Los encausados por el Tribunal de Cuentas recurren a la Generalitat para pagar las fianzas

31 de los 34 encausados por el Tribunal de Cuentas a los que se les reclama 5,4 millones de euros por los gastos vinculados con la internacionalización del 'procés' se han dirigido al Institut Català de Finances (ICF) para acogerse al Fondo Complementario de Riesgos que el Govern creó para servir de ayuda, incluso de rescate, para que puedan depositar una fianza provisional por la cantidad que se les reclama, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO. Deben cumplir este trámite antes de este miércoles, 21 de julio, pues el organismo ha rechazado otorgarles una prórroga. Los tres exaltos cargos que no han solicitado que se les incluya en este fondo han depositado ellos mismos las fianzas, que en sus casos no eran muy elevadas, avalando con su patrimonio.

El ICF es la entidad que gestiona este fondo de 10 millones de euros creado por el Ejecutivo catalán. Inicialmente, el mecanismo consistía en que los afectados solicitasen la ayuda a un banco, al que la Generalitat prestaría el dinero a través del citado fondo. De esta manera, el avalista no sería directamente el Govern, sino la entidad bancaria. Pero el Ejecutivo catalán no ha encontrado hasta la fecha un banco dispuesto a conceder estos avales, y ante la urgencia de hacer frente a las fianzas, los encausados han recurrido al ICF.

¿Quién es quién en el Tribunal de Cuentas?

Fuentes conocedoras de las negociaciones han asegurado a este diario que, en un principio, hubo bancos que se mostraron dispuestos a efectuar esta operación, pero que a la hora de concretarla, se echaron atrás alegando el perjuicio "reputacional" que se les podría generar si participaban en la misma. El Govern no descartaba la semana pasada tener que articular una vía alternativa para ayudar a sus excargos, que podría pasar por un aval transitorio del propio ICF.

Por esta razón, los encausados, entre ellos Artur Mas y Oriol Junqueras, han decidido acogerse al fondo que se nutre de dinero de diferentes departamentos de la Generalitat. Y lo han tenido que hacer a través del ICF, la entidad que lo gestiona. Sin embargo, algunos de ellos ya tienen un plan b para evitar que el Tribunal de Cuentas proceda al embargo de sus propiedades, como ya le pasó a Mas con el 9-N (todavía tiene embargado su piso, ya que la 'caja de resistencia' abonó la partida principal, pero no los intereses).

La postura de ERC

En el caso de los dirigentes y militantes de ERC, según las citadas fuentes, se está barajando la posibilidad de que el mismo partido se haga cargo de la fianza. En el aire quedan (al menos hasta este lunes) la alternativa a la que puedan acudir el resto. Debe tenerse en cuenta que la fianza provisional de 5,4 millones de euros es solidaria. Es decir, que la cantidad que pone uno le resta a los otros.

Las fuentes consultadas, sin embargo, cuestionan que el Tribunal de Cuentas, al final, acepte la fianza si es depositada por el ICF. Las dudas, además, radican en si esta entidad podrá tener preparado el aval para presentarlo este miércoles, cuando finaliza el plazo. Otra cuestión que levanta polémica es si el ICF puede o no avalar a personas particulares o solo a empresas. Si es el ICF el que deposita el aval para hacer frente a la fianza provisional (la definitiva se realizará cuando el pleito haya finalizado) y si este, a su vez, tiene el respaldo del fondo complementario, el Tribunal de Cuentas deberá decidir si lo acepta o no.

El 'conseller' de Economia, Jaume Giró, defendió en su día la "solidez jurídica" de este mecanismo y descartó que se pueda acusar a la Generalitat de malversación por auxiliar a los 34 dirigentes del 'procés' porque en ningún momento habrá "desplazamiento patrimonial". Ya se han presentado varias denuncias sobre la creación de este fondo.

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