La nueva fase en la lucha contra la pandemia

Sánchez se despide de la alarma convencido de que no recurrirá a ella

  • El Ejecutivo mantiene en privado el mismo discurso que en público: no habrá una extensión del periodo excepcional, aunque no habrá certidumbres hasta pasadas las elecciones del 4-M

  • A la aceleración de la vacunación, se suma la necesidad de abrir la economía, de aliviar la fatiga pandémica y la decisión de no dar bazas políticas a Ayuso

  • El presidente no prevé por ahora convocar la conferencia de presidentes, aunque podría activarla en cualquier momento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión del Consejo de Ministros del pasado 20 de abril de 2021 en la Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión del Consejo de Ministros del pasado 20 de abril de 2021 en la Moncloa. / POOL MONCLOA / BORJA PUIG

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El 9 de mayo, a las 00.00, España entrará en una nueva fase en la lucha contra el coronavirus. El segundo estado de alarma general habrá decaído. Porque, al menos por ahora, el Gobierno no contempla una prórroga, ni tampoco decretar un nuevo periodo excepcional, cuyos primeros 15 días de vida no necesitarían de la autorización del Congreso. Pedro Sánchez lo ha reiterado hasta la saciedad en las últimas semanas -la última, el pasado miércoles, desde Andorra-, y también sus ministros, pero también lo afirman en su círculo más próximo y cargos del Ejecutivo en privado. Aseguran que no hay trampa ni cartón, que la decisión es firme y está tomada. Que no es una pose.

Sin embargo, hay un elefante en la habitación y se llama 4-M. Las elecciones madrileñas, envueltas en un clima de tensión creciente y en las que, al menos hasta ahora, el viento soplaba a favor de la favorita, la popular Isabel Díaz Ayuso. La acción del Gobierno se halla en suspenso hasta las urnas y Sánchez no quiere dar bazas extra a la presidenta regional. No hay certidumbres hasta pasados los comicios, ni tampoco prisas, porque tras ellos el líder socialista tendría margen para anunciar medidas amparándose en la evolución de la curva epidemiológica.

Sánchez resiste la presión de las comunidades y de sus socios, que amagan con apoyar al PP

"No está previsto, no habrá prórroga", repiten distintos interlocutores del Ejecutivo. Sánchez pretende resistir la presión que recibe de varias comunidades y de sus socios parlamentarios, que están analizando la propuesta del PP de un "plan b jurídico". Ni siquiera prevé convocar la conferencia de presidentes, con el argumento de que el "instrumento de cogobernanza" que se han dado el Estado y las autonomías es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad (CISNS), "para el estado de alarma y lo que venga después del 9 de mayo", advirtió desde Andorra. Es en ese órgano donde "se tienen que decidir las medidas" de lucha contra la pandemia. En el Gabinete de Sánchez apuntan que este "todavía" no ha dado la orden de reunir a los mandatarios autonómicos, aunque "en algún momento" se producirá la convocatoria.

De "obligado cumplimiento"

El Gobierno argumenta que, con el fin de la alarma, las comunidades seguirán contando con las herramientas "suficientes" para contener el virus. Desde la limitación de aforos hasta el cierre de los comercios o la hostelería. Todo menos el confinamiento domiciliario, los toques de queda o el aislamiento perimetral de las comunidades. La Moncloa se niega a dar vida a una nueva legislación ordinaria, como le pide el PP -y como se comprometió hace un año- porque entiende que el marco jurídico actual basta y porque toda restricción de derechos ha de ser convalidada o por el Congreso (en el caso de la alarma) o por los respectivos tribunales superiores de justicia (en el caso de las autonomías). La red se completaría, añade el Ejecutivo, con las decisiones acordadas en el CISNS, de "obligado cumplimiento" para todos los territorios.

El Ejecutivo quiere lanzar el mensaje de que España se abre de cara a la decisiva temporada turística

Son cuatro los argumentos que el equipo de Sánchez esgrime para no acceder a la prórroga de la alarma. El primero, estrictamente sanitario: la cuarta ola ha tenido un impacto menor que las tres anteriores -la incidencia ha crecido hasta los 235,51 casos por 100.000 habitantes, pero en una suave curva ascendente-, y el ritmo de vacunación se ha acelerado. Para la semana del 3 de mayo, el Gobierno calcula que ya habrá cinco millones de españoles con la pauta completa, que serán 10 millones a primeros de junio. A finales de agosto se persigue que 33 millones, el 70% de la población, estén inmunizados. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, un 21,9% de la población (10,4 millones) ha recibido al menos una dosis y el 8,1% (3,86 millones) cuenta con la pauta completa.

La segunda razón es económica. El Ejecutivo quiere lanzar el mensaje, sobre todo de cara al exterior, de que el país se reabre, especialmente de cara a la temporada turística, que será absolutamente clave para el crecimiento del PIB. Este viernes, la ministra de Industria, Reyes Maroto, animaba desde La Sexta a los ciudadanos a planificar ya sus vacaciones de verano y calculaba que las cifras de turistas pueden rondar el 50% respecto a las de 2019 o algo mejor.

"Puede pasar de todo"

"La gente ya no puede más", aducen en la Moncloa como tercer motivo para no extender la alarma. Es decir, el hartazgo social, la fatiga pandémica y hasta "la falta de disciplina social". El Gobierno entiende que ha llegado el momento de la desescalada aprovechando que va creciendo la población inmunizada.

En la Moncloa creen que no sería tan costoso amarrar apoyos para una hipotética prórroga

El flanco político, no conceder un comodín a Ayuso, es el cuarto argumento manejado por el Ejecutivo, aunque en el círculo de Sánchez señalan que es el menos importante. ¿Y la aritmética parlamentaria? En la Moncloa apuntan que no sería tan costoso amarrar los apoyos para un nuevo estado de alarma: se lograría, señalan, o con los socios de investidura o con la suma de Cs y PNV. El equipo del presidente cree que no se reproduciría la búsqueda agónica de votos, como sucedió en la primera ola, especialmente en las últimas prórrogas, cuando el PP se negó a respaldarlas.

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El camino parece despejado. ¿Tanto? Como confía un ministro, "puede pasar de todo". Porque el 4-M se abre una puerta, en un sentido u otro. Si las elecciones reforzaran a Sánchez -y no es la opción más probable-, tendría más margen para impulsar una nueva alarma, pero "si no se salvan los muebles, su posición se debilita y habrá que ver", continúa. Queda más de una semana por delante, y eso en política es más que una eternidad.

Calvo reclama a los ministerios las medidas que deben ser extendidas tras la alarma

La alarma decaerá el 9 de mayo, pero no todas las medidas económicas y sociales vinculadas a ella. Pedro Sánchez ya anticipó en el Congreso que el Gobierno ampliaría tres meses, hasta el 9 de agosto, la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor. Además, adelantó que se extenderán por tres meses más los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses de alquiler. Y también se alargará por tres meses la suspensión de los desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables, sin alternativa habitacional.


Estas "medidas urgentes" formarán parte de un paquete que recogerá un nuevo decreto ley del Ejecutivo, y en el que ya está trabajando y coordinando la vicepresidenta primera. Carmen Calvo ha reclamado a los ministerios que listen las medidas que han de ser prorrogadas tras el fin del estado de alarma. Así lo adelantó este sábado 'elDiario.es' y lo confirmaron fuentes de la Moncloa a este rotativo. Cada departamento deberá determinar qué considera prioritario y cuya vigencia desea prolongar.


La instrucción dada por Calvo afianza el escenario sobre el que trabaja Sánchez: el fin de la alarma para el 9 de mayo y el estudio de aquellas medidas -incluidas en el escudo social impulsado por el Gobierno- que sin embargo necesitan pervivir unos meses más para afianzar la recuperación y para "no dejar a nadie atrás", como reiteró Sánchez en el pleno de la Cámara baja del pasado 14 de abril.