21 oct 2020

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RETIRADA DEL RECURSO ANTE EL TC

Catalunya recuperará parcialmente su ley antidesahucios

Generalitat y Gobierno central pactan la retirada del recurso que presentó el PP ante el Constitucional

El pacto también afecta a la normativa catalana de pobreza energética

Fidel Masreal / Juan Ruiz Sierra

La portavoz de la PAH, Lucía Delgado, durante la presentación del manifiesto de la ILP antidesahucios, la semana pasada.

La portavoz de la PAH, Lucía Delgado, durante la presentación del manifiesto de la ILP antidesahucios, la semana pasada. / ACN / NÚRIA JULIÀ

El Gobierno central y la Generalitat han cerrado un acuerdo para recuperar prácticamente todos los artículos de las leyes 24/2015 y la 4/2016, de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética, que actualmente están suspendidas cautelarmente por el TC después de que el Ejecutivo del PP las recurriera.

Así lo anunció este miércoles en el Parlament el 'conseller' de Territori y Sostenibilitat, Damià Calvet, que destacó que el acuerdo sellado para que el Gobierno desista de los recursos que en su día interpuso el equipo de Mariano Rajoy es fruto de semanas de trabajo por parte de los servicios jurídicos de ambas administraciones. "Como Govern de la Generalitat no hemos renunciado a nada, no hemos tocado ni una coma de las leyes. No es un tema de soberanía, es un tema de justicia social", defendió Calvet.

"Se ha alcanzado -precisó Calvet- un acuerdo interpretativo para recuperar la capacidad para obtener las mediación voluntaria en el caso de los desahucios y el realojo obligatorio por parte de los grandes tenedores de viviendas", afirmó el titular de Territori.

Por ahora, el Gobierno mantendrá los recursos contra los artículos 1 y 2 de la ley 24/2015, así como contra la disposición transitoria primera, que hacen referencia a subrogaciones de hipotecas y daciones en pago porque considera que vulneran competencias del Estado. "El Gobierno central mantiene el recurso en dos cuestiones:  la subrogación de las hipotecas y la dación en pago, pero nosotros insistimos en que ambos puntos deberían ser retirado también en estos dos ámbitos, pero damos por buena la capacidad en realojo, mediación y también en usufructo", señaló Calvet. 

Surgida de una ILP

La ley 4/2016 es un simple ajuste de la ley 24/2015 -surgida a partir de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)- que la Generalitat impulsó después de que la primera norma quedara en suspenso por el recurso que había presentado el Gobierno.

Lo que sí que se ha resuelto han sido las discrepancias que existían con relación a la expropiación de viviendas a entidades financieras y grandes tenedores en pleno procedimiento de desahucio, una medida que el TC ya ha resuelto que es inconstitucional en siete ocasiones.

El "acuerdo interpretativo" al que hizo referencia el 'conseller' permite reformular esta medida siguiendo el ejemplo de redactado que han usado para garantizar el mismo derecho otras comunidades autónomas, como Baleares.

El acuerdo formal lo tomará en las "próximas semanas" la subcomisión bilateral, después se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), y finalmente se elevará al Consejo de Ministros, que aprobará el desistimiento de los recursos de inconstitucionalidad.

Calvet subrayó que con el desistimiento de los recursos de inconstitucionalidad Catalunya se asegura instrumentos para salvaguardar el derecho a la vivienda como la mediación, el realojamiento obligatorio y la expropiación a grandes tenedores.

Satisfacción en Madrid

Fuentes del Ministerio de Política Territorial indicaron su satisfacción porque la Generalitat "haya aceptado la propuesta del Gobierno" a este respecto y que se haya podido alcanzar "un acuerdo interpretativo". Las mismas fuentes celebraron el hecho de que el "diálogo y la negociación" haya dado sus frutos en este asunto.

"Celebramos que la Generalitat haya aceptado la propuesta del gobierno y nos felicitamos por el acuerdo", señalaron a este diario. "Estamos satisfechos porque esto demuestra que con el diálogo y la negociación es posible llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos. Además, el acuerdo alcanzado tiene pleno respeto al ordenamiento jurídico", subrayaron.