El laberinto catalán

La justicia deja en suspenso las elecciones y sume al Govern en el desconcierto

  • La decisión judicial genera estupor a la Generalitat y provoca el enésimo choque entre JxCat y Esquerra

  • La maquinaria electoral se reactiva, pese a que la resolución del TSJC no es definitiva y el Ejecutivo presentará alegaciones

El TSJC suspende cautelarmente el aplazamiento de las elecciones catalanas. En la foto, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la ’consellera’ de Presidència, Meritxell Budó, a su llegada a la reunión semanal del gobierno de la Generalitat en funciones. / EFE / GENERALITAT / RUBÉN MORENO / VÍDEO: EUROPA PRESS

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J. G. Albalat
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Júlia Regué
Júlia Regué

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Fidel Masreal
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Más difícil todavía. La justicia ha vuelto a poner en marcha la maquinaria electoral en Catalunya con la duda de si se volverá a interrumpir en breve plazo. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dejó este martes sin efecto el decreto que firmó el 'vicepresident' con funciones de 'president', Pere Aragonès, el pasado viernes para posponer al 30 de mayo las elecciones autonómicas. Tras la decisión provisional de los magistrados, que estimaron las medidas cautelarísimas solicitadas por un particular -el abogado y exmosso d’esquadra Josep Asensio- y por el partido Izquierda En Positivo, la fecha de los comicios vuelve a situarse en el 14 de febrero, al menos hasta este jueves o viernes, cuando los magistrados se volverán a pronunciar sobre el asunto. La decisión judicial ha sumido en el estupor a JxCat y ha reabierto por enésima vez las heridas entre los dos socios del Govern, que se han lanzado acusaciones directas nada más conocerse la resolución.

El TSJC resolverá de forma definitiva sobre las cautelares cuando haya estudiado las alegaciones de la Generalitat y de la fiscalía, que tienen margen para presentarlas hasta el jueves a las 10 horas, sin analizar aún el resto de impugnaciones, presentadas por Lliga Democràtica, Federalistas d'Esquerres e Impulso Ciudadano. De momento, el Govern se ha visto obligado a reanudar los trámites electorales contra reloj y a expensas de conocer cómo se desencalla la contienda, en la que tratará de convencer a los togados de que la situación epidemiológica pone en jaque el derecho al sufragio de todos los catalanes. El temor a esa inseguridad jurídica explica el desconcierto que cundió en el Ejecutivo en funciones tras el dictamen judicial. La decisión del TSJC se conoció tras la reunión del Consell Executiu, por lo que en este foro no pudo abordarse el análisis de la grave situación, pero internamente sí que Junts y ERC se tomaron varías vías distintas de reacción.

Los posconvergentes, en privado, no esconden su malestar por el hecho de que la situación actual genera una gran incertidumbre y sostienen que la decisión de posponer los comicios tenía una base legal discutible. Junts forma parte del Govern, pero eso no les impide lanzar sus dardos hacia la gestión del propio Ejecutivo catalán en las últimas horas porque los procesos electorales recaen en carteras de ERC. El vicepresidente del Parlament y dirigente de JxCat, Josep Costa, pidió incluso dimisiones, lo que la diputada republicana Anna Caula tachó de "politiquería" recordándole que las decisiones las toman de forma conjunta. Oficialmente, el Ejecutivo catalán defendió la "sólida base jurídica" de su decisión y confió en ganar la partida judicial.

Para suspender el decreto, los magistrados alegaron "causas de urgencia extraordinaria" y para evitar que su decisión final tenga efectos "irreversibles" si acaban sentenciando que el 14-F no puede aplazarse. Con esta maniobra, se reactiva toda la logística electoral mientras los magistrados resuelven el asunto a fondo "con la mayor agilidad" posible. La base legal del decreto ahora en suspenso fue uno de los caballos de batalla del Govern la semana pasada, y Junts considera en privado que la decisión del TSJC les da la razón a sus advertencias de que los argumentos sobre los que descansaba el decreto eran discutibles.

Este martes ha trascendido el informe de los servicios jurídicos de la Generalitat, dependientes de la Conselleria de Presidència, en manos de JxCat, que avalaba la decisión de suspender el 14-F, pero advertía de que esta debía tener "un plus de motivación" legal y jurídica.

Los argumentos del TSJC

La sala aprecia que el decreto del Govern "puede tener incidencia en el ámbito del derecho fundamental" reconocido en el artículo 23 de la Constitución -a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos mediante elecciones periódicas- y recuerda que el aplazamiento del 14-F se ha acordado bajo el mismo decreto de alarma en que se convocó el 21 de diciembre, por la pandemia del coronavirus.

Para estimar la suspensión cautelar, el tribunal recuerda que el proceso electoral dura 54 días, porque las elecciones fueron convocadas de forma automática tras la disolución del Parlament, y que procedimientos sucesivos que afectan a la formación de las juntas electorales, las mesas, el nombramiento de interventores, las candidaturas, la propaganda o el voto por correo se han visto paralizados por el decreto de postergación. Por tanto, insiste el TSJC, si se mantiene el decreto en vigor mientras resuelve los recursos, se puede llegar a impedir "la posibilidad de celebrar las elecciones o, al menos, de celebrarlas con todas las garantías".

El PSC finalmente no presentará recurso al dar por amortizados los ya cursados, y exigió al Govern "seguir con los preparativos". Cs, 'comuns' y CUP coincidieron en poner en duda que las elecciones, de celebrarse el 14 de febrero, cuenten con las garantías necesarias y reprocharon al Ejecutivo catalán no haber hecho los deberes.

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La Conselleria d'Acció Exterior se puso manos a la obra y mandó una misiva a todos los ayuntamientos catalanes solicitando que elijan por sorteo a los miembros de las mesas electorales en un plazo máximo de 48 horas. Las solicitudes que se habían realizado para el voto por correo -unas 35.000 aproximadamente hasta el 12 de enero- se mantienen vigentes y la ciudadanía podrá seguir pidiendo el voto por correo hasta que el TSJC no resuelva definitivamente.

En cuanto a futuros cambios en los protocolos diseñados por la Generalitat para votar en tiempos de pandemia, el 'conseller' Bernat Solé sostuvo que volverá a reunir a la mesa de partidos para perfilar la logística electoral. Cabe recordar que el decreto justificaba el aplazamiento alegando que las medidas adoptadas hasta la fecha eran "insuficientes".