Los condenados del 'procés' intentan apartar de sus recursos al magistrado que los capitanea

Los condenados del 'procés' quieren apartar de la resolución de sus recursos de amparo a los magistrados que por su experiencia en penal se encargaban de su coordinación. Primero fue cuestionada la imparcialidad de Antonio Narváez, que acabó apartándose, y ahora ha sido la de Cándido Conde-Pumpido, al que, primero el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y este lunes el líder de ERC Oriol Junqueras, han recusado para que no participe en la revisión de sus condenas.

Ven afectada su imparcialidad por una intervención por los 40 años del ingreso de España en el Consejo de Europa y por ser amigo del fiscal Javier Zaragoza, circunstancia común entre magistrados y fiscales y más teniendo en cuenta que Conde-Pumpido fue fiscal general. Fuentes del TC señalan a EL PERIÓDICO que este argumento también se utilizó sin éxito en el Supremo con el fiscal general que presentó las querellas que abrieron el procedimiento, el fallecido José Manuel Maza.

Para decidir sus pasos, el Constitucional esperará a conocer a qué asuntos afecta esta "guerra de recusaciones", que recuerda la que se vivió con el Estatut, aunque entonces el terreno estaba abonado por la fractura que había entre sus propios magistrados y ahora no. De momento, solo se han resuelto los recursos de Meritxell Borràs y Carles Mundó.

De Puigdemont a Junqueras

La vía de recusar a Conde-Pumpido, como ocurrió con Narváez, fue inaugurada por Puigdemont y los 'exconselleres' que le acompañan en su huida, Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig. Este lunes se sumaron a ella Junqueras y Raül Romeva. Los magistrados son conscientes de que este incidente retrasa las expectativas más optimistas de tener resueltos todos los recursos antes del verano.

De momento, el Constitucional solo ha resuelto dos de los recursos de amparo presentados: el de Meritxell Borràs y de Carles Mundó, al ser los únicos condenados solo por desobediencia y, por tanto, ser las impugnaciones más sencillas.

La sentencia que desestima el recurso de Mundó, hecha público este lunes, avala su condena de multa de 10 meses con cuota diaria de 200 euros y año y ocho meses de inhabilitación, porque “cuando el Govern, del que formaba parte como consejero de Justicia, aprobó la convocatoria de un referéndum de autodeterminación y dictó normas complementarias sobre su desarrollo por medio de decretos, el Tribunal Constitucional ya había declarado inconstitucionales y nulas las resoluciones del Parlament que le instaban a tomar dichas decisiones si quedaba excluida la utilización de los cauces establecidos en la Constitución".

El Tribunal Constitucional desestima así la queja de Mundó que sostenía "la inexistencia de prueba de cargo sobre la desobediencia que le ha sido atribuida", porque no conocía en ese momento "la inconstitucionalidad de cualquier pretensión unilateral de iniciar un proceso constituyente en favor de la creación de un Estado catalán independiente en forma de República".

La sentencia también descarta que su multa no estuviera motivada. Explica que “la individualización de la cuota de la multa diaria impuesta ha sido realizada tomando como base criterios indicativos de la capacidad económica del recurrente a partir del relevante nivel de ingresos salariales que ha venido obteniendo durante el ejercicio del cargo de consejero del Gobierno de la Generalitat" que "superaban la suma de 110.000 euros anuales”.