Acaba el 9 de mayo

Los socios de Sánchez se plantean apoyar el 'plan b' del PP al estado de alarma

  • ERC, Bildu, PdeCat, Compromís y Más País estudian respaldar la iniciativa legislativa de Casado ante la inacción del Gobierno

  • La ministra portavoz insiste en que no habrá prórroga ni tampoco ve necesario aprobar ninguna alternativa

Joan Baldoví (Compromís) y Gabriel Rufián (ERC) se saludan, este martes en el Congreso, al encontrarse en la puerta de la sala de prensa.

Joan Baldoví (Compromís) y Gabriel Rufián (ERC) se saludan, este martes en el Congreso, al encontrarse en la puerta de la sala de prensa. / J. J. Guillén / Efe

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El Gobierno insistió este martes en que no ve necesario prorrogar el estado de alarma, que decaerá el 9 de mayo. Esa decisión deja a las comunidades autónomas en manos de los tribunales superiores, que serán los que deberán refrendar sus medidas para frenar los contagios por covid-19, una posición que desagrada a muchos de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez. ERC, EH Bildu, PdeCat, Compromís y Más País ya le reclamaron la semana pasada en un debate en el Congreso "una alternativa" jurídica al estado de alarma, pero el jefe del Ejecutivo se la negó, pese a que su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se comprometió en sede parlamentaria a hacerlo el verano pasado. Ante esta situación, esos socios avisaron este martes en la Cámara baja de que se están planteando apoyar la tramitación del llamado "plan b" jurídico del PP, aunque, al no haber pleno la semana próxima por las elecciones madrileñas del 4 de mayo, los plazos se alargan y es imposible que pueda estar aprobado antes del 9 de mayo.

El PNV, socio habitual de los socialistas, no aclaró qué hará aunque diversos dirigentes de esa formación están insistiendo estos últimos días directamente en la necesidad de prorrogar el estado de alarma actual, una opción que el Gobierno central ha descartado porque no quiere darle ese comodín a la candidata del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Fuegos de artificio" para Errejón

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aseguró que su formación incluso apoyaría que se tramitara ese "plan b" por urgencia y en lectura única, como ha sugerido Pablo Casado. Joan Baldoví (Compromís) afirmó que él "no estaría en contra" de la proposición de ley "aunque venga del PP". "No me importaría que se sentaran y que fuera esta u otra la solución. Que se escuchara a los presidentes autonómicos y que saliéramos con la certeza de que a partir del 9 de mayo no habrá sentencias contradictorias a medidas iguales", consideró. También la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, coincidió en que estudiará la propuesta del PP, aunque juzgó "curioso" que sea Casado quien tome la iniciativa en vez del Ejecutivo, el mismo comentario que lanzó Inés Arrimadas (Cs). "El Gobierno va a pasar del estado de alarma al estado de incertidumbre", soltó Arrimadas, que no quiso aclarar si apoyaría la proposición del PP y recordó que su partido ya presentó su propia alternativa el pasado noviembre.

El PNV no aclara qué hará, aunque sus dirigentes insisten en la necesidad de una ampliación de la alarma

Ferran Bel (PdeCat) e Íñigo Errejón (Más País) también se abrieron a respaldar la medida de los populares. Para Errejón, no obstante, son "fuegos de artificio" de Casado en plena campaña madrileña porque los plazos legislativos "no dan" para que esa alternativa esté vigente el 10 de mayo.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, anunció que su partido no apoyará la tramitación del 'plan b' que el PP porque "ya es hora de que los españoles recuperen su libertad".

El umbral del 4 de mayo

El Gobierno, sin embargo, sigue sin dar su brazo a torcer y resiste la presión. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, insistió este martes tras el Consejo de Ministros en que el Gabinete “no ve necesaria” la prórroga del estado de alarma, al menos con los datos actuales de incidencia de la pandemia.

La tesis de la Moncloa es que las comunidades cuentan con instrumentos “suficientes” para contener el coronavirus, desde la invocación de la ley orgánica de medidas especiales en materia sanitaria de 1986 hasta el abanico de legislación autonómica. Y las autonomías, además, apuntaló, han de concentrarse en “acelerar” la vacunación, un elemento clave. Y si requieren de medidas extraordinarias, pueden hacerlo con el refrendo de los respectivos tribunales superiores de Justicia, recordó.

El Ejecutivo encuentra “curioso” que los grupos que pusieron trabas en las sucesivas prórrogas del primer estado de alarma, en la primera ola, ahora “se pronuncien en un sentido favorable”. Pero el Gobierno, agregó Montero, no prevé cambiar de rumbo, porque además el PP “no comparte” una ampliación de una situación que debe ser “excepcional”.

Montero insiste en que las comunidades tienen las herramientas necesarias y han de acelerar la vacunación

Tampoco el Gabinete de Sánchez está dispuesto a modificar la legislación actual, como le piden los populares y grupos como ERC o Compromís. Montero reiteró la argumentación oficial: la restricción de derechos fundamentales es algo “muy serio” que debe ser regulada con el estado de alarma, para cuyas prórrogas se necesita la autorización del Congreso. El Gobierno “no considera que haya que incorporar” más leyes al marco actual para limitar derechos como la libertad deambulatoria, cree que no hay “vacío legal”. Entiende, explicó Montero, que siempre ha de haber un doble control: el de la Cámara baja cuando actúa el Ejecutivo central a través de la alarma, y el de los TSJ cuando intervienen los gobiernos autonómicos. Además, siguió, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud puede acordar medidas de “obligado cumplimiento” para todas las comunidades que no requieren de legislación superior.

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Fuentes del Ejecutivo rubrican que, hoy por hoy, la decisión de no ir a un nuevo periodo excepcional es firme salvo que la pandemia se desboque. Y tampoco se contempla, agregan, aprobar un estado de alarma por 15 días únicamente, un paso más sencillo para Sánchez porque no le haría falta el plácet del Congreso. El líder socialista tampoco maneja por ahora la opción de convocar la conferencia de presidentes, como le reclaman algunas autonomías, aunque lo hará si estima que existen las “condiciones adecuadas”. “Es bueno que presidentes que pertenecen a una misma formación política se pusieran de acuerdo”, aseguró Montero, dirigiéndose a los barones del PP, ya que no todos han lanzado la misma petición.

El Gobierno, pues, fía la situación posterior al 9 de mayo a la cogobernanza con las comunidades que se plasma en el Consejo Interterritorial y a las herramientas de que estas disponen. Pero nada estará completamente despejado hasta que se atraviese el Rubicón de las elecciones madrileñas del 4-M.