Gobierno y Generalitat intensifican los pactos

Detrás de los focos de la confrontación, la Generalitat y el Gobierno del PSOE mantienen la negociación y los acuerdos. Así se desprende de la información de la que dispone EL PERIÓDICO y que certifica que desde la reunión de la comisión bilateral enter ambos gobiernos el 1 de agosto del 2018, se ha evitado en siete ocasiones llevar la discrepancia competencial entre gobiernos al Tribunal Constitucional. En la vicepresidencia del Gobierno apuntan que "cuando se habla y hay cercanía, hay muchas cosas que se pueden evitar". Fuentes de JxCat conocedoras de estas negociaciones admiten que se han resuelto asuntos en los que hay sintonía ideológica entre el PSOE y Podemos y el votante medio catalán pero advierten de que siguen vivos algunos conflictos territoriales. 

Los acuerdos han corrido a cargo de la Subcomisión de Seguimiento, Prevención y Solución de conflictos que depende de la comisión bilateral. Son pactos de calado y que van desde leyes sociales en materia de vivienda y pobreza energética hasta la recuperación de las pagas extra de los funcionarios de la Generalitat, pasando por los planes de igualdad en las empresas o medidas para el sector agrario.

Los casos más significativos han sido el acuerdo respecto a la ley 24/2015 de medidas contra la pobreza energética y de medidas para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. La Generalitat y el Estado reinterpretaron los artículos conflictivos y casi toda la ley pudo seguir vigente dado que el Gobierno retiró el recurso al Tribunal Constitucional que había presentado el anterior ejecutivo del PP. También ocurrió respecto a la norma del 2016 para proteger el derecho a la vivienda de personas en riesgo de exclusión. Otro acuerdo consistió en la marcha atrás del Gobierno a la hora de llevar a la Generalitat al Constitucional respecto a la universalización de la asistencia sanitaria porque también el Estado la recuperó.

"Concluida la controversia"

Respecto un aspecto del aumento de retribuciones de los funcionarios para el 2019 y la recuperación parcial de su paga extra del 2013, ambos gobiernos acordaron en julio del pasado año que no se vulneraba el marco legal español. En septiembre del pasado año, tras un decreto del Gobierno para mejorar la competitividad en la industria, la Generalitat aceptó que la norma no vulnera las autorizaciones administrativas que competen a las autonomías. Y el pasado mes de enero los dos gobiernos también llegaron a acuerdos respecto a la ley catalana de espacios agrarios y las diferencias sobre un decreto del Gobierno en relación a medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres en materia de empleo. Estos acuerdos quedan certificados por escrito constatando ambas partes que queda "concuida la controversia planteada".

Las negociaciones siguen

En la actualidad, ambos gobiernos negocian determinados aspectos sobre emergencia climática y energías renovables, dado que la Generalitat ha cambiado las leyes de cambio climático y de urbanismo. El Ministerio de Política Territorial cree que algunos aspectos pueden lesionar el terreno del Estado.

Distintas interpretaciones

JxCat advierte de que persisten discrepancias, por ejemplo respecto al decreto digital aprobado por el Gobierno poco antes de las elecciones generales y que el Parlament ha acordado llevar al TC. Recuerdan también que el mismo Constitucional tumbó el pasado año aspectos de la ley catalana de cambio climático. "Con el PP el choque era ideológico y territorial, ahora tenemos el problema en cuestiones territoriales", resumen. Pero en el entorno de la vicepresidencia del Ejecutivo aseguran que incluso en los momentos más complicados, se ha seguido trabajando para destensar la situación y reducir la letigiosidad a través de la vía política. "Se está reconduciendo la situación. Lo vemos en movimientos como la abstención de ERC en la investidura y la puesta en marcha de la mesa como cauce de diálogo", defiende el Gobierno.