PSOE y ERC siguen encallados con la investidura tras otra reunión

Ambos partidos no logran limar los flecos de la mesa entre gobiernos

La Junta Electoral puede complicar el pacto si inhabilita a Torra el viernes

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, y el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, antes de su reunión en el Congreso para la investidura de Pedro Sánchez, el martes pasado.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, y el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, antes de su reunión en el Congreso para la investidura de Pedro Sánchez, el martes pasado. / PSOE

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Xabi Barrena / Juan Ruiz Sierra / Miguel Ángel Rodríguez

Los equipos negociadores del PSOE y de ERC para alumbrar la investidura de Pedro Sánchez se vieron de nuevo las caras este viernes en Madrid tras más de 15 días de meros contactos telemáticos. En concreto, desde la doble cumbre en la Zona Franca de Barcelona. En uno de esos días en que se esperaba, en vano, que la Abogacía del Estado diera a conocer su posición sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que concede inmunidad a Oriol Junqueras, ambos partidos trataron de resolver esos "flecos" pendientes a los que la número dos extramuros de ERC, Marta Vilalta, aludió el pasado lunes. "Sin avances relevantes", apuntaron sin ningún entusiasmo los republicanos al término de la reunión.

El pasado día 19, tras conocerse la sentencia de la justicia europea, ERC detuvo, al menos públicamente, las conversaciones con los socialistas hasta que Abogacía del Estado se pronunciara. Con todo, durante el fin de semana, el PSOE hizo llegar a sus interlocutores republicanos su última propuesta sobre cómo debía ser la mesa de negociación entre gobiernos, cuyos trabajos deben de iniciarse tras la investidura. Esta oferta, en palabras de destacados miembros de Esquerra estaba "bien orientada", aunque "no convencía del todo". Estos son los flecos que se abordaron ayer en Madrid, y las diferencias entre ambos se mantienen.

Todo va con retraso. La dilación de la Abogacía del Estado ha hecho que la siguiente franja temporal plausible para la investidura sea la que va del 2 al 5 de enero, víspera de Reyes, pero el Ejecutivo ya no se atreve a dar plazos. Solo insiste en que quiere que la investidura sea "cuanto antes", mientras en paralelo presiona a sus socios potenciales supeditando la subida de las pensiones, del salario mínimo y del sueldo de los funcionarios a la formación del nuevo Gobierno.

Difícil equilibrio

Tras el fallo del TJUE, el Ejecutivo señaló que la Abogacía iba a presentar su escrito con "presteza", pero las dificultades de conjugar el gesto a Esquerra con la necesidad de no cuestionar la sentencia del Supremo, que condenó al líder de ERC a 13 años de cárcel, han provocado que todo se retrase.

Las previsiones del Gobierno pasan ahora que la institución que defiende los intereses del Estado eleve su informe el próximo lunes, 30 de diciembre. "Si la Abogacía presenta el escrito el lunes, daría tiempo físico para una investidura lo antes posible. Pero prefiero no decirles fecha", explicó ayer, tras el Consejo de MinistrosIsabel Celaá, portavoz del Ejecutivo. Celaá ponía así todas las salvaguardas sobre un posible debate en el Congreso que culminaría en una segunda votación el 5 de enero, con el centro de Madrid colapsado por la Cabalgata de los Reyes Magos.

Aunque la Abogacía dé el paso el día 30, las fechas se presentan muy ajustadas. Tras avalar el dictamen, Esquerra tendría que cerrar el pacto con el PSOE y este debería ser aprobado por el consejo nacional de ERC y la ejecutiva socialista, además de que el PSOE tendría que presentar su alianza con Iglesias, de la que se desconoce casi todo.

Trabas logísticas

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Y la presidenta del Congreso habría de convocar el pleno. Fuentes parlamentarias estiman que debería hacerlo al menos con 48 horas de antelación, pues hay que reunir a 350 diputados procedentes de toda España, con la dificultad de los desplazamientos en estas fechas. Así que si Batet no envía la convocatoria el 31 de diciembre, Sánchez tendrá que esperar hasta después de Navidad.

Pero a este camino se le añadió ayer lo que podría significar un nuevo escollo. El PP solicitó a la Junta Electoral Central que retire ya la credencial de diputado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, pese a no estar aún inhabilitado en firme, y que informe al Parlamento Europeo de la pérdida de condición de diputado de Junqueras tras su condena por el Supremo, a fin de evitar que pueda salir de la cárcel. El organismo deliberará el viernes 3 de enero. A nadie se le escapa que un revés para Torra o Junqueras podría dar al traste con todas la negociación.