Elecciones en Catalunya

La decisión judicial de no retrasar las elecciones sume en el estupor al Govern

  • El Govern ve "instrumental" la resolución, presentará alegaciones pero reactiva el reloj electoral para el 14F

  • El PSC descarta presentar un recurso propio tras la decisión del TSJC de suspender cautelarmente el aplazamiento

  • Costa (JxCat) pide dimisiones y Esquerra señala a la Moncloa: "Felicidades, Salvador Illa, ya tienes lo que querías"

Urnas en un colegio electoral de Barcelona, en el 2019.

Urnas en un colegio electoral de Barcelona, en el 2019. / AP / EMILIO MORENATTI

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La decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de suspender cautelarmente el decreto del Govern del pasado viernes que aplazaba los comicios autonómicos al 30 de mayo, con lo que mantiene en vigor la convocatoria inicial para el 14 de febrero, ha sumido en el estupor a Junts y ha reabierto nuevamente las heridas entre los dos socios del Govern, que se lanzaron acusaciones directas nada más conocerse la resolución judicial.

El estupor tiene que ver con la inseguridad jurídica que se abre a partir de ahora hasta que el tribunal no resuelva definitivamente sobre la fecha de los comicios. La decisión del TSJC se conoció tras la reunión del Consell Executiu, por lo que en este foro no pudo abordarse el análisis de la grave situación, pero internamente sí que en Junts y ERC se tomaron varías vías distintas de reacción.

En Junts, en privado, no se esconde que la actual situación genera una gran incertidumbre. El malestar entre los representantes del partido de Puigdemont tiene que ver con la decisión de posponer los comicios con una base legal discutible. Junts forma parte del Govern pero eso no impide que esta formación lance sus dardos hacia la gestión del propio Ejecutivo catalán en las últimas horas. Cabe recordar en este sentido el interés de la candidata de Junts, Laura Borràs, y del también candidato Joan Canadell por mantener la fecha del 14F, frente al criterio de otros en su partido.

Oficialmente, el Govern defendió la "sólida base jurídica" de su decisión y confió en ganar la partida judicial. Pero el vicepresidente del Parlament y dirigente de JxCat, Josep Costa, pidió dimisiones en el Govern, del que su partido forma parte. Aunque no lo mencionó, los dardos se dirigen a la bancada republicana y específicamente a la Conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, la encargada de los procesos electorales.

Anna Caula, diputada de ERC, acusó a Costa de "politiquería", le recordó que Junts forma parte del Govern, que toma decisiones de forma unitaria y recordó alguna polémica reciente por la que se pidió la dimisión del propio Costa. En cuanto a la decisión del TSJC, los republicanos acusaron directamente al PSC y a la Moncloa. La portavoz, Marta Vilalta, afirmó: "El PSC apunta, la Moncloa maniobra y la justicia ejecuta, y todo a costa de la salud de la ciudadanía", añade antes de indicar: "Felicidades, Salvador Illa, ya tienes lo que querías. En las urnas, cuando sean las elecciones, no dejaremos que te salgas con la tuya".

Confiar en las alegaciones

Las alegaciones que presentará este jueves el Govern se basarán, probablemente, en reforzar los argumentos sanitarios para justificar la necesidad de posponer la cita con las urnas ante la evolución de la pandemia y de los hospitales. Es lo que el informe de los servicios jurídicos emitido este viernes ya pedía: "un plus de motivación". Pero mientras no llegue la decisión definitiva del TJSC, al Govern no le queda otra vía que la de reactivar los procesos previos a la cita con las urnas del 14 de febrero, que hoy por hoy es la que vuelve a ser la vigente. ¿Estará todo preparado, en términos electorales y sanitario? El Govern sostiene hoy que sí, pese a que este mismo viernes el Govern afirmaba, en palabras de su portavoz, que "las medidas adoptadas [hasta ahora] son insuficientes para la plena garantía de la protección de la salud de la ciudadanía". Este martes el titular de Exteriores insistió en que tras la resolución del TJSC ha dado instrucciones para retomar el ritmo de preparación electoral, como el sorteo de las mesas. Ha admitido que si la fecha finalmente fuera el 14F, ello "tensiona mucho", la preparación de los sufragios. Y ante un eventual traslado de la fecha unas semanas más allá del 14F ha asegurado que “si un retraso por motivos epidemiológicos, de preservación de la salud, y de legitimidad para celebrarlas el 30 de mayo es impugnable, también lo debería ser otro aunque sea en otra fecha”.

Budó por su parte aseguró que "todavía no se ha entrado a fondo en el decreto", por parte del TSJC y que las medidas adoptadas hoy son de carácter "instrumental" y ha insistido en que la base jurídica del Govern es sólida y viene acompañada de varios informes de Salud, la Comissió Jurídica Assessora y de los acuerdos de la mesa de partidos.

Críticas al Govern

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, hizo un llamamiento a acatar la decisión del TSJC y ha reclamado al Ejecutivo catalán que mientras no haya una decisión definitiva se siga con los preparativos de los comicios porque el decreto que convoca las elecciones para el 14 de febrero "sigue absolutamente vigente". Además, descartó que el PSC presente un recurso contra el aplazamiento electoral después de hablar por teléfono con el ministro de Sanidad y candidato, Salvador Illa. "En la medida que hay otros recursos presentados, no tiene sentido que el PSC añada otra traba. Que nadie pueda pensar que hagamos nada por interés electoral. No es este nuestro planteamiento y no lo ha sido en ningún caso desde el primer momento", añadió.

Los 'comuns' consideraron que la decisión del TSJC es "incompresible", aunque achacaron la falta de garantías para la votación a los socios en el Ejecutivo. "El Govern JxCat-ERC no hecho bien su trabajo, pero el aplazamiento es de sentido común con las ucis colapsadas y gente que no podrá votar", escribió en Twitter la candidata de Catalunya En Comú - Podem, Jéssica Albiach.

Desde Ciutadans, el candidato Carlos Carrizosa defendió que no pueden llamar a los catalanes a las urnas si eso supone "un riesgo para la salud de las personas y una abstención brutal". Carrizosa espetó que corresponde al Govern "encontrar la formula jurídica para garantizar los dos derechos y eso no se garantiza si se vota el 14-F".

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La CUP, por su parte, acusó al TSJC de "poner en riesgo la salud pública". "El TSJC pone en riesgo la salud pública y la democracia, obligando 200.000 a decidir entre votar o romper las medidas sanitarias básicas", redactó la formación anticapitalista en Twitter.

La candidata del PDECat, Àngels Chacón, defendió que "nunca" los tribunales son la mejor solución para proponer una fecha electoral y añadió que es una cuestión que tiene que decidir el Govern aunque ha lamentado pero la falta de "planificación" del Ejecutivo para prever los mecanismos que permitan votar. "El TSJC continúa obstinado a gobernar Catalunya al margen de las urnas, la democracia, los derechos fundamentales y la voluntad de los ciudadanos. Por vergüenza nuestra, un golpe más", apostilló el 'expresident' Quim Torra en las redes sociales.