13 ago 2020

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CONCLUYE LA INVESTIGACIÓN

El juez propone juzgar a los exgerentes del CDC y al PDECat por el 'caso 3%'

También pide que se sienten en el banquillo Sánchez Vera y otras 28 personas, así como los dos partidos por financiación ilegal

Les atribuye los delitos de organización criminal, fraude a la administración, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo

Ángeles Vázquez

Ambiente en la Audiencia Nacional esta mañana.

Ambiente en la Audiencia Nacional esta mañana. / DAVID CASTRO

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar a los exgerentes de CDC Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germá Gordó, al exresponsable jurídico de esta formación Francesc Xavier Sánchez Vera y a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas, entre las que figuran Convergència y el PDECat, por los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el 'caso 3%'. El magistrado da por terminada la investigación de la estructura que entiende que todos ellos pusieron en marcha para financiar "al menos durante 11 años" a Convergència "ilegalmente y en forma encubierta". 

La instrucción, que se inició formalmente en 2015 a raíz de encontrar unos documentos en Torredembarra y que en febrero adelantamos que encaraba su recta final, se dirige también contra varios cargos políticos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones catalanas, y varias constructoras, como TeyCo, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras o Copisa. Respecto del PDECat, el juez dice que su creación en 2016, "lejos de corresponderse con el nacimiento de un nuevo partido", parece "la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente, CDC", argumento que ya utilizó cuando le imputó en las actuaciones

Tres escalones

De la Mata señala que altos cargos de Convergència, en connivencia con responsables públicos y funcionarios de Catalunya, así como empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente al partido. En la cima estaban Gordó, Osàcar y Viloca, quienes llevaban a cabo un seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por las diferentes administraciones, todas bajo la esfera de poder de CDC e "influían en sus responsables a fin de conseguir que fueran adjudicadas a las empresas conniventes o asociadas a este pacto criminal". Según el juez, llevaban las cuentas, materializaban el seguimiento de deudas pendientes en las adjudicaciones dadas y, "por supuesto, recibían los pagos".

En el segundo escalón se sitúan las autoridades de esas Administraciones que, de acuerdo con los responsables del CDC y siguiendo sus indicaciones, "alteraron efectivamente concursos públicos con la finalidad de dirigir los mismos hacia las compañías de los empresarios conniventes".

Y en el tercero, empresarios que, sistemáticamente, "se concertaron con altos cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones Catdem y Fundació Forum Barcelona". Para acreditar "la connivencia entre unos y otros" el auto cita una conversación entre Gordó y un empresario Joan Manuel González Parra en la que el primero le dijo: "Cada vez que te presentes a alguna cosa, vienes a verme y yo hablaré con el secretario general correspondiente, con el departamento correspondiente".

Conexión íntima

Eso explica que el juez considere "esencial (...) la conexión íntima, estable, permanente y de amplio espectro, entre los empresarios y las autoridades del partido que iban realizando donaciones para conseguir ir posicionando a la empresa con el partido (o manteniendo la posición), para tener información privilegiada, influencias directas, y para conseguir el direccionamiento en su favor de las adjudicaciones ilícitas cuando correspondiera".

Así "subvertían el Estado de derecho y, mediante un intenso abuso de poder", usaban "las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo su financiación ilegal, acarreando un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio al propio erario público".

Mismo patrón

Tra realizar un análisis pormenorizado de las adjudicaciones, el magistrado destaca la relación temporal y causal existente entre los anuncios, las publicaciones de los concursos, las reuniones entre los imputados y la adjudicación del contrato de obra o servicio investigado, así como las consiguientes donaciones a las fundaciones vinculadas a CDC. La financiación del CDC a través de ellas llegó a alcanzar, entre los ejercicios 2008 y 2012, una media del 11,5% de la "financiación privada" del partido y un 7,7% en la financiación total.

Y detalla una exacta concatenación temporal entre los pagos y las, al menos, 31 adjudicaciones incluidas en el auto, porque las donaciones no están necesariamente vinculadas a adjudicaciones sino a mantener la buena relación con el partido y "situar o mantener a la empresa en posición de acreedor con vistas a futuras adjudicaciones". Esa operativa "permanece inalterable con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de las estructuras", incluso después de que estallase el 'caso Palau', en el que ya se condenó a Convergència, y cómo se mantiene "la influencia que ejercían los responsables de finanzas del partido con los funcionarios (...), pues todos ellos eran conscientes de las consecuencias que seguir o no las indicaciones del tesorero o responsable de finanzas o gerente del partido podría tener sobre las perspectivas futuras en su carrera profesional o política".

Infraestructures

En otro auto, de 146 páginas, el magistrado también concluye la pieza Infraestructures de la Generalitat respecto de 18 personas físicas por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En ella se ha investigado la adjudicación por parte de ese organismo público de determinados contratos, principalmente ingenierías, a cambio del pago de comisiones entre el 2008 y el 2015.

En concreto, el juez considera que ciertas empresas de ingeniería, en el entorno de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Catalunya (ASINCA) configuraron un cártel, al que denominaron "Nuria Bofill", para pactar los precios que utilizarían al concurrir a los concursos públicos licitados por ciertas Administraciones y empresas públicas. Así obtenían un contrato más beneficioso que aquél que habrían obtenido en condiciones de igualdad, es decir, si cada mercantil hubiese preparado su oferta de forma totalmente independiente y eliminaba la competencia entre ellos.

En ambos autos de pase a procedimiento abreviado, el magistrado de la Audiencia Nacional da un plazo de 30 días a la Fiscalía y a las partes acusadoras para que presenten sus escritos de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.