Dispositivo conjunto de Mossos y Guàrdia Urbana para hacer cumplir el toque de queda en Barcelona

Las 'multas covid' se quedan sin cobrar

Júlia Regué / J. G. Albalat | 02 diciembre 2020

Saltarse el confinamiento durante el estado de alarma podía costar caro. Interior reclutó a 100 juristas para que las actas administrativas no cayeran en el olvido, pero, según ha podido saber EL PERIÓDICO, la recaudación es, por ahora, irrisoria

"No estamos actuando sobre los territorios, estamos actuando sobre las personas. Vivan donde vivan, van a tener que verse sometidos a la misma restricción de movilidad y, en consecuencia, también de responsabilidad social". Con estas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigía el 14 de marzo a los ciudadanos para comunicarles que la activación del estado de alarma implicaría una restricción obligada del derecho a la libertad de circulación. El Ministerio del Interior asumió el control de las policías autonómicas y locales, y en Catalunya, como en el resto del Estado, empezaron a establecerse controles fijos y móviles para evitar desplazamientos.

El estado de alarma duró hasta el 26 de junio y, durante este periodo, los Mossos d'Esquadra y las policías locales levantaron un total de 170.278 actas por incumplimiento del confinamiento (118.787 en Barcelona, 20.450 en Girona, 7.910 en Lleida y 23.131 en Tarragona). La tramitación de estas denuncias empezó el 6 de julio y hasta el 22 de noviembre fueron tramitadas 82.974 (el 77,34%) y solo se han cobrado 5.861 sanciones (el 5,46% de las actas y el 7,06% de los expedientes), según ha podido saber EL PERIÓDICO a través de un requerimiento al Departament d'Interior a través del Portal de Transparència de la Generalitat.

EL BALANCE

EL BALANCELas dudas sobre la viabilidad de sancionar a las personas que quebrantaran el encierro domiciliario por parte de catedráticos, abogados y especialistas propició que Interior reclutara a hasta 100 juristas del departamento destinados a otras funciones, con el fin de garantizar que ninguna de las actas administrativas quedara sin efecto. Las denuncias se sustentan sobre la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza', en los casos de infracción grave (de 601 hasta 30.000 euros) en los que se alega "desobediencia o resistencia a la autoridad", así como "la negativa a identificarse".

En cambio, se acogen a la ley de salud pública en las infracciones consideradas leves (de 300 hasta 3.000 euros) por "incumplimiento de los requisitos higiénicos y sanitarios y de las obligaciones o prohibiciones de otras normas sanitarias, si estos incumplimientos no tienen repercusión directa en la salud". Fuentes de Interior precisan que 9 de cada 10 sanciones se han levantado por la ley de salud pública y que en la mayoría de los casos se han aplicado los baremos mínimos. "Son medidas correctivas, no con afán recaudatorio", recalcan.

Solo se han cobrado el 7% de las actas por saltarse el confinamiento

Del cómputo total de actas hasta el 29 de octubre, se tramitaron 1.586 expedientes sancionadores graves y 67.751 leves. De los primeros, solo se han cobrado 34 por un importe de 300,50 euros -la normativa prevé la reducción del 50% de la sanción si se paga en un periodo voluntario-; y de los segundos, solo se han cobrado 4.802 por un importe de 180 euros -también cuentan con una reducción del 40% cuando se reconozca la responsabilidad en los hechos y se solicite el pago avanzado-. Con todo, la Administración ha recabado  hasta finales de octubre 10.217 euros por infracciones graves y 864.360 euros por infracciones leves, un total de 874.577 euros.

Para tramitar las sanciones todavía hay tiempo. La legislación señala que no prescriben hasta un año después de levantarse el acta por parte de la policía. Sin embargo, en estas multas por romper el confinamiento a ese plazo se le debe sumar dos meses, ya que durante el estado de alarma se interrumpieron los plazos para la tramitación de los expedientes administrativos. "El trabajo se está haciendo", insisten desde Interior, que no tiene constancia de que ninguna de estas sanciones haya sido recurrida ante los tribunales de justicia. 

LAS DUDAS LEGALES

LAS DUDAS LEGALESEl doctor y profesor de Derecho Administrativo en la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, asegura que estos datos confirman lo que varios expertos sugerían sobre la dificultad de sancionar la vulneración del estado de alarma. "La desobediencia consiste en recibir una orden directa de un funcionario público y desoírla. Pero no se contradice norma alguna si cuando te paran por la calle obedeces y vuelves a tu domicilio", razona.

Aguirre inquiere en la normativa "carecía de base legal" porque "el sistema sancionador en un estado de derecho se tiene que basar en principios como el de tipicidad" -que exige la más estricta adecuación entre la conducta prohibida y el hecho cometido por acción u omisión- y, a su juicio, no lo había. Ejemplifica que algunos agentes "podían levantar actas guiándose por supuestos que no estaban recogidos en la disposición normativa", hecho que explica que después no se tramitaran. "Como elemento coercitivo sí funcionó", concluye Aguirre.

Muchas denuncias se archivan por falta de argumentos o incapacidad de gestión

"Una acta no se convierte directamente en sanción. Muchas denuncias se archivan porque quien la está tramitando constata que no tiene argumentos o capacidad administrativa para gestionarla", apunta el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Ángel Presno. Añade que la reducción de la sanción si se abona en un plazo de 15 días después de la notificación y el alto coste de un recurso contencioso-administrativo provoca que la mayoría aboguen por pagar cuanto antes sin presentar alegaciones ya que con este contexto la Administración "puede poner fin rápido al procedimiento para disuadir un posible recurso". 

"El problema es que con el estado de alarma no quedaba especificado cuál era el régimen sancionador y la dificultad de encajar las conductas en la ley de seguridad ciudadana o en la ley de salud pública [...] El propio Estado tiene que tener claro qué conductas se deben sancionar y había incertidumbre porque los supuestos no estaban claros", insiste.

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