Un empresario confiesa una nueva trama de financiación ilegal de CDC

El empresario Joan Manuel Parra González ha remitido un escrito a un juzgado de Barcelona en el que confiesa haber cobrado trabajos realizados a la extinta Convergència Democràtica (CDC) en la campaña electoral del 2010 al Parlament a través de facturas giradas a una productora audiovisual que trabajó para TV3, según la documentación en poder de EL PERIÓDICO. El total: 750.000 euros. Como prueba de la presunta financiación ilegal del partido, ha aportado una grabación que contiene una conversación que mantuvo en octubre del 2011 con el exalto cargo del Govern y exdiputado de Junt pel Sí Germá Gordó.

El empresario ya fue condenado en enero del 2018 a ocho meses de prisión por la Audiencia de Barcelona por la financiación de CDC a través del Palau de la Música en la época que esta entidad cultural estaba presidida por Félix Millet. En el juicio, Parra reconoció que facturó a esta institución servicios prestados al partido, entre ellos parte de la campaña electoral al Congreso de los Diputados en el 2014 (más de 800.000 euros). Al admitir la comisión de un delito continuado de falsedad, el tribunal, a petición de la fiscalía, le aplicó la atenuante de confesión, diminución del daño y dilaciones indebidas. 

El propietario y administrador de las sociedades Hispart, Audiovisual Exit y Esterorent y que era proveedor habitual de servicios para ese partido ha tirado ahora otra vez de la manta y ha confesado prácticas similares en otros comicios, una actuación todavía no investigada por la justicia. Lo ha hecho en un proceso judicial donde está acusado junto con David Madí, el que fuera mano derecha de Artur Mas y exsecretario de comunicación del Gobierno catalán, por colaborar en una presunta trama de facturas falsas.

A principios del mes de julio, Parra presentó un escrito en el Juzgado Penal número 23 de Barcelona, que ha fijado para el próximo mes de septiembre el juicio contra él y Madí, en el que admite que tres empresas que administra no han prestado servicios a una productora de televisión a la que había girado y cobrado una serie de facturas, sino que esas labores las realizó “en realidad” para CDC en la campaña electoral del 2010. El empresario asegura que dicho partido le “forzó” para que utilizara ese sistema para poder percibir sus honorarios.

Conversación comprometedora

Para acreditar su versión, Parra entregó en el juzgado un cedé que contiene una supuesta conversación que mantuvo el 17 de octubre del 2011 en la entonces sede de CDC en la calle Còrsega de Barcelona con Germà Gordó, entonces secretario del Gobierno de la Generalitat. Ya comenzada esa reunión se sumaron a ella otros dos altos cargos del partido. El empresario sostiene que esta grabación prueba que los servicios no fueron prestados a la productora audiovisual, sino a la formación política, y las dificultades que tuvo para cobrar por sus trabajois.

Germà Gordó ha asegurado este miércoles a este diario que no tiene constancia de esa reunión. El exdiputado convergente y 'exconseller' de Justícia figura como imputado en la Audiencia Nacional por el ‘caso 3%’, en el que se investiga presuntos pagos de comisiones a CDC a cambio de obras públicas. El expolítico y abogado siempre ha negado su implicación en esas prácticas, aunque la Guardia Civil, en sus informes, lo sitúa como pieza importante.  

El propietario de Hispart, además, proporcionó al juzgado albaranes de las labores que hizo para Convergència en las elecciones del 2010, así como planos de distribución de actos de campaña del partido en esos comicios y un libro de fotografías titulado 'Entre babalinas' en el que Artur Mas le agradece su colaboración.

Incorporado a la causa

Días después de la entrega del escrito y de la documentación, el Juzgado Penal número 23 de Barcelona, que deberá celebrar el juicio contra Parra y Madí, acordó unir el escrito a la causa y tener “por hechas las manifestaciones contenidas en el mismo”. Sin embargo, al tratarse de papeles que se aportan como cuestión previa, decidió devolvérselos a Parra para que los entregue, como estipula la ley, al inicio de la vista oral de septiembre. De esta manera, serán sometidos a “contradicción” al resto de las partes personadas antes de decidir si acepta o no ese material.

Este trámite no invalida la posibilidad de que la fiscalía pudiera abrir una investigación independiente sobre la confesión realizada ahora por Parra o que algún juez, como el de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso 3%', pueda requerir al empresario que aporte tanto la conversación grabada a Gordó como el resto de documentación.