Reforma de las pensiones: lo que se ha aprobado y lo que queda por negociar

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al primer bloque de la reforma de las pensiones de la 'era Sánchez'. Es la séptima gran reforma del sistema público en la historia de España, desde aquella primera modificación efectuada en el 1985. La última batería de medidas para modificar el régimen de pensiones pone el énfasis en el mantenimiento del poder adquisitivo de las pagas, ligándolas al IPC; a la vez que introduce una serie de incentivos y desincentivos para alargar las carreras laborales. No obstante, en los últimos días el debate sobre esta cuestión que afecta directa o indirectamente a la gran mayoría de españoles se ha centrado más en lo que queda por negociar, que en lo aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Felipe González realizó la primera gran reforma de las pensiones, en el 1985; José María Aznar las tocó dos veces, en el 1997 y en el 2002; José Luís Rodríguez Zapatero hizo lo propio también en dos ocasiones, en el 2007 y el 2011; y Mariano Rajoy formalizó la suya en el 2013. Y excepto la del presidente gallego, todas las anteriores y la más reciente se firmaron con el acuerdo con patronal y sindicatos. 

Esa entente en el seno del diálogo social no ha sido siempre una cuestión fácil y en el primer bloque de medidas diseñadas por el ministro José Luís Escrivá costó más de seis meses acabar cerrando un primer pacto. A costa de varias cesiones de parte del ministro y de desplazar las cuestiones más espinosas para otro bloque de medidas que deberá dilucidarse a finales de este año. Con la tinta todavía sin secar del primer pacto, todos los líderes de patronal y sindicatos coincidieron en que esa segunda fase será más complicado cerrarla con acuerdo entre todos. 

Escrivá empañó la foto que él mismo había propiciado avanzándose a esa segunda fase y anticipando una futura disyuntiva para los 'baby boomers': o trabajan más o verán recortada su pensión. El propio ministro se corrigió al día siguiente, arrepintiéndose más por las formas -"no tuve mi mejor día", dijo- que no del fondo; pues con sus declaraciones era consciente que ha condicionado un debate que ya está más centrado en lo que falta, que no en lo cerrado. Estas son las claves de lo que ya está aprobado y que será remitido al Congreso y de lo que todavía no está definido y deberá ser negociado.

Pensiones ligadas al IPC

El acuerdo validado este martes por el Consejo de Ministros incluye el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Para ello, estas se revalorizarán automáticamente cada año según la media del IPC del año anterior, realizando el cálculo de dicha media de noviembre a noviembre. Así el Gobierno asegura que las pensiones suban al mismo ritmo que la inflación. Y, en caso de que esta sea negativa, las pensiones ese año no se moverán. Aquí los agentes sociales, especialmente los sindicatos, le ganaron la mano a Escrivá, que era partidario de introducir un sistema de cálculo con medias móviles que moderará la subida de las pensiones en los años posteriores a una inflación negativa. Con el fin de contener ligeramente el gasto público. Finalmente, la fórmula aprobada es la más sencilla y clara de entender: las pensiones subirán lo que suba la inflación.

Incentivos y desincentivos para trabajar más

El equipo de Escrivá ha insistido durante las últimas semanas que lo más relevante para la viabilidad del sistema público de pensiones ya está cerrado y va en este primer bloque de medidas aprobado este martes. Es a través del régimen de incentivos y desincentivos para que las personas trabajen más años que el Gobierno confía en equilibrar las cuentas de la Seguridad Social. En ningún caso, según declaró Escrivá, elevando la edad legal de jubilación. Y quita hierro a cuestiones como el aumento de los años cotizados para calcular la pensión o la introducción de un mecanismo sustitutorio del factor del sostenibilidad, heredado del PP y que ligaba la cuantía de la prestación a la esperanza de vida.

Escrivá aspira a elevar dos años, progresivamente hasta el 2050, la edad media efectiva a la que se jubilan los españoles, hasta los 66 años y medio. No obligando a los españoles a trabajar más, sino premiándoles con más pensión si alargan su carrera y penalizándoles si la acortan. Para ello, lo ya aprobado confiere a los trabajadores el 4% más de pensión durante toda su vida por cada año que pospongan su retiro. O, como alternativa, un cheque de entre 4.786 y 12.060 euros por cada año más de vida laboral. Y, en el otro platillo de la balanza, el acuerdo ya cerrado incorpora coeficientes reductores más altos para la pensión durante los primeros meses de un retiro anticipado. También suben ostensiblemente las penalizaciones para las prejubilaciones entre los trabajadores con salarios más altos, pero estas no entrarán en vigor hasta el 2024 y lo harán gradualmente.  

Coto a la jubilación forzosa y parcial

Otro de los puntales de este primer acuerdo son las limitaciones para los retiros forzados. Los convenios colectivos solo podrán obligar en muy pocos supuestos a un trabajador a retirarse y nunca antes de que el ocupado acumule los años de cotización mínimos. También incide sobre las jubilaciones parciales, que según estiman desde Seguridad Social hasta ahora se acababan traduciendo en trabajadores que compactaban los tiempos y en vez de trabajar menos durante más años, trabajan lo mismo durante menos años y se retiraban antes.

Separación de fuentes

Un pilar de la reforma de pensiones que se coló a última hora en el acuerdo fue la separación de los gastos propios e impropios que actualmente asume la Seguridad Social. Esta entrará ya en vigor en el 2022. Para reforzarla, el Estado inyectará entre 22.000 y 23.000 millones de euros para acabar de subsanar el déficit que arrastra la Seguridad Social al asumir gastos que no se financian directamente con la contribución de los cotizantes, como pensiones de viudedad o subsidios.

Temas pendientes

Lo anteriormente expuesto ya está plasmado en el anteproyecto de ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Y lo más espinoso quedará para el segundo y tercer bloque de reformas. Aquí se debatirá sobre el mecanismo de "equidad intergeneracional", el nombre que le ha buscado el Gobierno a un factor que condicionará el importe de la pensión a la esperanza de vida y a la pirámide demográfica. Aunque todavía no se sabe cómo. Aquí Escrivá manifestó que una posibilidad que contemplaba era que los 'baby boomers' asumieran "un pequeño ajuste en su pensión". O "trabajaran más", aunque siempre dejando abiertas ambas vías, pues elevar la edad legal de jubilación es una cuestión descartada por todos los actores.

Otro elemento que Escrivá y los agentes sociales deberán debatir es si se aumenta o no el periodo cotizado para calcular la pensión. La primera reforma de Felipe González elevó desde dos años hasta los ocho previos a la jubilación. Actualmente está en 25 años y Escrivá ha llegado a estudiar elevarla hasta 35 años. Queda pendiente resolver esta cuestión, pero desde Unidas Podemos y los sindicatos ya han avanzado que no aceptarán ninguna medida en ese sentido si esta significa recortar el importe final. Escrivá defiende que ahora las carreras profesionales son diferentes y que los últimos años no son necesariamente los mejores, abriendo la puerta a pactar un cambio en el sistema de cálculo, pero con un efecto neutro sobre la pensión.

La tercera pata de las asignaturas pendientes es introducir un "incremento gradual de la base de cotización máxima del sistema, acompasada de una adaptación de la pensión máxima", según queda reflejado en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas y que está fechado para su entrada en vigor a partir del 2022. Según el ministro, el aumento de las bases máximas de cotización (por encima de los 4.070,10 euros actuales) puede hacer llegar mayores recursos al sistema en una primera etapa. La contrapartida de un mayor gasto por una pensión máxima más alta (por encima de los 2.707,49 euros actuales) llegará algo más diferida en el tiempo; según Escrivá, ello podría coincidir con el periodo en que la presión financiera sobre el sistema de pensiones empiece a declinar, a partir de 2048. 

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