El Gobierno tranquiliza a las autonomías: podrán cerrar sus territorios tras el fin de la alarma

El fin del actual estado de alarma, que decaerá el 9 de mayo tras más de seis meses en vigor, inquieta a las autonomías. No han sido consultadas por el Gobierno antes de tomar la decisión de no prorrogar el mecanismo, y temen que sin este carecen de facultades para llevar a cabo confinamientos perimetrales. Al mismo tiempo, la mayoría de los grupos parlamentarios, incluidos los socios tradicionales de la coalición del PSOE y Podemos, reclaman al Ejecutivo que apruebe una legislación alternativa que permita aplicar restricciones ante la pandemia del coronavirus. Pero Pedro Sánchez dejó claro el pasado miércoles en el Congreso que no contemplaba extender la alarma ni alumbrar nuevas normas. Ante este caldeado escenario, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, intentó tranquilizar este jueves a las comunidades. 

Según Calvo, el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al Gobierno y las autonomías, podrá acordar el cierre perimetral de determinados territorios si se disparan los contagios, algo que en la Moncloa creen que no sucederá, debido al acelerón en la vacunación. 

La vicepresidenta primera señaló en Canal Sur que “salvo inmovilizar a los ciudadanos en sus casas”, una medida que incluye los toques de queda, se puede hacer “casi todo” con la legislación ordinaria. Por un lado, las comunidades pueden por sí mismas cerrar la restauración y los comercios, como hizo, por ejemplo, Catalunya durante el pasado otoño. Por otro, el Consejo Interterritorial, mediante una “acción coordinada”, tiene margen para aprobar el cierre de algunos territorios cuando estén “en situación de particular incidencia”, como ocurre “ahora mismo en Euskadi, Navarra y Madrid”. 

En este sentido, Calvo argumentó, como hizo Sánchez el día anterior, que el Supremo dejó claro que las resoluciones del Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento. El Gobierno alude aquí a un auto del alto tribunal el pasado marzo, en el que rechazó la suspensión cautelar que había solicitado Vox del cierre de la Comunidad de Madrid, acordado en el Consejo Interterritorial. Pero los magistrados no resolvieron sobre el fondo, y fuentes jurídicas ponen en cuestión la interpretación del Ejecutivo.

El papel de la Justicia, en cualquier caso, resulta clave en el escenario que se abrirá en mayo. Su aval es preceptivo para limitar derechos fundamentales sin estado de alarma. Las comunidades temen que los jueces anulen las iniciativas que aprueben, como ocurrió entre junio y octubre de 2020, cuando en España no estaba en vigor el mecanismo excepcional. Los tribunales aplicaron entonces criterios muy distintos a la hora de fallar sobre los confinamientos. 

El malestar de los socios

La tesis del Ejecutivo también choca con la de algunos de los aliados más importantes del Ejecutivo, como el PNV. “Sin el estado de alarma, las comunidades no tienen herramientas para limitar la movilidad”, sostuvo el miércoles el portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban.

Pero el Gobierno se muestra decidido a no prorrogar el mecanismo excepcional. Ofrece tres argumentos. El primero es epidemiológico. En la Moncloa están convencidos de que la incidencia mejorarán mucho en las próximas semanas, gracias a las vacunas. El segundo es económico. Tiene que ver con las expectativas depositadas en la reactivación económica, muy vinculadas al turismo nacional e internacional. Si la alarma continúa, aunque no haya restricciones a la movilidad, la población no se animará a viajar. Y el tercero, confesado en privado, es político. Los colaboradores del presidente anticipan que no tendrían problemas en lograr apoyos parlamentarios para prorrogar la alarma, pero admiten que ese paso les penalizaría en las urnas frente a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta y candidata del PP, y su lema de “socialismo o libertad”.