”.

Entre las “prioridades” del fortalecimiento del Estado del bienestar figuran la mejora de los servicios públicos y la reforma del sistema de dependencia (nuevos servicios, acabar con las listas de espera, adaptar las residencias a posibles emergencias sanitarias o proponer un cambio de atención residencial y conectar y coordinar los centros de mayores con los servicios sanitarios). Asimismo, se recuerda el compromiso de erradicación de la pobreza infantil y se plantea ampliar la cobertura de rentas a familias con niños hasta 18 años que están percibiendo ya el IMV y también para los que no lo perciben y su renta es superior a los límites establecidos en el IMV pero siguen bajo el umbral de la pobreza.

El documento refleja que ya está próxima a ver la luz la primera ley estatal de vivienda, atascada desde hace meses por los choques entre los socios a cuenta de la limitación de los precios del alquiler. El PSOE sigue apostando por la fórmula que defendía el ya exministro José Luis Ábalos: incentivos fiscales para “la reducción de los precios del alquiler y el incremento de la oferta a precio asequible”. También reivindica la ampliación del parque público de vivienda, la movilización de pisos vacíos y la apuesta “decidida” por la rehabilitación. 

Ciencia como asunto “de país” y fortalecimiento de la sanidad

Los socialistas quieren seguir aumentando los recursos destinados a la ciencia. En 2019, España dedicó el 1,25% de su PIB a la I+D+i, un salto importante pero lejos de la media europea (2,13%). El partido propone que se blinde el Pacto por la Ciencia presentado en febrero de 2021 y que plantea el objetivo de inversión en I+D+i marcado por la Comisión Europea: alcanzar el 3% del PIB en 2030 con un 1,25% de inversión pública. Es decir, que ese pacto sea un asunto “de país”, que quede al margen de vaivenes políticos y obligue al Gobierno de turno a mantener los compromisos de gasto en este capítulo. El texto calcula que se necesitan 2.400 millones de euros adicionales en 2024 con respecto a 2020 de gasto por parte del Gobierno central. El compromiso se cumpliría hasta 2023 gracias a los fondos europeos y luego sería mantener los incrementos en años sucesivos. El PSOE considera “esencial” avanzar en el enfoque de género en ciencia y promover la promoción del personal investigador eliminando barreras legales.

En materia sanitaria, los socialistas pretenden aprobar una ley que consolide la universalidad de la sanidad pública como “derecho de ciudadanía” e impida la implementación de nuevos copagos. La eutanasia se incorpora a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. El PSOE apuesta por “un modelo sanitario público, universal, de calidad, equitativo, eficaz, eficiente, suficientemente financiado y sostenible en el tiempo”. Pero el sistema, reconoce, necesita de cambios organizativos y potenciar “la investigación, el desarrollo y la innovación en salud”, para lo que se debe aprovechar la inyección de los fondos europeos.

Y aunque la sanidad sea una competencia autonómica, el Gobierno promoverá “medidas de carácter básico para el SNS”, como el desarrollo de un plan urgente de digitalización en atención primaria y comunitaria. La pandemia, razona la ponencia, ha evidenciado la necesidad de profundizar en los “instrumentos de cogobernanza”, reforzando “la cooperación y coordinación en el SNS”, y también la urgencia de “fortalecer” las competencias el Ministerio de Sanidad y dotarle de más recursos técnicos y humanos. Asimismo, se desplegará la Estrategia de Salud Mental en la que ya trabaja el departamento que dirige Carolina Darias. El covid ha demostrado asimismo la necesidad de un sistema de salud pública “robusto” y “ágil”

Una Fiscalía de Sala para la protección animal

España se ha comprometido a reducir las emisiones contaminantes un 23% en 2030 y alcanzar la neutralidad climática “antes de 2050”. El Gobierno destinará el 40% de los fondos europeos a la transición ecológica. Se compromete a “cumplir con el calendario previsto de cierre de las centrales nucleares”. La fiscalidad ambiental, asegura la ponencia, caminará en dos direcciones: creación y fortalecimiento de impuestos ambientales no regresivos y “supresión de subsidios perniciosos para el medio ambiente”.

El Ejecutivo ya había adelantado que, en la modificación del Código Penal que prepara, se castigaría la mala praxis en la experimentación con animales. La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo pasaría a denominarse Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, Urbanismo y Protección Animal. Los socialistas prometen promover “las ciudades verdes accesibles en 15 minutos, que responden al objetivo clave de hacer las ciudades más habitables, de modo que los servicios básicos como el trabajo, la sanidad, las tiendas, la cultura y el ocio estén a menos de 15 minutos de casa, andando o en bicicleta”.

Potenciación de la industria audiovisual y educación y deporte como pilares

Una vez aprobada la nueva ley educativa, la LOMLOE (que reemplaza a la LOMCE, que impulsó el PP), el PSOE juzga prioritario combatir la brecha digital, impulsar una perspectiva transversal de coeducación e igualdad de género en todas las etapas (promocionando las vocaciones STEM entre las niñas y jóvenes), seguir incrementando los recursos destinados a becas, reducir la tasa de abandono escolar y aumentar la inversión en educación. Ahora la meta es aprobar una nueva ley de Formación Profesional y otra más de Universidades, que promueva la “excelencia” en los campus españoles, “mejore la equidad y profundice en la autonomía universitaria como mejor estrategia para el cambio”.

En cuanto a cultura, materia “relevante” y nada “accesoria o meramente ornamental”, debe ser potenciada ahora que está en plena transformación y tras haber sufrido el zarpazo del covid. El Ejecutivo apuesta, y se vio en la gira del presidente Pedro Sánchez por EEUU, por el desarrollo de la industria audiovisual y del videojuego.

En deporte, los socialistas ambicionan un modelo caracterizado por la “igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres”, la “histórica profesionalización del fútbol femenino” que está acometiendo el Ejecutivo o el impulso del deporte inclusivo, cuestiones que quedarán reflejadas en la nueva ley del deporte, en tramitación. También se quiere mejorar y modernizar el programa ADO para los olímpicos. 

Acabar con los bloqueos de investidura o limitar los aforamientos

El proyecto de ley de memoria democrática, ya enviado al Congreso, es una de las piedras angulares de la legislatura, una “cuestión de Estado”, de mirada al pasado pero sobre todo un “compromiso de futuro”. “No podemos permitir que la derecha haga un uso torticero” de la norma, “impulsando el revisionismo histórico e incitando al odio y la crispación en amplios sectores de la ciudadanía”, remarca el texto. La ley pone a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en el “centro”, enfatiza el papel “activo” de las mujeres en la defensa de los valores democráticos, reconoce el derecho de verdad, justicia y reparación y el deber de memoria.

En este capítulo entra asimismo la Justicia. Se plantea la aprobación de un nuevo Código Civil (el actual es de 1889) para “la sociedad del siglo XXI”. Se asume la necesidad de “un mayor esfuerzo de financiación, modernización tecnológica y convocatorias de jueces, fiscales y personal de administración”. Además, para “democratizar” la carrera judicial e incrementar “el pluralismo social en el seno del Poder Judicial y romper inercias elitistas”, se arbitrará un sistema de becas para los aspirantes a los distintos cuerpos, sin que la situación económica sea “un impedimento insuperable”. En la misma línea, el PSOE apuesta por “garantizar que jóvenes universitarios que no tengan los recursos necesarios puedan optar a plazas de altos funcionarios mediante la articulación de un programa de ayudas”.

Los socialistas recuperan la idea de la reforma constitucional para limitar el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno a las actividades relacionadas en el ejercicio de su cargo. También pretenden “profundizar en la transparencia y rendición de cuentas de todas las instituciones del Estado, incluida la Casa Real, algo que además coincide con la voluntad manifestada por la Jefatura del Estado”. Un punto en el que, por ahora, no se ha avanzado más. Se rescata asimismo la promesa electoral de tocar la Carta Magna para impedir que las investiduras del presidente del Gobierno se bloqueen y se evite así la repetición electoral. El sistema al que mira el PSOE es el que rige en Euskadi o Asturias.

“Fortalecer las instituciones” es renovar y tiempo y forma los órganos constitucionales, la “dignificación del Parlamento” o luchar “denodadamente” contra la corrupción. Se apuesta por reforzar el pacto antitransfuguismo (del que se salió el PP a raíz de la moción de censura fallida en Murcia) y por un control más exigente, a través de la ley, de esta forma de “corrupción”. Además de la simplificación del voto rogado, se incluye un clásico del PSOE: debatir la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo pasivo a los jóvenes de 16 y 17 años. Se propone mejorar la transparencia de la Administración y que sean examinados en el Congreso todos los altos cargos por debajo del ministro, empezando por los secretarios de Estado.

El PSOE mantiene su idea de cambiar el Código Penal para que no se repitan condenas como aquella por la que fue castigado el rapero Pablo Hásel, para que una expresión artística, “por crítica o mordaz que sea”, no suponga ir a la cárcel. Sí deben tener reproche penal, sigue el texto, las que inciten a la violencia o sean una amenaza real contra personas o instituciones. 

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Denunciar los Acuerdos con la Santa Sede "en consenso" con la Iglesia

La denuncia de los Acuerdos con el Vaticano de 1979 ha entrado y salido de los programas electorales del PSOE, y es un debate recurrente ya desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese punto no se incluyó en el manifiesto para las generales de abril de 2019, pero sí para la repetición electoral de noviembre de ese año. Ahora se introduce una novedad, muy significativa. La denuncia de los Acuerdos de 1979 se llevaría a cabo “en diálogo con la Iglesia, buscando el consenso e impulsando desde el Gobierno unos nuevos acuerdos con el Vaticano propios de nuestro tiempo, en el marco de los valores y principios de la democracia constitucional y desde el respeto mutuo y adecuada distinción entre el Estado y la Iglesia, beneficiosa para ambos”.

Antes no se precisaba que se haría buscando el consenso con la Santa Sede. Y es que las relaciones del actual Ejecutivo con la Iglesia no son conflictivas. Ferraz rescata también otra vieja promesa, que tenía en cartera la exvicepresidenta Carmen Calvo: la aprobación de una ley de libertad de conciencia, religiosa y de convicciones, que “promueva el desarrollo de las diferentes opciones de ética privada, religiosas, morales o filosóficas de todas las personas”. 

Mayor transparencia interna y cambios de las ejecutivas si se toca poder

Ya el 39º Congreso del PSOE, de 2017, el que solemnizó la entrega del trono de Ferraz a Pedro Sánchez, sirvió para empoderar a las bases (y a la ejecutiva federal). Ahora se pretende profundizar en esa línea. En el primer semestre de 2022, se pondrá en funcionamiento “la iniciativa política de la militancia” (a imitación de la iniciativa legislativa popular), “una vía de participación que constituye un derecho individual de ejercicio colectivo, por el cual un número determinado de afiliados pueden hacer llegar a los órganos del partido una iniciativa política para que se someta a su consideración”. Para ello se creará el espacio web www.casadelpueblo.es. Se redactará un plan federal de reestructuración de las sedes socialistas, para ganar en eficiencia, y se desarrollarán las agrupaciones de gran ciudad, compromiso arrastrado desde 2018 pero que, en urbes como Madrid, aún no se había abordado.

Se creará asimismo la figura del delegado de Seguimiento, Rendición de Cuentas y Transparencia de las distintas ejecutivas, y se creará un portal de transparencia y rendición de cuentas centralizado.

La Fundación Pablo Iglesias, que quiere convertirse en un ‘think tank’ de referencia, también impulsará “una mayor vinculación y colaboración con quienes fueron secretarios generales” del PSOE y con los expresidentes del Gobierno socialistas. Se fomentará la digitalización, la formación de la militancia, se reducirá la huella de carbono en las sedes y se permitirá cambiar las ejecutivas cuando durante la vigencia del mandato orgánico se pase de la oposición al Gobierno (ahora no se podía hacer). Además, el PSOE se definirá en el nuevo congreso como “feminista y ecologista”.