Los encausados por el Tribunal de Cuentas presentarán garantías personales para intentar cubrir la fianza

La mayoría de los políticos y exaltos cargos independentistas encausados por el Tribunal de Cuentas por los gastos vinculados a la internacionalización del 'procés' presentará en las próximas horas garantías personales para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros que el órgano fiscalizador les reclama para este miércoles. Tras constatar que el Govern no ha encontrado todavía un banco a través del cual poder avalar de forma indirecta a los afectados y asegurar que no comprometerá a los profesionales del Institut Català de Finances (ICF), los encausados pondrán a disposición sus bienes y propiedades con el apoyo de sus respectivos partidos. Pese a esto, sus equipos de defensa estudian la posibilidad de presentar alegaciones, con el objetivo de ganar tiempo, después de que el organismo denegara la prórroga para abonar las fianzas.

Este movimiento se produce después de que la Generalitat no haya podido obtener liquidez ni en los bancos ni a través del ICF al que se dirigieron para acogerse al Fondo Complementario de Riesgos que el Govern creó para servir de ayuda. El ICF es la entidad que gestiona este fondo con una dotación inicial de 10 millones de euros creado por el Ejecutivo catalán y pendiente de convalidación parlamentaria. Inicialmente, el mecanismo consistía en que los afectados solicitasen la ayuda a un banco, al que la Generalitat prestaría el dinero a través del citado fondo. De esta manera, el avalista no sería directamente el Govern, sino la entidad bancaria. Pero el Ejecutivo catalán sigue buscando un banco dispuesto a conceder estos avales, incluso en el extranjero.

Los encausados por el Tribunal de Cuentas recurren a la Generalitat para pagar las fianzas

Los tres exaltos cargos (en total son 34) que no han solicitado que se les incluya en este fondo han depositado ellos mismos las fianzas, que en sus casos no eran muy elevadas, avalando con su patrimonio.

"Ruido y poco tiempo"

El 'conseller' de Economia, Jaume Giró, compareció tras la reunión semanal del Consell Executiu y admitió que ningún banco ha aceptado aún participar en la operación que diseñó la Generalitat. Descartó, asimismo, implicar al ICF -y, por ende, a sus profesionales-, dados los precedentes sería "correr un riesgo innecesario", y deslizó que agotaría las horas de margen buscando el apoyo en "otras entidades" de las que no quiso dar detalles. "No ha ayudado el mucho ruido y el poco tiempo", apuntó sobre la negativa de los bancos, porque se han podido sentir amedrentados por declaraciones "muy subidas de tono" de "partidos de derecha y extrema derecha", que denunciaban que este fondo implicaba "fraude de ley, prevaricación y malversación".

La 'caja de solidaridad' ha recabado más de 600.000 euros en dos semanas

"El Govern hace todo lo que está en su mano para aligerar una situación profundamente injusta" y hallar "una fórmula jurídica", mediante una operación "técnica, jurídica y comercialmente sin riesgos", pese a lo cual las entidades financieras, tanto bancos como cooperativas de crédito, no han querido asumir. Y, ante esto, Giró sugirió que las entidades soberanistas, a través de la 'caja de solidaridad' podían acabar abonando los importes requeridos.

Sin embargo, pese a que los promotores de este fondo creado en el 2017 para hacer frente a fianzas, multas y condenas vinculadas al 'procés' siguen recabando dinero y han notado “un ritmo importante” de donaciones estas últimas semanas, pasando de unos 400.000 euros a más de un millón en unas dos semanas, opinan que el Govern debe encontrar la vía para cubrir las fianzas y cumplir con su compromiso. La alternativa pasa ahora por combinar esta bolsa de dinero con donaciones privadas. De ahí que el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, mandara una misiva a los asociados del partido pidiendo aportaciones individuales para pagar estas fianzas millonarias antes de que venza el plazo.

El Consell de Garanties Estatutàries tiene hasta el 29 de julio para resolver si el decreto se ajusta a la legalidad

Pendientes del CGE

Tanto el Govern como la oposición siguen pendientes del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que tiene hasta el 29 de julio como plazo máximo para decidir si el decreto de la Generalitat se ajusta o no a la Constitución y al Estatut.

Giró defendió que el texto cumple al pie de la letra la normativa y que, una vez tenga el dictamen, lo llevará al pleno para que sea convalidado en la última sesión plenaria de este mes de julio. El PSC ya deslizó que apoyaría el decreto si el CGE da su visto bueno, algo que no se plantea ni Cs ni el PPC, quienes también pidieron un dictamen. La CUP, en cambio, presionó al Govern para que sea el ICF quien avale, dadas las circunstancias.

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