La 'caja de solidaridad' se reactiva ante las dudas sobre el fondo del Govern para cubrir fianzas del TCu

La 'caja de solidaridad', creada por las entidades soberanistas en el 2017 y reconvertida en una fundación dedicada a recoger fondos para apoyar económicamente a investigados judicialmente por el 'procés', ya se está movilizando. Pese a la creación por parte del Govern de un Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat con una dotación inicial de 10 millones de euros para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas, las entidades mueven ficha porque dudan de que el TCu acabe validando esta fórmula de aseguradora a cargo de la administración perjudicada.

"La actuación del Govern da un respiro, pero necesitamos tener el dinero para responder si fallan y evitar los embargos", ha explicado el encargado de las cuentas, el exvicepresidete de la ANC, Pep Cruanyes. Tanto Òmnium Cultural como la ANC han celebrado este paso adelante del Ejecutivo, pero también han reconocido que puede ser que el órgano fiscalizador no acepte esta "solución", por lo que han llamado a llenar los fondos de esta 'caja'.

El Govern crea un fondo de 10 millones en ayuda de los encausados por el Tribunal de Cuentas

En estos momentos tienen 400.000 euros, y ya ha aportado hasta 13.400.000 euros en concepto de fianzas y responsabilidad civil, a los que hay que sumar otros 640.000 en multas y abogados, con un 90% de aportaciones de entre 1 y 200 euros de media por persona. En total, según los impulsores, han ayudado a 600 personas.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha afirmado que está "muy satisfecha" por la decisión del Govern aunque ha destacado que no sabe cuánto resistirá". "Este 'deep-state' no tiene freno y prevemos ataques enromes contra esta medida. En todo caso, es una medida provisional hasta que haya sentencia firme si es que resiste y lo acepta antes del 21 de julio para pagar esta liquidación provisional", ha apostillado.

En la misma línea, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha asegurado que el TCu persigue "la muerte civil de los servidores públicos". Asimismo, ha añadido que esta maniobra de la Generalitat permite "ganar tiempo para que la caja se vuelva a llenar para hacer frente a adversidades". 

Por su parte, Cruanyes ha afirmado que tanto el TCu como el Tribunal Supremo "actúan como tribunales de excepción", vinculándolos así al franquismo, y ha pedido a la ciudadanía que participe económicamente para ayudar a los afectados. "El TCu es un organismo que tiene unas funciones puramente de auditoría y de control contable que se convierte en organismo de censura política del Govern y de las instituciones catalanas. Pese a su nombre, no es un tribunal, es un organismo de excepción y excepcional dentro de una estructura democrática", ha apostillado.

Cruanyes ha explicado que el TCu se plantea ahora pedir intereses de más de 800.000 euros por el 9-N, que hay 4 millones de euros que se abonaron "por duplicado" en el TCu y en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que reclaman de vuelta en un escrito al juzgado y a las que se le suma la petición de fianzas por la acción exterior de la Generalitat.

"La caja no ha dejado a nadie desprotegido. El objetivo final sería que un día toda esta situación de locura se pueda poner en evidencia su ilegalidad y que el problema que tuviéramos fuera recuperar el dinero destinado a las fianzas injustas y ver cómo los devolvemos a las personas que los pusieron para hacer frente a la represión", ha zanjado Cruanyes.